El fiscal Andrés Arriola manifestó a Radio Monumental que hace unos días iniciaron las diligencias para investigar la quema de pastizales en dos estancias de la zona de Bahía Negra.

Según se presume, estas actividades habrían derivado en la aparición de nuevos focos de incendio, los cuales debido al calor y las fuertes ráfagas de viento fueron diseminándose hasta salirse de control y abarcar un terreno mucho más amplio.

Los establecimientos que actualmente están siendo investigados son San Miguel y São João. De acuerdo al agente fiscal, en ambos lugares se encontró en flagrancia a los trabajadores mientras procedían a realizar la quema de pasturas, por ello decidió hacerles una advertencia formal.

Los representantes de las dos estancias no contaban con el permiso municipal correspondiente, lo cual indica que llevaron a cabo esta tarea al margen de la ley.

De acuerdo a datos del Instituto Forestal Nacional (Infona), en total serían 15 los establecimientos ganaderos en donde se originaron los focos de incendio y que también podrían tener responsabilidad en hechos similares, indicó.

De momento, la investigación está enfocada en determinar si es que las llamas se iniciaron de forma accidental o si fueron provocadas intencionalmente, tarea que queda a cargo de los técnicos de la Fiscalía y los bomberos voluntarios. En caso de que se confirme lo segundo, se buscará identificar a los responsables directos.

“Todos los años se realiza camufladamente (la quema de pasturas) porque es más barato para ellos quemar el campo que limpiar con maquinarias, pero este año se vino una seca muy grande y también el viento fuerte que empezó el fuego hacia Bolivia. Si bien existieron algunas quemas accidentales, tenemos indicios de que en otros establecimientos aprovecharon de eso para iniciar el fuego”, refirió.

Aquellas personas que sean responsables de provocar incendios de bosques se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 5 años, mientras que quienes sean descubiertos directamente talando árboles sin autorización están expuestos a una pena de entre 3 a 8 años de cárcel, mencionó Arriola.

LEY ESTABLECE QUEMAS CONTROLADAS

De acuerdo a la Ley N° 4014/10 “De prevención y control de incendios”, la única forma de quema autorizada es la “quema prescripta”, consistente en la técnica de encendido efectuada bajo condiciones tales que permiten suponer que el fuego se mantendrá dentro de un área determinada.

Los municipios locales tienen la potestad de otorgar las autorizaciones para este tipo de actividades, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos relacionados a la velocidad del viento, la temperatura del aire y el nivel de humedad, así como el periodo del año establecido para quemas, las horas de inicio y la cantidad de personas mínimas provistas de elementos para iniciar la ignición, entre otros.

La ley prevé multas que van de 100 a 2.000 jornales mínimos para quienes incumplan con esta disposición, con posibilidad de que el caso llegue a instancias del Ministerio Público si se llegara a determinar que se trata de un delito ambiental.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.