En entrevista con Radio Monumental, la abogada Cecilia Pérez, quien ayer fue confirmada como nueva viceministra de Política Criminal en reemplazo de María Alejandra Peralta, señaló que al momento de recibir la invitación de parte del ministro de Justicia, Eber Ovelar, para volver a formar parte de dicha cartera el principal pedido que le hizo fue “que le permita trabajar”.

“Yo le dije que necesitaba trabajar en cuestiones concretas, en proyectos. Este ministerio se incendia y aparte de eso tiene un problema de las cuestiones urgentes que se deben ver sobre las cuestiones importantes. Yo necesitaba saber si iba a tener la libertad de trabajar en las cuestiones técnicas porque acá hay que tomar medidas urgentes”, indicó.

Entre algunos de los aspectos que a su criterio deben ser revisados de manera pronta se encuentran las condiciones administrativas que hay dentro del sistema penitenciario, dado que existe una necesidad urgente de paliar el poco personal operativo en las cárceles.

Respecto a este mismo tema, mencionó que uno de los principales problemas tiene que ver con la corrupción imperante. Por ello, considera oportuno empezar un proceso de depuración y luego de eso equiparar los espacios que van quedando libres, pero ya sin meter a operadores políticos o amigos en los diversos cupos.

“No estamos para hacer compensaciones para los amigos en este ministerio y en estas condiciones, esa fue una condición que pedí (al ministro de Justicia)”, afirmó Pérez a la 1080 AM.

La misma aseguró que se deben tomar medidas a corto y mediano plazo para hacer una contención en todo lo referente al ámbito, aunque también habló sobre proyectar una inversión a largo plazo y dentro de eso impulsar nuevamente la ansiada Reforma Penitenciaria.

Otro de los puntos sobre los que planea enfocarse es en el proyecto de “Instituto de Formación Penitenciaria” cuyo esquema ya había sido diseñado cuando ocupó el cargo de viceministra de Política Criminal durante el gobierno anterior.

En el mismo orden de cosas, habló sobre la necesidad de construir más cárceles, sobre todo porque actualmente se registra una escalada de comisión de hechos punibles y cada vez más personas necesitan ser derivadas a centros penitenciarios para guardar reclusión.

Pérez también se refirió sobre el estado en el que se encuentra la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y sostuvo que “es todo lo que no tiene que ser un centro penitenciario” debido a las múltiples deficiencias por las que atraviesa hoy día, principalmente por el hacinamiento y la superpoblación.

A su criterio, “tarde o temprano” tanto la cárcel de Tacumbú como la del Buen Pastor deberían ser clausuradas de manera definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la mala ubicación geográfica de ambos presidios. “Los centros penitenciarios naturalmente no están en medio de la ciudad, si hay un episodio en el penal puede afectar a toda la zona. Hay ciertas medidas de seguridad extrema que son difíciles de aplicar si estamos en un barrio populoso, especialmente los bloqueadores de celulares, son aparatos muy caros y si uno pone en Tacumbú o el Buen Pastor anula toda la señal de la zona y el vecino no tiene por qué verse afectado”.

La viceministra indicó que hace unos años atrás ya se había hecho una tasación para determinar cuánto podría valer el inmueble de la cárcel de mujeres ubicada en el cruce de Mariscal López y Defensores del Chaco, además de un estudio para calcular cuál era el valor histórico del sitio.

En este caso, el plan contemplaba que el dinero recaudado con una eventual venta de la propiedad pueda ser utilizado para construir una nueva cárcel para mujeres, acorde a las exigencias y necesidades específicas de este sector de la población penitenciaria.

El gobernador de Ñeembucú, Victor Hugo Forneron, junto con el diputado Diosnel Aguilera y el intendente de Pilar, Fernando Ramírez, se reunieron en Valle Apu’á, compañía de Pilar, con los pobladores del sector para escuchar los reclamos y preocupaciones. Como medida inicial, se enviará una retroexcavadora para abordar algunos trabajos y manejar el flujo de agua, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

El Ing. Pedro Cantero, responsable del MOPC en Ñeembucú, anunció que se reforzarán los trabajos con maquinaria proveniente de la capital para mejorar los caminos, lo cual se llevará a cabo el próximo lunes. Además, se colocarán tubos de hormigón en puntos específicos. Las autoridades enfatizaron la importancia de obtener los permisos correspondientes de los propietarios de establecimientos ganaderos y privados para permitir el acceso de las maquinarias municipales, departamentales y del MOPC sin inconvenientes.

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Hasta el 3 de mayo, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y autoridades de la Gobernación de Ñeembucú distribuyeron cerca de 3.000 kits de alimentos de 25 kilos cada uno, brindando asistencia vital a 2.715 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En Pilar, se brindó ayuda a 510 familias, en Tacuaras a 649 familias, en Guazucuá a 575 familias, y en San Juan de Ñeembucú a 961 familias. Además, se prestó atención específica a grupos vulnerables como la comisión de chatarreros y la comisión de yuyeros ambulantes.

Los datos preliminares de la Secretaría Departamental de Gestión y Riesgos resaltan la magnitud de las lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú en los primeros cuatro meses del año. Distritos como Guazucuá y Tacuaras experimentaron niveles alarmantes de precipitación, alcanzando el 76% y el 60%, respectivamente, de la media anual de lluvias. En Pilar, la situación no es menos preocupante, con el registro del 45,3% de la media anual en tan solo cuatro meses.

Natalia López, estudiante de la UNA en la Facultad de Ciencias Sociales, explicó que este grupo y los demás participantes de la mesa se mantienen en dos puntos: la derogación de la ley Hambre Cero y la creación de otro proyecto que garantice explícitamente la cobertura de los programas que eran financiados por el Fonacide.

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“El ministro sigue con la negativa, dice que no es necesario un nuevo proyecto porque los programas no quedaron desfinanciados”, comentó la universitaria, en un contacto con la emisora Universo 970 AM –Nación Media.

Las demás facultades continúan abiertas a las conversaciones con el Ejecutivo, a la espera de una propuesta que satisfaga sus reivindicaciones.

Desde su inicio, la mesa entre el Gobierno y los universitarios se desarrolló en dos ocasiones, sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo.

El cuestionamiento inicial de los estudiantes era el desfinanciamiento del Arancel Cero en las universidades, tras lo cual, se redactó taxativamente un artículo que estableció el blindaje de los fondos para este menester.

Posteriormente, los jóvenes pidieron directamente la derogación de la ley Hambre Cero y la creación de otro proyecto que contemple específicamente la cobertura de todos los programas que dependían del Fonacide, ley que fue derogada con la legislación de Hambre Cero.

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En la tarde del jueves se concretó la detención de un delincuente en la zona del Km 10 lado Acaray de Ciudad del Este, a unos 5.000 metros de la Ruta PY02.

Se trata de un adolescente de 17 años, quien fue sindicado como uno de los autores del robo al Colegio San Antonio de Padua, perpetrado en la noche anterior.

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Este joven en su momento fue alumno de la citada institución educativa, menciona el informe de CDE Hot, lo cual hace presumir que tenía conocimiento sobre los objetos de valor que había en su interior.

En poder del detenido incautaron varios de los artículos que habían sido hurtados del colegio, incluyendo seis notebooks, un equipo de sonido, dos micrófonos y un televisor de 32 pulgadas.

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Tras ingresar por el techo, este malviviente y su cómplice violentaron la ventana y posteriormente la puerta de acceso ubicada en la parte posterior de la dirección, a fin de concretar su golpe.

En total se llevaron 19 notebooks de la marca HP y 5 computadoras de escritorio, además de los objetos ya recuperados y la suma G. 250.000 en efectivo, de acuerdo al reporte policial.