“Se planteó la unificación de criterios de la bancada, manteniendo la identidad de ambos movimientos, acompañar las gestiones de gobierno y dar al presidente Mario Abdo la seguridad y la certeza que va a tener gobernabilidad”, dijo el líder de los colorados cartistas en Diputados, ‘Bachi’ Núñez.

A su vez, su colega Pedro Alliana, titular del Partido Colorado, insistió que se debe mirar para adelante, para dar estabilidad al Gobierno y conseguir la reactivación de la economía.

Ambos coincidieron que en este momento el enjuciamiento del Poder Ejecutivo es un punto finiquitado, no obstante, esto podría de vuelta cambiar si la Comisión Bicameral arroja nuevos resultados tras investigar el pacto secreto con el Brasil.

“Hoy damos certificado de defunción al juicio político. Si más adelante hay nuevos hechos, se podría investigar”, acotó Alliana.

El congresista cartista afirmó que desde su sector no quieren ser partes del gobierno, sino que abogan por la reivindicación de los funcionarios sacados de sus puestos de trabajo. “No hay pedido de ningún tipo, de impunidad, de salvar a alguien, o cargos”, remarcó.

En otro momento se refirió a la posibilidad de que Horacio Cartes logre ingresar al Senado como legislador. “El expresidente Cartes no está interesado en jurar, pero nosotros queremos que asuman sus cargos en el Senado los electos y proclamados. Tenemos tres casos: dos colorados y un liberal (que no deben estar)”, lanzó.

La oposición quiere aprovechar la crisis política para entrar por la ventana, esgrimió Alliana respecto al planteamiento de juicio político que hace fuertemente el Partido Liberal, acompañado del Frente Guasu y otros bloques minoritarios. “Otro partido político no nos va a marcar la agenda. El Partido Colorado va a definir cómo y cuándo se tratará el juicio político. Tenemos mayoría y estamos en función de gobierno”, añadió.

Por otra parte dijo que Cartes y Abdo podrían reunirse en el aniversario de la fundación de la ANR o día de la Juventud. “Hoy ambos están en constante comunicación vía telefónica”, indicó.

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“Horacio Cartes no está interesado en jurar como senador”, diputado Pedro Alliana.
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— GEN (@SomosGEN) August 16, 2019

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.