Hierbert Giesbreht (43) fue el colono que decidió recurrir a la fiscalía para denunciar a los extorsionadores.

Fue así que montaron una entrega vigilada de 30 millones de guaraníes, y fue un ciudadano de nombre Edgard Ayala Mendoza (27) quien concurrió para el cobro.

Fue en ese momento que la policía lo detuvo con las evidencias en mano. Ocurrió el domingo último, pero el caso fue dado a conocer hoy.

El detenido concurrió invocando a una mujer de nombre Norita Mendoza, que era una de las que monitoreaban a las potenciales víctimas, luego les ofrecía las mujeres, para después proceder a la extorsión.

Conforme explicaron los intervinientes a periodistas, hubo muchos casos de colonos menonitas que cayeron en las trampas tendidas por los proxenetas.

Pero debido a la gravedad de la situación, evitaron recurrir a la policía o al ministerio Público. Las sumas de dinero para negociar la no denuncia a los colonos, eran altas. Algunos en la desesperación no solamente entregaban gruesas sumas de plata, sino también vehículos y otros bienes.

Una empleada de Vox, de nombre Carolina Alvarenga, este jueves decidió realizar una inusual medida de protesta ante la falta de pago de salarios.

La funcionaria, quien cuenta con 23 años de antigüedad en la empresa estatal, tomó la determinación de subir a una antena para dar visibilidad a su reclamo.

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La misma denuncia que hasta el momento aún no ha percibido el salario correspondiente a abril y mayo, situación por la que también atraviesan sus demás colegas.

Esta problemática sobreviene de la delicada situación financiera por la que atraviesa Copaco, propietaria de las acciones de la empresa Vox desde el año 2010 y que posee “saldo rojo” desde hace bastante tiempo.

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Alvarenga cuestionó duramente a las anteriores administraciones de la telefónica estatal, acusándolas de “enriquecerse a costa de la empresa” y perjudicar a los trabajadores, que ahora están sin cobrar sus haberes.

Los funcionarios de Vox están esperanzados en que el conflicto tenga una pronta resolución, pese a que el panorama actual no es para nada alentador ante la prolongada crisis financiera de la firma.

La agente fiscal Viviana Llano, de la Fiscalía Zonal de Villeta, presentó imputación contra Gustavo Joaquín Báez Cabrera, de 33 años, quien había denunciado que un grupo de asaltantes le interceptó sobre la Ruta PY19, a la altura del km 5, lo maniataron y lo llevaron a una zona boscosa, donde lo retuvieron durante tres días y luego lo liberaron en la ciudad de J. Augusto Saldívar.

Lo que levantó sospechas sobre su historia, de por sí poco creíble, es que se constató que el chofer había formulado la misma denuncia en otra comisaría, en marzo del año pasado, en la 10ª Central de Mariano Roque Alonso.

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El camión supuestamente robado es de la marca Volvo, modelo F-12, de color amarillo. A partir de su última denuncia, y al ser interrogado, comenzó a caer en contradicciones, y por orden de la fiscal Llano, se dispuso la detención del chofer, y se pudo ubicar el camión, a unos 3 kilómetros de la Comisaría nº 51, Central.

El imputado también está implicado en una reducción por compra de granos en una causa abierta aproximadamente en agosto del año pasado.

Ya han transcurrido 8 meses desde la internación de Siara Arami Martínez, una niña de 8 años que ingresó al Hospital Regional de Encarnación luego de sufrir una fractura en el brazo izquierdo.

Los padres denuncian una presunta mala praxis y negligencia médica por parte de profesionales del nosocomio, ya que la menor ingresó por una simple fractura y acabó internada en terapia intensiva.

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Romina Ramírez, madre de Siara, explicó en entrevista con el canal GEN que prácticamente viven en el hospital desde el pasado mes de octubre cuando habían llevado a la niña, ya que deben estar al pendiente de ella en todo momento.

“Estamos sin trabajo, no estamos pagando más nuestro terreno, la ANDE y el agua. Es muy difícil todo”, afirmó la mujer, quien debe turnarse con su esposo para hacer las guardias y permanecer en el albergue, a la espera de novedades.

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La niña tuvo secuelas neurológicas tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y los médicos le dijeron que, de momento, lo único que les queda es aguardar una mejoría. “Estamos esperando un milagro de Dios para que ella reaccione”, sostuvo Ramírez.

La madre cuestionó a su vez la falta de interés y empatía de varios médicos y enfermeras, al tiempo de pedir a la ministra de Salud Pública que pueda ordenar una intervención en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de algunas irregularidades que logró constatar durante su estadía.