Tras un acto en que hubo serenata organizado por Mamá Cultiva donde fueron repartidos plantines, el viceministro de la Senad, Carlos Arce, solicitó la imputación y prisión por 20 años para los organizadores lo que fue tomado como una acción de persecución de la fuerza pública y el desconocimiento del nuevo status jurídico vigente respecto al cannabis medicinal, señala el comunicado de la organización.

Esta mañana, sus representantes fueron invitados por el Ministerio Público para una reunión en la que la institución comunicará su postura.

Desde Mamá Cultiva realizaron un recuento desde la promulgación de la ley 6007/17, que fue sancionada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso y con la que el Estado se comprometió a “garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta de cannabis a toda persona que se incorpore al Programa” a través de un Registro Nacional Obligatorio de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis.

“Lamentamos las mentiras del Sr. Arce ante la indiferencia de la Senad frente a nuestros reiterados pedidos de audiencia para aportar nuestras propuestas sin recibir ninguna respuesta en meses. Sin embargo, leemos indignados al Ministro Giuzzio afirmar que pronto se tendrá listo el protocolo de fiscalización de cultivos, a pedido de varias empresas interesadas en la comercialización de esta medicina según los elevados precios del mercado”, señalan.

Mientras, denuncian que se reparten las licencias privadas a puertas cerradas lo que obliga a recurrir al microtráfico para acceder a extractos cuya composición desconocen, exponiendo la seguridad personal y la salud de quienes la utilizan.

Ante el conflicto, la organización propone una política pública concebida de manera participativa e integral que incluya, en carácter de urgencia, el equipar un laboratorio público para que se encargue de proveer gratuitamente el aceite y demás derivados, así como garantiza la ley 6007/17.

Que se incluya inmediatamente el autocultivo a los cultivos solidarios dentro de los protocolos de fiscalización de la Senad, para lo que informaremos sobre el proyecto en marcha del mayor cultivo de cannabis medicinal gratuito de América Latina con 10.000 plantas de genética selectiva, bajo los mismos parámetros impuestos a las licencias privadas.

Explicaron que las 1000 plantas repartidas durante la serenata fueron denunciadas ante la Fiscalía Zonal de Luque el pasado 2 de mayo, localizando la finca en la que fueron producidas y sin ninguna intervención del fiscal Eduardo Royg, encargado de la unidad correspondiente.

También proponen descentralizar el desarrollo de cultivos, priorizando a la agricultura familiar campesina por encima de los intereses corporativos y para ello cuentan con el apoyo de autoridades electas en el Departamento de San Pedro, una zona castigada, afirman, por los cultivos ilegales que benefician no solo a los traficantes sino a las autoridades cómplices de la expansión de esta actividad sin ninguna alternativa de desarrollo real para sus familias.

La socialización de este proceso es posible a través de una campaña en al que se informe a la población en general respecto a los beneficios del aceite de cannabis para paliar más de 45 enfermedades crónicas, incluido el cáncer, sobre su derecho al acceso gratuito a esta medicina y, sobre la transparencia y apertura en al redacción de las normas.

Solicitan la convocatoria a una mesa de trabajo donde abiertamente se pueda debatir de manera transversal las oportunidades que otorga el rubro.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.