Los pacientes con obesidad que siguen tratamiento con indicación de someterse a una cirugía bariátrica y aquellos que ya pasaron por el quirófano tienen la posibilidad de participar del grupo de autoayuda en la Unidad de Atención Integral de Tratamiento de la Obesidad del Hospital de Clínicas.

“Estos grupos son de autoayuda, donde se le invita a todos los pacientes que estén con ganas de hacerse la cirugía bariátrica o aquellos que ya se realizaron; en estos encuentros siempre hay un profesional que actúa de moderador pero también los pacientes tienen la oportunidad de compartir sus experiencias sobre sus situaciones y condiciones; el pre y post operatorio, la alimentación, las sensaciones y emociones de cada uno”, señaló la Licenciada Rocío Argüello, Nutricionista de la Unidad.

La Unidad de Obesidad está compuesta por un equipo multidisciplinario de nutricionistas, clínicos, endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, encargado cada uno de un tema especial de acuerdo a su área de modo a recibir una evaluación completa y sobre todo buscando la mejor alternativa para los pacientes.

La obesidad a nivel mundial y en Paraguay aumenta cada vez más su prevalencia y que las causas que la producen son multifactoriales, como la realidad de que hoy en día, las personas no se alimentan como corresponde, sea por el horario de trabajo y por los altos costos de los alimentos beneficiosos para el organismo, es decir los considerados saludables; por lo cual la mayoría opta por las comidas rápidas, saturadas de grasas y azucares que influyen en el desarrollo creciente de la obesidad.

El servicio funciona en el 4º piso del Bloque de Internados; los interesados pueden recurrir directamente a agendar turno en la Secretaría de lunes a viernes de 6:00 a 12:00 horas, donde además ya se les proporciona una orden de estudios y análisis, de modo a que la personas acuda con sus estudios para la evaluación.

El Ministerio Público, a través del fiscal anticorrupción Diego Arzamendia, peticionó que la Cámara de Apelaciones anule la decisión del tribunal.

Cabe recordar que los caseros Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, en junio de 2021. Se confirmó que estos acusados prestaron servicios en las propiedades del exdiputado Tomás Rivas en 2017 y cobraban salarios asignados por la Cámara Baja.

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Los antecedentes del caso señalan que el tribunal presidido por la jueza Laura Ocampos e integrado por los magistrados Juan Pablo Mendoza y Fabián Weisensee fallaron a favor del político de Ybycuí teniendo en cuenta lo que establece el Artículo 25 inciso 10 del Código Procesal Penal e hizo lugar a la extinción de la acción penal.

El fiscal Arzamendia tomó intervención debido a que la defensa de Rivas recusó al fiscal original de la causa, Luis Piñanez. El Ministerio Público sostiene que los tres magistrados incurrieron en una errónea aplicación del Art. 25 inc. 10 del CPP, dado que no hubo acuerdo ni consentimiento de la Fiscalía para la reparación económica.

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Los tres magistrados unánimemente admitieron el pago de G. 121.800.000 a la Cámara de Diputados, en concepto de devolución del dinero que cobraron en forma irregular tres caseros de Rivas, quienes supuestamente trabajaban en la Cámara Baja, pero no cumplían funciones en la sede parlamentaria, sino en la casa del exlegislador.

Asimismo, el tribunal dispuso el pago de G. 47.000.000, el año pasado, por parte de Rivas, a través de la Contraloría General de la República, para la reparación de escuelas ubicadas en barrios pobres.

El fiscal de Curuguaty, Christian Roig, imputó por intento de feminicidio a un hombre luego de agredir físicamente a su pareja, asimismo, abrió una carpeta fiscal para investigar el hecho.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado, Alejandro Ruiz Díaz Villar, de 36 años, quien ya fue aprehendido.

Los hechos se registraron el pasado 1 de mayo de 2024, en horas de la madrugada, y el Ministerio Público fue informado a través de una llamada telefónica realizada por un médico de guardia del Instituto de Previsión Social de Curuguaty, resultando víctima Delia Torres, quien llegó al centro médico con lesiones graves.

El reporte de los médicos refiere que la víctima llegó en estado inconsciente, con traumatismo de cráneo grave, fracturas a nivel de la clavícula y golpes de consideración a la altura del rostro. La mujer, debido a su estado de salud grave, tuvo que ser trasladada hasta el IPS de Asunción.

Los datos que se manejan señalan que después del hecho, al percatarse de la gravedad de la situación de la mujer, el supuesto agresor la llevó al centro médico local. Luego fue aprehendido por los agentes policiales de la comisaría 5.ª de Curuguaty, quedando a disposición del Ministerio Público.

Mónica Aquino, titular del gremio que aglutina a dicho ítem de prestaciones de ese tipo de servicios, expreso que los asociados a la nucleación, no tienen ninguna relación ni tipo de conexión alguna con explotaciones de esa naturaleza.

La dirigente sectorial remarcó que desde la agrupación, manejan proyectos para mejorar la situación de las trabajadoras del ámbito, a efecto de elevar reivindicaciones.

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En Paraguay el ejercicio de la prostitución no tiene prohibición alguna en el aspecto de la legislación. La Constitución en su artículo 86 establece el derecho a ejercer una actividad legal como medio de ingreso. Al no haber prohibición legal, se entiende que está permitido. No es ese el caso del proxenetismo, entendido esto como acción por el que una persona obliga o induce a otra a ejercer servicio sexual para fines personales del que infringe la ley.

El articulo 133 del Código Penal paraguayo establece penas a los que explotan a personas bajo la figura de proxenetismo.

El tema de aumento de casos de a trata de personas, salta ahora de vuelta al tapete tras conocerse informes provenientes de España, que señalan la residencia de miles de paraguayas en el país europeo, que se dedican a la prostitución, obligadas por bandas criminales.