Efe fue testigo de varias detonaciones en la avenida Fuerzas Armadas de la capital venezolana, donde un centenar de manifestantes protestaron durante horas pidiendo el regreso de la energía y, con ello, del suministro de agua potable y de los servicios de telefonía e internet.

En el oeste de la capital venezolana, un territorio considerado bastión del chavismo gobernante, se produjeron desde la mañana numerosas concentraciones de ciudadanos que pedían la restitución del fluido eléctrico luego de que anoche se registrara otro de los apagones nacionales que iniciaron el lunes.

Las cercanías del palacio presidencial de Miraflores, custodiadas por decenas de agentes y tanquetas de la Guardia, fueron tomadas casi en su totalidad por una veintena de protestas en las que los vecinos cortaron las vías, armaron barricadas y corearon consignas antigubernamentales.

En estas manifestaciones los ciudadanos mostraron recipientes vacíos para denunciar que el agua no corre por las tuberías de sus hogares desde hace tres, cinco u ocho días.

Si bien claman por soluciones, muchos de ellos no están dispuestos a aceptar paliativos como la distribución de agua a través de camiones cisternas que el Gobierno ha desplegado dentro de su plan de contingencia mientras reactiva el bombeo del líquido hacia todas las comunidades.

Ese fue el caso del centenar de manifestantes que cortó las vías de entrada a la emblemática barriada del 23 de Enero, ubicada detrás de la sede del Ejecutivo y donde reposan los restos del fallecido presidente Hugo Chávez.

Al grito de “no quiero cisterna, quiero agua de chorro”, la muchedumbre ahuyentó a los dos vehículos que llegaron a la zona para distribuir agua, y uno de ellos fue tomado por otro grupo de manifestantes que, unos metros más hacia el este, se abalanzó para llenar sus bidones.

El conductor de esa cisterna, que pidió conservar el anonimato, dijo a Efe que su destino inicial era el hospital Pérez Carreño, pero que recibió una orden telefónica indicándole que se desviara hacia esa zona para intentar apaciguar las protestas.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, indicó al canal estatal VTV que ha habido “algunas dificultades” con el suministro de agua en algunos hospitales que están siendo atendidas por el Ejecutivo dentro de un plan de contingencia.

Aseguró que áreas críticas de los nosocomios como las salas de emergencia, unidades de diálisis y quirófanos se han mantenido operativos.

Además, la ministra de Atención de Aguas, Evelyn Vásquez, informó que el Gobierno ya inició la energización de los sistemas de producción de agua potable del país para comenzar con bombeo progresivo hacia las comunidades.

Mientras esperan esas soluciones, los caraqueños llenaron la ciudad de reclamos y se reconocieron en parte alentados por el llamamiento a protestar que hiciera el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unas 60 naciones.

El también jefe del Parlamento pidió a los venezolanos mostrar el rechazo a los apagones causadas, según él, por el “régimen usurpador” de Nicolás Maduro.

“Es el momento de protestar organizados, para así proteger a nuestros vecinos y proteger a nuestro país (…) ¡Que nadie se quede en su casa! La dictadura nos quiere apaciguados. No pudieron con la electricidad, ni con el agua y ni con la economía”, indicó Guaidó en la red social Twitter.

El político llamó además a las Fuerzas Armadas a proteger a los manifestantes de los llamados “colectivos”, como se conoce a los grupos de civiles a veces armados que son leales al chavismo y que, según medios locales, actuaron hoy para amedrentar a opositores en las protestas.

La versión oficial del vaivén de la energía responsabiliza a la oposición venezolana y a la Administración de Estados Unidos por “atacar” el sistema eléctrico desde el día 7 con métodos electromagnéticos, mecánicos, fusil de larga distancia e incendios.

El Gobierno implementará desde mañana una jornada laboral reducida hasta las 2 de la tarde y ha suspendido por onceava ocasión en el mes las actividades escolares mientras atiende los “daños de consideración” que sufre el sistema eléctrico del país como consecuencia de los “ataques terroristas”, que, asegura, ha sufrido. EFE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.