Claves de la inhabilitación de la opositora venezolana Machado

El fallo que mantiene la inhabilitación por 15 años de la opositora venezolana María Corina Machado yuxtapuso el debate jurídico con la siempre convulsa discusión política: el chavismo oficialista lo presenta como “cosa juzgada” y quiere pasar la página, mientras que las fuerzas de la disidencia insisten en su inconstitucionalidad

Fuente: AFP


A continuación, claves de esta medida, que llevó a Estados Unidos a otorgar un plazo para reimponer las sanciones contra el petróleo, gas y oro del país caribeño, que habían sido flexibilizadas hace apenas tres meses.

- El fallo -

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció el viernes pasado que Machado “está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un período de 15 años”, en respuesta a un recurso interpuesto sobre esta sanción administrativa que nunca le fue comunicada de primera mano.

“La sala cometió (...) violación al debido proceso y al derecho a la defensa”, cuestionó Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la oposición en el diálogo con el gobierno para acordar condiciones de cara a las elecciones de este año.

Machado acudió de hecho al TSJ -al que la dirigente cuestiona por su línea oficialista- bajo presión de un mecanismo creado para impugnar inhabilitaciones, parte de los acuerdos en la mesa de negociaciones que tiene a Noruega como mediadora.

La sala validó los supuestos argumentos de la Contraloría de que Machado está “incursa” en actos de corrupción relacionados con Juan Guaidó, dirigente opositor que fue reconocido como presidente interino por Estados Unidos y decenas de países entre 2019 y 2023, con control de bienes públicos bloqueados en el exterior.

También, la acusaron de apoyar sanciones económicas en contra del país sudamericano.

No hubo juicio, fue un proceso “risible”, según Perkins Rocha, abogado de Machado. “En materia jurídica una parte debió alegar y probar y la otra parte debió tener oportunidad de contradecirlo, y un juez declararlo probado. Aquí una parte lo alega ahora y nadie sabe dónde se probó eso”, explicó a la AFP.

- El proceso -

La Contraloría está facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.

“No ha habido ninguna actuación de ningún juez penal, ni una investigación abierta, ni mucho menos, por lo que la inhabilitación es inconstitucional”, destacó el abogado constitucional Juan Rafalli.

Para imponer una inhabilitación se necesita una “sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”, según la Constitución, por lo que se trata de una sanción “accesoria” a una condena dictada por un juez, añadió el abogado.

El chavismo, por su parte, considera que el Supremo puso un punto final al asunto con su sentencia “definitivamente firme”.

“¡Cosa juzgada, cosa sentenciada definitivamente firme, cúmplase y acátese!”, reiteró este miércoles el presidente Nicolás Maduro.

Pero Estados Unidos no lo ve así. Advirtió que, de no revertirse esta medida, reactivará sus sanciones económicas, una medida que el gobierno venezolano calificó de “chantaje”.

- El futuro -

Machado fue inhabilitada por un año en 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante protestas ese año en Venezuela.

La sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña para las primarias de la oposición, en las que arrasó (tuvo 92% de los votos).

Pero esa pena le fue notificada indirectamente a la opositora, a través del diputado José Brito, quien se identifica como opositor aunque es señalado como colaboracionista del gobierno. Otra irregularidad.

No obstante, Machado nunca acudió a la Contraloría a conocer el caso en su contra, porque siempre lo desestimó y tachó de ilegal. “Se debió haber agotado esa vía y ya tendría de primera mano violaciones flagrantes”, dijo por su parte Gloria Pinho, exjueza y excandadita en las primarias. “Perdió una oportunidad de oro”.

Los juristas sostienen que hay vías de apelación en la justicia. Sin embargo, “al final no es un tema jurídico. Es político”, lamentó Rafalli.

Machado sostiene continuamente que no puede haber elecciones sin su participación, pero su habilitación aparece descartada de plano para el futuro próximo.

El papa Francisco da el saque inicial a la primera Jornada Mundial de los Niños

El papa Francisco protagonizó el sábado en Roma el saque inicial de un partido de fútbol disputado entre dos equipos de jóvenes jugadores en el marco de la primera Jornada Mundial de los Niños.

Fuente: AFP

De pie delante de su silla, el pontífice, gran amante del fútbol, le dio un puntapié al balón que dio inicio al partido que disputaron durante cinco minutos los dos equipos, en los que se mezclaban niños y antiguas glorias de la liga italiana, como el portero Gigi Buffon, entre otros.

A su llegada al Estadio Olímpico de Roma, el papa Francisco fue recibido con entusiasmo por decenas de miles de niños acompañados por sus familias y procedentes de todos los continentes.

Se leyeron varios mensajes de niños, como el de Victor, un palestino de nueve años, que asegura que “solo queremos jugar, estudiar y vivir libres como tantos otros niños en el mundo”.

Francisco respondió a las preguntas de varios niños, a la vez que repartía caramelos a su alrededor.

Esta Jornada Mundial de los Niños finalizará el domingo con una misa en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, presidida por el pontífice.

Apuñala en el cuello a su hermana durante transmisión en directo

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre el móvil del ataque.

Un joven de Argelia apuñaló a su hermana, a la que dejó clavado un cuchillo en el cuello, mientras hacia una transmisión en vivo en Instagram* el jueves, informa el canal local Ennahar.

La mujer apuñalada tiene 40 años y vive en la ciudad de Laghouat, en el norte del país. Según medios locales, la hija de la víctima habría estado presente en el momento de la agresión a su madre, que quedó tirada en el suelo y cubierta de sangre.

La mujer fue hospitalizada, el personal médico le prestó inmediatamente los primeros auxilios necesarios y la trasladó al quirófano. Ahora está en la unidad de cuidados intensivos. Hasta el momento se desconocen los detalles sobre el móvil del ataque.

Fiscalía de Colombia acusa a expresidente Uribe de soborno y fraude

La Fiscalía de Colombia acusó este viernes al exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) de soborno a testigos y fraude, en el primer juicio penal contra un expresidente en la historia del país.

por Juan Sebastian SERRANO, AFP

Uribe es señalado de “ofrecer dinero en efectivo u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad”, en un caso que lo vincula con grupos paramilitares, según un escrito presentado por el fiscal, Gilberto Villarreal, quien levantó cargos por soborno, soborno a testigos y fraude.

En la reanudación de una audiencia virtual que inició la semana pasada, el exmandatario insistió en su inocencia y solicitó que el caso fuera anulado.

“No tomé nunca incitativa de buscar testigos. Pretendí defender mi reputación”, argumentó Uribe, quien se expone a una pena de entre seis y 12 años.

La jueza Sandra Heredia rechazó este pedido y reconoció como posibles víctimas a un senador, a la exesposa de un paramilitar que relacionó al exgobernante con estos grupos armados y a dos exfiscales.

- “Impacto en el alma” -

Considerado uno de los políticos más influyentes en Colombia, Uribe dijo sentir “un impacto en el alma” por ser el primer expresidente en tener que defenderse ante la justicia.

También alegó ser víctima de un complot urdido por jueces y “opositores” que usaron “interceptaciones (telefónicas) ilegales” para obtener pruebas en su contra.

A sus 71 años, responde por una denuncia que inicialmente lanzó él, pero que luego se volvió en su contra.

En 2012, Uribe, entonces senador, presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de buscar testimonios falsos para vincularlo con los paramilitares que libraron una guerra feroz contra las guerrillas de izquierda entre los años 1990 y comienzos de 2000.

Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos.

Uribe presuntamente trató de enlodar a Cepeda con la acusación de que había contactado a exparamilitares presos para que lo relacionaran con estos escuadrones de ultraderecha responsables por cientos de masacres.

En agosto de 2020 los altos magistrados ordenaron el arresto domiciliario del exmandatario, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación.

Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició todo el proceso.

- Montajes -

El exfiscal general (2012-2016) Eduardo Montealegre y su segundo Jorge Perdomo también habrían sido objeto de un montaje concebido por Uribe, según la tesis de la fiscalía.

A través del abogado Diego Cadena, el exmandatario habría ofrecido beneficios a paramilitares presos para que denunciaran a los entonces fiscales por supuestamente ofrecerles beneficios por testificar contra Uribe.

La siguiente audiencia del juicio fue convocada para el 10 de julio.

Durante su mandato, Uribe gozó de una inmensa popularidad por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas.

Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por múltiples escándalos y procesos judiciales en los últimos años.

En noviembre de 2023, el exmandatario testificó ante la fiscalía en una investigación preliminar por su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos, a raíz del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como “falsos positivos”. La justicia de ese país aun no se ha pronunciado sobre el caso.