Fuente: AFP

A continuación, claves de esta medida, que llevó a Estados Unidos a otorgar un plazo para reimponer las sanciones contra el petróleo, gas y oro del país caribeño, que habían sido flexibilizadas hace apenas tres meses.

- El fallo -

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció el viernes pasado que Machado “está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un período de 15 años”, en respuesta a un recurso interpuesto sobre esta sanción administrativa que nunca le fue comunicada de primera mano.

“La sala cometió (...) violación al debido proceso y al derecho a la defensa”, cuestionó Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la oposición en el diálogo con el gobierno para acordar condiciones de cara a las elecciones de este año.

Machado acudió de hecho al TSJ -al que la dirigente cuestiona por su línea oficialista- bajo presión de un mecanismo creado para impugnar inhabilitaciones, parte de los acuerdos en la mesa de negociaciones que tiene a Noruega como mediadora.

La sala validó los supuestos argumentos de la Contraloría de que Machado está “incursa” en actos de corrupción relacionados con Juan Guaidó, dirigente opositor que fue reconocido como presidente interino por Estados Unidos y decenas de países entre 2019 y 2023, con control de bienes públicos bloqueados en el exterior.

También, la acusaron de apoyar sanciones económicas en contra del país sudamericano.

No hubo juicio, fue un proceso “risible”, según Perkins Rocha, abogado de Machado. “En materia jurídica una parte debió alegar y probar y la otra parte debió tener oportunidad de contradecirlo, y un juez declararlo probado. Aquí una parte lo alega ahora y nadie sabe dónde se probó eso”, explicó a la AFP.

- El proceso -

La Contraloría está facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.

“No ha habido ninguna actuación de ningún juez penal, ni una investigación abierta, ni mucho menos, por lo que la inhabilitación es inconstitucional”, destacó el abogado constitucional Juan Rafalli.

Para imponer una inhabilitación se necesita una “sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”, según la Constitución, por lo que se trata de una sanción “accesoria” a una condena dictada por un juez, añadió el abogado.

El chavismo, por su parte, considera que el Supremo puso un punto final al asunto con su sentencia “definitivamente firme”.

“¡Cosa juzgada, cosa sentenciada definitivamente firme, cúmplase y acátese!”, reiteró este miércoles el presidente Nicolás Maduro.

Pero Estados Unidos no lo ve así. Advirtió que, de no revertirse esta medida, reactivará sus sanciones económicas, una medida que el gobierno venezolano calificó de “chantaje”.

- El futuro -

Machado fue inhabilitada por un año en 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante protestas ese año en Venezuela.

La sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña para las primarias de la oposición, en las que arrasó (tuvo 92% de los votos).

Pero esa pena le fue notificada indirectamente a la opositora, a través del diputado José Brito, quien se identifica como opositor aunque es señalado como colaboracionista del gobierno. Otra irregularidad.

No obstante, Machado nunca acudió a la Contraloría a conocer el caso en su contra, porque siempre lo desestimó y tachó de ilegal. “Se debió haber agotado esa vía y ya tendría de primera mano violaciones flagrantes”, dijo por su parte Gloria Pinho, exjueza y excandadita en las primarias. “Perdió una oportunidad de oro”.

Los juristas sostienen que hay vías de apelación en la justicia. Sin embargo, “al final no es un tema jurídico. Es político”, lamentó Rafalli.

Machado sostiene continuamente que no puede haber elecciones sin su participación, pero su habilitación aparece descartada de plano para el futuro próximo.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.