Un dictamen de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) recomienda la no publicación de la identidad u otras informaciones que puedan vulnerar las garantías y derechos consagrados en la Ley Nº 1682/02 “Que reglamenta la información de carácter privado” de las personas que reciben un bien bajo la administración de esta institución.

Dicha decisión se fundamenta y ampara en las facultades concedidas por ley a la SENABICO, establecidas en el Artículo 10º de la Ley Nº 5876/17 “De Administración de Bienes Incautados y Comisados”.

Ezequiel Santagada, abogado y especialista en Acceso a la Información Pública, utilizó su cuenta de Twitter para hacer un análisis minucioso y pormenorizado de este dictamen jurídico, refutando los planteamientos de la cartera estatal en base a lo que establece la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.

HILO sobre el Dictamen Jurídico 7/19 de la @senabicopy. En resumen, sostienen que no están obligados a publicar en virtud de las obligaciones de transparencia activa previstas en la L5282; pero que sí deberían dar esa información si media una solicitud de un ciudadano. pic.twitter.com/wTvswvQ6ph

— Ezequiel Santagada (@EFSantagada) 13 de febrero de 2019

En su hilo, expone una serie de argumentos que dan cuenta de que, en realidad, la SENABICO sí debería dar a conocer la información que llegara a ser solicitada por la ciudadanía, amparándose en la Ley de Acceso a la Información Pública.

El artículo 8 de la Ley 5282/14 establece que se debe mantener actualizados y a disposición del público, como mínimo, “convenios y contratos celebrados, fecha de celebración, objeto, monto total de la contratación, plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas”.

Según Santagada, teniendo en cuenta este aspecto de la normativa vigente, la SENABICO sí debe publicar los contratos de alquiler de los bienes de Reinaldo “Cucho” Cabaña, pese a la negativa expresada hasta el momento por la titular de la institución, Karina Gómez.

En otro tweet, este especialista sostiene que la información que consta en los contratos de alquiler no puede considerarse como “un dato sensible”, tal y como sostienen desde la citada cartera de Estado, ya que no fomentan prejuicios, discriminaciones ni tampoco afectan a la dignidad, la privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias.

“No hay nada que editar en los contratos sobre administración de los bienes de Cucho”, afirma Santagada en su post, reafirmando que sí es posible que los datos mencionados sean hechos públicos bajo amparo de la ley.

Hasta el momento, SENABICO ha decidido mantener en secreto toda la información relacionada a los contratos de alquiler de los bienes del narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña alias “Cucho”, amparándose en la ley vigente. Este hermetismo a generado dudas y cuestionamientos de todo tipo, sobre todo por la identidad de los actuales administradores de la casa quinta ubicada en la localidad de O’Leary (hoy conocida como “Hacienda Nápoles).

El decreto establece las pautas generales y describe los mecanismos, las metodologías y herramientas esenciales para la programación presupuestaria de todas las entidades del sector público.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, los plazos para la carga de los respectivos anteproyectos quedan definidos de la siguiente manera: el Anteproyecto de Presupuesto 2025 hasta el 27 de junio de 2024; y el Presupuesto Plurianual 2025–2027 hasta el 22 de julio de 2024.

Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el proceso de elaboración de los anteproyectos de presupuesto deberán asignar los recursos para satisfacer las necesidades de la población, enfocándose en el logro de metas y resultados tangibles que beneficien a la sociedad.

Las entidades deberán planificar la adquisición de bienes y servicios que cumplan con los requerimientos para el cumplimiento de sus fines misionales y reflejar en el anteproyecto los requerimientos financieros para el efecto.

El gasto público debe mantenerse coherente con la capacidad de generación de recursos fiscales, en un contexto de racionalidad y austeridad en el uso de los recursos disponibles.

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“Desde la dirección de la Policía Municipal de Tránsito se prevé un plan de contingencia por los días de lluvia”, refiere el comunicado.

La medida es adoptada ante los inconvenientes registrados en las últimas lluvias, donde los semáforos quedaron fuera de funcionamiento y algunas calles fueron inundadas.

La alerta meteorológica es por el ingreso de sistema de tormentas es para la Región Oriental y sur de la Región Occidental, desde este miércoles 1 al viernes 3 de mayo.

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Los departamentos afectados son: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Central, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, Caazapá, Alto Paraná, Presidente Hayes, Boquerón, San Pedro, Canindeyú y Concepción, además de la ciudad de Asunción.

El boletín refiere que se esperan lluvias con acumulados de entre 50 y 80 mm por día, con ráfagas de viento en torno a los 120 km/h.

Existe además una alta probabilidad de ocurrencia de granizo. Se espera que las condiciones climáticas tengan mejoras parciales con el correr de los días.

Morales refirió que no están en contra de competir con estas plataformas, pero exigen igualdad de condiciones para la competencia sea justa.

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En conversación con la radio 1020 AM, aseguró que ellos abonan impuestos a la Municipalidad para el traslado de personas, pero Bolt y Uber no y compiten en la misma situación.

“Es evidente el favoritismo. Hay normativas que les favorecen. Son fáciles de desmontar las argumentaciones de las aplicaciones. Nosotros solo exigimos igualdad de condiciones para poder competir y en quién confía más la ciudadanía”, expresó el presidente de la APTA.

Marcos Morales aseguró que van a exigir a las autoridades municipales el respeto a sus derechos y que cobren el impuesto a las plataformas para que se adhieran a las leyes y dejen de trabajar de forma informal.

“A estas aplicaciones les metés las mismas aplicaciones tributarias y no van a aguantar, como las dos inspecciones técnicas vehiculares al año. La tasa de inspección, el registro profesional, etc. Está a flor de piel la diferencia”, sostuvo.

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