Contradictoriamente, en más de cien días de administra­ción se observaron numero­sos hechos de corrupción y los principales protagonistas son los nuevos ministros y adhe­rentes del movimiento Colo­rado Añetete. A pesar de con­tar con pruebas contundentes, nadie fue destituido y el Pre­sidente no se pronuncia res­pecto a ninguno de los casos.

“Nos hemos propuesto tam­bién el objetivo de fortale­cer nuestras instituciones y dar un combate frontal a la corrupción, a la impunidad, persuadidos de que es funda­mental deshacerse de este las­tre para que Paraguay pueda elevarse hacia un más pro­misorio porvenir”, dijo Abdo durante su discurso.

Entre los casos más represen­tativos se encuentra la denun­cia contra la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, quien es muy amiga de la pri­mera dama, Silvana López Moreira. La titular de la petro­lera estatal realizó depósitos bancarios violando lo estable­cido por la ley para beneficiar a una empresa “amiga”.

A este se le suman las irre­gularidades en la gestión del actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, cuando fue gober­nador de Paraguarí entre el 2013 y el 2017. Los hechos de corrupción publicados por La Nación también derivaron en la apertura de una investi­gación por parte de la Fisca­lía de Delitos Económicos y Anticorrupción por supuesto enriquecimiento ilícito.

No podemos dejar de men­cionar al senador de Añetete Rodolfo Friedmann, quien no solo cuenta con una denun­cia, sino con varias, por una serie de irregularidades que habría cometido en Guairá mientras fue gobernador. Una de ellas se puede comprobar a través de una auditoría hecha por la Contraloría General de la República (CGR). La misma menciona que solo en el 2016 se detectó un total de 203.149 raciones de almuerzo escolar sin registro de entrega por G. 2.295.583.700. Hasta la fecha Friedmann no fue imputado.

Otros que están en la misma situación son el diputado Éver Aricio Noguera, quien man­tiene fuertes vínculos con Friedmann y sería su com­pañero de “negocios”; Carlos Amarilla, ex asesor político de Abdo, fue imputado por un supuesto desvío de dinero mientras estuvo en la Gober­nación de Central. También integra la nómina de supues­tos corruptos el diputado de Colorado Añetete Esteban Samaniego, denunciado por lesión de confianza y daño patrimonial. Todos ellos siguen gozando de la impu­nidad del nuevo gobierno.

ALIADOS DE ABDO, FUERTEMENTE CUESTIONADOS

MIGUEL CUEVAS – Ex gobernador de Paraguarí

Facturas falsas que sirvie­ron para engañar a dece­nas de familias campesi­nas con obras que nunca se terminaron, una ges­tión de la merienda esco­lar convertida en negocio familiar y serias denuncias por supuesta malversación de fondos son algunos de los oscuros antecedentes del actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, que datan de su época de gobernador de Paraguarí. Cuevas fue denunciado ante la Fiscalía por enriquecimiento ilícito. La denuncia fue planteada por el concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres.

RODOLFO FRIEDMANN – Exgobernador de Guairá

El senador Rodolfo Fried­mann también integra la “lista negra” de los discípu­los de Mario Abdo que gozan de total impunidad. No solo cuenta con una denuncia, sino con varias por una serie de irregularidades durante su gestión como goberna­dor. Una de ellas se puede comprobar a través de una auditoría hecha por la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), la misma men­ciona que solo en el 2016 se detectó un total de 203.149 raciones de almuerzo esco­lar sin registro de entrega por G. 2.295.583.700. Hasta la fecha, Friedmann no fue imputado.

PATRICIA SAMUDIO – Presidenta de Petropar

La Asociación de Operado­res de Petropar presentó una denuncia contra la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, ante el Ministerio Público por supuesto tráfico de influen­cias, transferencia irregular de fondos públicos a bancos privados, enriquecimiento ilí­cito, revelación de secretos de servicio, entre otros delitos. A tan solo días de asumir el cargo, Samudio habría ordenado irre­gularmente la transferencia de los fondos de la empresa estatal mediante una simple nota, con fecha 4 de setiembre del 2018, de US$ 43 millones del BNF a bancos privados, contraria­mente a lo que establece la ley vigente y el decreto presidencial.

ÉVER NOGUERA – Diputado por Guairá

Éver Noguera, conocido en Guairá por acaparar las lici­taciones en todo el departa­mento, supuestamente bajo la protección del ex gobernador Rodolfo Friedmann Alfaro. El político es conocido como el “rey de las licitaciones” en el cuarto departamento. Según informaciones proveídas a La Nación, la empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima (ESSA) es originaria de Ciudad del Este, que empezó a incur­sionar en el Guairá con algunas adjudicaciones en licitaciones pequeñas entre el 2011 y 2012. Esta empresa aparece como ganadora de una licitación de G. 15.452.976.000 en la Gober­nación del Guairá.

CARLOS AMARILLA – Exgobernador de Central

El ex gobernador del depar­tamento Central Carlos Amarilla fue imputado en mayo del 2017 por la fis­cala de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña por un supuesto des­vío de dinero, que supera los G. 9.000 millones. La representante del Ministe­rio Público había allanado la gobernación en marzo de ese mismo año, luego de haber recibido la denun­cia de un supuesto millona­rio faltante. Tras el procedi­miento, efectivamente pudo constatar el faltante, el cual no pudo ser justificado, era correspondiente a los años 2012 y 2013.

ESTEBAN SAMANIEGO – Diputado por Paraguarí

El actual diputado Esteban Samaniego fue acusado por la Junta Municipal por no respal­dar más de G. 10.000 millo­nes entre el 2013 y 2018 como intendente de Quyquyhó. Con esta denuncia encima, el mismo forma parte de la comisión de Diputados que evalúa interven­ciones de municipalidades por indicios de corrupción. A raíz de toda la denuncia de mala administración de Samaniego, el pasado viernes los concejales aprobaron la solicitud de inter­vención de la municipalidad de la mencionada localidad. El pedido de investigación incluye también a la administración de la novia del diputado, Patricia Corvalán, actual intendenta.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.