Un grupo de médicos disconformes con la destitución del doctor Jorge Rodas como titular de la Superintendencia de Salud, mostraron una de las tantas dificultades por las que atraviesan los servicios ante la falta de infraestructura, condiciones poco higiénicas y la necesidad de incorporar más profesionales para atender las necesidades de los pacientes.

La doctora Rosanna González lamentó que Rodas sea apartado por dar un informe real y correcto sobre las condiciones en las que se encuentra el hospital. Solo el tema de limpieza es uno de los puntos de reclamo y en un vídeo compartido en la redes muestran como basura acumulada permanece a la intemperie al lado de las salas de internación de pacientes, muchos de ellos pediátricos.

También se muestra cómo uno de lo registros cloacales está destapado, junta moscas, cucarachas y ratas y todo ocurre a unos metros de la cocina que provee de alimentos a todo el centro asistencial.

“Hay que darle respuestas a la gente y si se va a cerrar se debe decir exactamente a qué servicio serán derivados los pacientes pero no hay respuestas del Ministerio de Salud. Como médicos estamos preocupados por los pacientes porque se tienen que mejorar las condiciones dentro del servicio”, afirmó González.

Las medidas correctivas a corto plazo serían la incorporación de personal de limpieza para dentro y fuera del edificio. Actualmente, son 21 los designados que rotan por guardias y no dan abasto. “Lo inmediato es reorganizar, limpiar, corregir errores que hay en cuanto a infraestructura, instalación eléctrica y cantidad de profesionales médicos y de enfermería”, agregó.

González explicó que solo 24 enfermeras se cuenta en el servicio de terapia intensiva y que una sala de terapia lleva postergada su habilitación hace ocho meses por falta de personal que la haga funcionar. “Faltan profesionales médicos en terapia, anestesiólogos y enfermería en Urología, Traumatología y Quirófano”, detalló.

El hospital tiene seis camas de Cirugía y seis en Clínica Médica de internados y el resto de los pacientes son atendidos como internados en Urgencias donde permanecen por mucho tiempo y son ubicados hasta en los sillones de hidratación.

Una solución a largo plazo y que lleva 10 años de postergación es la construcción del nuevo hospital que una vez iniciada la construcción llevaría tres años de conclusión.

“No hay espacio para más y ese informe que sacó el doctor Rodas es correcto, como hospital general el Barrio Obrero no reúne las condiciones ni para los pacientes ni para los médicos en cuanto a higiene, infraestructura y tecnología. Pedimos que no sigan sacando a la gente que dice la verdad, no hay que esconder lo que está pasando”, señaló.

Lamentó que llevan meses mostrando las deficiencias y que ni a corto plazo se solucionó parte del problema. “Estamos de acuerdo con emplazar y solucionar pero no cerrar porque mientras no haya una respuesta clara para los pacientes y estos necesitan una respuesta rápida”, puntualizó la profesional.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.