En el círculo gubernamental, el decreto 432 que nombró a Carlos Arregui como “Asesor en Transparencia e Integridad” (con rango y prerrogativas de Ministro) concuerdan en silencio con las críticas que se disparan contra la medida.

Coinciden que el fondo de la cuestión es tapar “el error” que permitió a amigos de la titular de Petropar, Patricia Samudio y la Primera Dama Silvana López Moreira de Abdo (Conrado Hoeckle, asesor ad honoren de la Presidencia, entre otros) ganar US$ 1 millón en 48 horas, por compra venta de combustible con precio privilegiado por un lado.

Y el otro “error” que constituyó el depositar (contra el mandato de la ley) US$ 20 millones de la petrolera estatal, en el banco privado GNB PGY, entidad a la que el esposo de Samudio, José Costa Perdomo, adeuda 2.000 millones de guaraníes. Esa cantidad de dinero en moneda estadounidense debía ser depositado en el Banco Nacional de Fomento, por mandato de la legislación que regula los depósitos de entes estatales.

Las denuncias documentadas de estas maniobras dolosas, hechas por el Grupo Nación, obligó al Presidente de la República a realizar algún gesto para investigar el asunto.

Y para cumplir esa “misión”, el nombramiento de Arregui (del partido -más férreamente anticolorado- de Desirée Masi), en la intimidad oficialista, no es casual.

El jefe del Ejecutivo y Masi, admitieron en reiteradas ocasiones la amistad que los une, a pesar de las diferencias políticas.

Menos aún sorprendió la designación de la abogada Mónica Seifart como integrante del grupo de “Transparencia e Integridad”. Además de asesora jurídica de la Presidencia, ésta conforma el selecto grupo de amigas íntimas de la Primera Dama, círculo que (¿lidera?) tiene a Patricia Samudio como una de las principales referentes.

La auditoría de la gestión de Samudio, a escasos dos meses de tomada la titularidad de Petropar, no tiene otra lectura: Abdo Benitez admite explícitamente que los argumentos de la amiga personal de la Primera Dama no son sustentables. Y que echarla “en seco” implicaría expresar su propio fracaso, al nombrar frente a la petrolera estatal a alguien que, por ignorancia o corrupción, no está en condiciones de seguir en el cargo.

Mientras tanto el superministro de “Transparencia e Integridad”, el opositor Carlos Arregui, tendrá la difícil misión de maquillar la operación que hizo ganar US$ 1 millón en 48 horas a los amigos de Silvana. Y más grave que eso: ¿Cuánto dinero generará los US$ 20 millones depositados ilegalmente en un banco privado? ¿Y quienes iban a beneficiarse con los intereses que surgían del millonario depósito?

Mientras en el Palacio de Gobierno se anuncia un inminente terremoto, que tiene como epicentro el “caso Petropar”, el Presidente Mario Abdo Benitez salió a buscar balones de oxígeno en el campo opositor. Primero nombró a Arregui como superministro. Y luego visitó al titular del PLRA, Efraín Alegre, en la propia sede partidaria azul, ¿Lo hizo evaluando ya los ‘heridos y contusos’ que generará la crisis de credibilidad que saltó con la petrolera estatal?

El Hospital Psiquiátrico inició un proceso de conversión hacia un centro de urgencias psiquiátricas, en consonancia con la Ley N° 7.018/22. El objetivo principal descentralizar la atención de la salud mental y garantizar que ningún paciente quede sin atención.

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El Dr. Hans Buggenthin, director del Hospital Psiquiátrico, enfatizó la importancia de este paso hacia un modelo de atención más dinámico y eficiente. “A partir de la promulgación de la Ley 7.018, comenzamos el plan de reconversión del hospital Psiquiátrico en un centro de urgencias. El plan de descentralización de los consultorios implica la redistribución de nuestro personal médico y el refuerzo de los servicios descentralizados”.

Este cambio implica la redistribución de los médico psiquiatras a los diferentes servicios. El compromiso de garantizar la atención a los pacientes es firme. “Los pacientes que acuden a nuestro centro son asistidos y reorientados a otros servicios”, aseguró el Dr. Buggenthin.

Una de las claves de este nuevo enfoque es la orientación hacia servicios ambulatorios y el fortalecimiento de los lazos sociales. Según lo establecido en la Ley N° 7018, “se busca promover un abordaje interdisciplinario e intersectorial, priorizando la atención primaria de la salud. En este sentido, el Hospital Psiquiátrico se transformará en un Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas, como parte de un modelo desconcentrado de atención en salud mental”.

Además, implementó un sistema de coordinación para dirigir a los pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia. Para el efecto, se utiliza el Directorio de Salud Mental, que cuenta con el listado profesionales en salud mental que brindan atención en el sector público.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita en el servicio de salud más cercano a su domicilio”, afirmó el Dr. Buggenthin.

Estos cambios, que se han evidenciado desde principios de este año, marcan un importante paso en la atención descentralizada de la salud mental en el país.

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Por Cinthia Mora

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presen­taba una “denuncia” en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recep­cionar denuncias sobre pre­suntos hechos punibles.

Ese mismo día, el Poder Eje­cutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.

Ese mismo mes, específica­mente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Car­tes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la fil­tración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.

Los cuadros de salarios de Peña y Boidanich fueron filtrados del “corazón” de la Seprelad. Un correo interno prueba que la planilla fue incorporada luego al informe de inteligencia contra Cartes

Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría ges­tado así uno de los mayores operativos de persecución política era cada vez más evidentes. El hecho de otor­gar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bas­tante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coor­dinar y ejecutar el operativo de filtraciones.

Estos episodios de filtracio­nes quedaron “oficialmente” inaugurados con la denun­cia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algu­nos funcionarios de la Sepre­lad, dedicados a la elabora­ción de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funciona­rios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.

Tras su mediática presenta­ción, el exministro Giuzzio contó con la abierta cola­boración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arre­gui y Carmen Pereira, quie­nes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Hora­cio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar prés­tamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

EN MANOS DE LA CORTE

Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelacio­nes. Los camaristas recusados por la defensa de los imputa­dos son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.

El abogado Felino Amari­lla, defensor de Carlos Arre­gui, uno de los imputados, recusó a los tres integran­tes de la Cámara de Apela­ción por supuesta imparcia­lidad y falta de independencia debido a que la defensa desco­noce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apela­ción. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el pre­sente caso.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó una advertencia a la ciudadanía sobre la circulación de ofertas laborales fraudulentas en internet.

A través de un comunicado, la institución indicó que estas propuestas pueden parecer atractivas inicialmente, pero a menudo están vinculadas a actividades delictivas.

Para protegerse, el ministerio recomienda evitar hacer clic en enlaces de procedencia dudosa, no proporcionar información personal sin confirmar la legitimidad de la oferta, realizar una investigación exhaustiva antes de proporcionar cualquier tipo de referencia personal o profesional, y verificar la veracidad de las ofertas laborales, comprobar la existencia de la empresa que las publica y, si fuera necesario, buscar asesoramiento de expertos antes de aplicar a cualquier posición, ya sea dentro o fuera del país.

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