Este viernes, los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Gladys Bareiro de Módica, Miryam Peña Candia y Antonio Fretes, decidieron hacer lugar a la suspensión de efectos de la resolución 698 del 23 de abril de 2018 dictada por la Intendencia y la resolución 6.136 del 11 de julio de 2018, emitida por la Junta Municipal de Asunción que había sido solicitada por los concejales Orlando Fiorotto y Rossana Rolón, por la organización #AsunciónNoSeVende y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Simuca), entre otros.

De esta forma, el sistema de gestión tributaria que fue concedido por la administración de Mario Ferreiro al consorcio TX Panamá queda suspendido por la medida cautelar de la Corte hasta tanto se resuelva sobre el pedido de inconstitucionalidad de las partes contra la concesión.

La abogada Rosa Martínez de Vacchetta, expresó a HOY Digital la satisfacción por la medida ya que se otorga en un día tan simbólico como lo es el día de inicio de la primavera y la juventud.

Expresó que los argumentos esgrimidos por la solicitante de la medida están basados en el artículo 36 de la Constitución Nacional en el cual se tipifica la información que tiene el municipio como “datos sensibles” por lo que se encapsula y se protegen los datos de los contribuyentes.

Indicó que la medida de urgencia estará en vigencia durante todo el tiempo que dure la investigación de la Corte Suprema sobre si corresponde o no la aplicación de inconstitucionalidad.

De esta forma, la Corte Suprema de Justicia le pone un freno a la intención del intendente de Asunción Mario Ferreiro y su gabinete de tercerizar el cobro de impuestos y de ofrecer datos sensibles de la ciudadanía a la empresa panameña. La concesión pretende, según la Comuna, reducir el pasivo de los contribuyentes para que la Municipalidad pueda encarar más obras de infraestructura.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.