En la mañana de este lunes, la parlamentaria ofreció una conferencia de prensa desde la Dirección de Talentos Humanos del MEC para hacer una aclaratoria sobre una denuncia de supuesto planillerismo que la involucraba.

En entrevista con la 970 AM, Vargas sostuvo que “de ninguna manera puede aceptar ese título de planillera”, desmintiendo así que la misma esté cometiendo la irregularidad de la que se le acusa.

“Acepto que como diputada tengo que ser la primera en ser investigada y estoy expuesta. Ya me abrieron un sumario, luego lo cerraron y ahora me vuelven a abrir”, afirmó, haciendo alusión al caso que data del año 2016 y en el que también había sido acusada de planillera por la entonces ministra de Educación, Marta LaFuente.

La diputada colorada dijo que está en condiciones de demostrar su inocencia y lo puede hacer “con todos los trabajos que viene haciendo en favor de la educación”.

De igual forma, manifestó que su trabajo como parlamentaria no le impone una carga horaria que cumplir, pero de igual forma lo hace participando en las reuniones de la comisión asesora que integra actualmente (Educación, Cultura y Culto) así como en las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

La diputada Vargas confirmó que actualmente sigue prestando servicios como docente en el Centro de Recursos para la Educación Permanente N° 23 que funciona dentro de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, ubicada en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. Allí cuenta con un rubro de alfabetización, pero -según aclaró- da clases bajo un “régimen especial” que exige adaptarse al horario del participante y que es flexible.

En ese sentido, comentó que acude a dicha institución para cumplir funciones los días lunes, jueves y viernes, además de los sábados para cumplir con su cargo de coordinadora general en Artes y Oficios, aunque no especificó en qué horario.

Al ser consultada de por qué se presentó la denuncia, consideró que primero se tenía que investigar antes de hacer una acusación formal en su contra, aprovechando para dar a conocer que su rubro docente de alfabetización asciende a G. 2.300.000.

Se trata de un hombre de 27 años de edad, identificado como Jorge Daniel Casau, quien fue detenido por la Policía en la ciudad de Asunción, por poseer orden de captura por un supuesto hecho de extorsión a un periodista.

Del poder de alias “Barbie”, se incautó un aparato celular que será sometido a una pericia.

El procedimiento de detención fue realizado por el personal del Departamento Antisecuestro de Personas.

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Según el comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestros, explicó a radio Montecarlo que la detención se dio mediante una operación encubierta.

El jefe policial agregó que esta persona amenazaba al denunciante con la difusión de un video en el que ambos aparecen en el interior de un vehículo. Para no hacerlo, le solicitó inicialmente la suma de G. 3 millones, que posteriormente subió a G. 8 millones.

El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, emitió la Resolución No. 347 por la que designa a Careaga como titular del centro.

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Las puertas del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue abierta desde este viernes y se busca reducir el hacinamiento y los índices de reincidencia de quienes cumplen sus condenas.

Estará al mando Julio César Careaga Vera, quien es funcionario del Ministerio de Justicia, con una antigüedad de 22 años. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho UNA.

Su experiencia incluye funciones dentro del sistema penitenciario porque dirigió el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores (SENAI), fue director de Asuntos Internos y Anticorrupción. Además, interventor de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y últimamente, se desempeñó como director de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario.

El Centro comenzará a albergar a los internos los primeros días de junio, donde prevén trasladar a la nueva cárcel a 40 personas con condena firme. Se alojarán en los módulos convencionales.

El agente fiscal Christian Roig pidió la elevación a juicio oral y público de la causa por sicariato que enfrentan Rubén Darío Benítez Gómez y María Liliana Velázquez Villasanti.

Ambas personas son las principales acusadas por el asesinato del taxista Alfredo Jara González, ocurrido en octubre del año pasado en la localidad de Curuguaty, Canindeyú.

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En el caso puntual de Benítez, el mismo es sindicado como el sicario responsable de asesinar a tiros al trabajador del volante, mientras que Velázquez -quien era esposa de la víctima- sería la que lo contrató para el “trabajo”.

Las investigaciones determinaron que el asesino era amigo de Rubén Rodas Portillo, supuesto amante de la mujer y que sería el supuesto autor intelectual del crimen del taxista.

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Para este asesinato por encargo, Velázquez habría prometido el pago de G. 25 millones, aunque solo abonó la suma de G. 10 millones por el atentado criminal.

Ahora, queda en manos del Juzgado determinar si la causa será elevada a juicio oral y la fecha de realización de esta diligencia judicial.