Hoy jueves, La Nación y GEN expusieron cómo el legislador Miguel Cuevas aprobó facturas falsas durante su gestión como gobernador. Las pruebas fueron presentadas este jueves con entrevistas a los afectados.

Al respecto, en su intento de defensa, el congresista colorado dijo que todo forma parte de una campaña política para dejarlo mal parado. “Yo creo que esto solamente es una persecución política en mi contra. Están tratando de ensuciarme ante el pueblo y mis colegas. No creo que los investigadores sean improvisados”, aseguró en entrevista con la 970 AM.

Alegó que como gobernador tuvo el compromiso de entregar cheques a los comités de las familias campesinas, pero que estos fueron los encargados de hacer las compras y remitir a su institución las facturas correspondientes, las cuales ahora salen a la luz que estaban alteradas.

Entre las facturas que tiene la Gobernación se encuentra una que corresponde supuestamente al comercial “Báez”, que figura a nombre de Elva Arzamendia de Báez, por una compra de 40 bolsas de fertilizantes por valor de G. 10 millones. Sin embargo, esta comerciante aseguró a los periodistas investigadores que nunca hizo negocios con la gobernación y que en realidad dicha factura correspondía a una venta de productos por valor de menos de dos millones de guaraníes.

“Es cierto lo que dice esta señora, yo jamás hice negocios con la dueña del local donde se compró el producto. Nosotros entregamos en cheque a los productores y ellos son… es sencillo esto, es ir a averiguar quién efectivizó el cheque. Después ellos nos traen los recibos correspondientes por el valor del cheque que les entregamos”, indicó.

SU HOMBRE DE CONFIANZA

La investigación reveló además que era Toribio Morel quien recibía los cheques, según contó otra afectada, Mercedes Cáceres, presidenta de agrupación Kuña Aty. Justamente, el congresista Cuevas -según él mismo confirmó en esta entrevista- llevó a este hombre de confianza como su administrador en la Cámara de Diputados.

“Toribio Morel es uno de los administradores de la Cámara. Voy a ver si corresponde o no (que sea separado). La Justicia debe demostrar. Hay que preguntar y recurrir a la justicia. Voy a pedir”, dijo el político.

Pese a las pruebas defendió a su administrador, al alegar que no cree que él sea el responsable. “Esa señora me tiene que demostrar lo que está diciendo. Tiene que demostrar en la justicia, no se debe colgar nomás por una denuncia”, resaltó.

En su intento de confundir y desviar la atención, el colorado alegó que la campaña en su contra proviene del sector del presidente Horacio Cartes, por haber pasado al movimiento de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, uno de los denunciantes es el concejal del PDP Gilberto Rufinelli, quien en declaraciones con dicha emisora, dijo que lo publicado es solo la punta del iceberg.

Este edil manifestó que en el 2014 ya había denunciado la supuesta compra irregular de productos. “Acá hay una red de prestanombres, una sociedad cómplice en este tipo de situaciones, también una parte de la prensa que hace su tarea de manera demagógica”, resaltó Rufinelli.

Sobre las declaraciones del concejal, el actual diputado dijo: “que me denuncie y vamos a ir a la justicia”. Reiteró que podrá demostrar con documentos “hoja por hoja” donde fue a parar cada guaraní de fondos públicos que pasó por su administración. “Yo fui uno de los mejores gobernadores”, comentó.

En otro momento de su descargo aseguró que el dictamen de la Contraloría demostró que no cometió irregularidades, las cuales otros medios expusieron el año pasado, como el caso de Última Hora, lo que deja constancia de su contradicción al referir que es el cartismo el que lo persigue.

Así también indicó que el Poder Judicial desestimó la denuncia en su contra, sin embargo, este jueves la propia fiscal de la causa, Sonia Pereira, explicó por qué inicialmente solicitó dicha desestimación, pero que luego pidió que se revoque para proseguir con las investigaciones, al tener conocimiento de más datos. Actualmente es un Tribunal de Apelaciones el que debe establecer cómo continúa el caso, donde el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres y el abogado Marcos Estigarribia denunciaron a Cuevas por numerosas irregularidades.

LOS POZOS

Volviendo a la investigación periodística, otra irregularidad hallada tiene que ver con la empresa “El Puente”, que se encarga de hacer perforaciones y montaje de pozos artesianos. Entre los documentos que la Gobernación de Paraguarí le entregó a Kuña Aty, figura el pago de G. 40 millones para hacer el pozo. En el lugar donde se tenía que hacer la construcción, se hizo apenas una excavación, nunca se terminó la obra. No hay caños ni tanque. Por eso, el proyecto con Kuña Aty fracasó. El equipo periodístico llamó a preguntar por un presupuesto a la misma empresa y la respuesta fue contundente; todo montado, con motobomba, piola, excavación y los caños, el costo total con mano de obra incluida, no podría superar los G. 20 millones.

Sobre esta situación, Miguel Cuevas se desligó al alegar que “a esa gente se le dio la plata para cavar el pozo. Es una parte alta del cerro, lleno de piedras. Seguramente no habían llegado… pero a mí me habían dicho que sí ya tenían agua”.

FESTÍN DE CARGOS EN DIPUTADOS

Al margen de dicha investigación, Cuevas está siendo duramente cuestionado por los nombramientos que realiza desde que asumió como titular de Diputados. El último fue el de la hija de la diputada Marlene Ocampos, quien luego de dos meses de ser nombrada en el Congreso, fue designada como directora. “La señora tenía el perfil necesario y se le contrató”, dijo. Al preguntársele cuál era su perfil, respondió: “Yo dónde voy a saber a qué se dedicaba, le tienen que preguntar a ella. Le contratamos porque tiene perfil. Ya es demasiado cuestionamientos (en su contra), no sé”. Tras ser insistido, dijo: “Es abogada y me pasaron otros títulos que tiene”.

Por último comentó que se quiere instalar que será sacado del cargo, pero que es mera “politiquería”. “Es una red de difamación y calumnia que están haciendo en mi contra. Es el dueño de ese diario el que está haciendo”, puntualizó.

El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.

La fuga la inició muy temprano Cruzada Nacional, a través del diputado Jatar Fernández, quien al asumir ya advirtió que ni Paraguayo Cubas ni nadie le marcaría la agenda, declaraciones que ya generaron los primeros conflictos internos, que luego terminaron por diezmar el partido, aunque Fernández sostiene que sigue perteneciendo a Cruzada.

El que también adelantaba su distanciamiento desde que juró en vez de Rafael Esquivel, alias Mbururu, fue Javier Vera, alias Chaqueñito, quien asumió semanas después del 1 de julio y, de entrada, ocupó el sector asignado a la bancada A de la ANR, para posteriormente oficializar su salida y pase al Partido Colorado.

También presentó su renuncia el diputado Miguel Martínez. Lo hizo el 7 de septiembre durante la sesión de la Cámara Baja. En la ocasión anunció que crearía un “partido libertario” y que Paraguayo cubas fue el mejor candidato presidencial, pero que resultó “víctima del sistema”.

Para completar las bajas en Cruzada Nacional, las senadoras Zenaida Delgado y Norma Aquino, alias Yami Nal, también renunciaron y, a la vez, fueron expulsadas. Ambas pasaron a carpas coloradas.

Por otro lado, en toldos liberales también se produjo una resta. El 29 de noviembre pasado, el senador Eduardo Nakayama comunicó su renuncia al PLRA, alegando que estaba harto de los liberales leales al oficialismo. En la ocasión, anunció que crearía otro partido.

En cuanto al de por sí débil partido Hagamos, el senador Patrick Kemper presentó su renuncia el 9 de marzo pasado y anunció su retorno a la ANR. Lo hizo durante la última convención colorada, donde le dieron la bienvenida. Con esto, Hagamos quedó sin representantes en el Senado y con un único sobreviviente en Diputados, a través de Rubén Rubín.

Finalmente, la salida más reciente y la que también dejó sin representantes a una nucleación fue la renuncia de Orlando Penner a Patria Querida, quien habló de la necesidad de tener apoyo para los proyectos que desde un inicio planteó para el Chaco. Con su dimisión, la diputada Rocío Vallejo es la única parlamentaria de Patria Querida, partido que en los últimos comicios perdió muchos escaños.

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SALIDAS QUE SUMARON A LA ANR

Las bajas de otros partidos que terminaron en altas para la ANR son:

Javier Vera, Zenaida Delgado y Norma Aquino, alias Yami Nal, provenientes de Cruzada Nacional

Patrick Kemper, quien llegó a su banca a través de Hagamos

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A través de sus cuentas en las redes sociales, el colorado Juan Carlos Galaverna cuestionó duramente el fallo del juez laboral Rubén Darío López, quien hizo lugar al amparo de la abogada Alejandra Peralta Merlo y ordenó a la congresista que la desbloquee en la red social “X”.

“En casi 75 años de vida he visto muchas estupideces y también hice algunas, pero ninguna que recuerde podría ser más grande que esta historia de la acción judicial de la tal Alejandra Peralta reclamando que un par de senadores le desbloqueen en sus respectivos teléfonos”, expuso el exsenador.

Para incluir más polémica a la cuestión, Calé lanzó duros calificativos tanto para la accionaste como para el juez interviniente. “La estupidez de la estúpida Peralta es solo superada por el estúpido fallo del estúpido Juez. Da para sentir vergüenza ajena. Qué lástima”, arremetió.

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La senadora Aquino compartió esta publicación en sus redes, demostrando el apoyo que recibe en medio de este inédito caso judicial.

Por su pare, en respuesta, la aludida Alejandra Peralta dijo que recibe el insulto de quien proviene. “Si después de 75 años considera una estupidez que se genere un debate tan importante que ya fue resuelto en las altas cortes internacionales con el mismo criterio que aplicó el juez paraguayo al que trata de estúpido porque no lo pudieron doblegar con amenazas, no me quiero imaginar la cantidad de estupideces que habrá hecho a lo largo de esos 75 años. Solo puedo decir, sin temor a equivocarme, que si usted me insulta, es porque vamos por el buen camino en defensa de la democracia”, escribió.