“No puedo evitar pensar en el agudo contraste que presenta este Paraguay pujante, vigoroso y alegre que vemos en este predio ferial y esa otra imagen deslucida, estéril y deprimente que nos ofrece el escenario político en los últimos tiempos. Por un lado, un país pujante y competitivo que apunta a superar los desafíos que nos imponen las nuevas generaciones; por el otro, esa clase política anquilosada y apegada a sus vicios, aunque asoman algunos sectores, aun minoritarios, que quieren traer nuevos aires a nuestra institucionalidad democrática”, expresó Volpe en su discurso.

Sostuvo que al desequilibrio monetario de Argentina y Brasil se suma una frontera común “altamente permeable” al contrabando de mercaderías ilegales. Indicó que en estos días se vio un “saludable intento” de intervenir locales e incautar mercaderías en lugares donde pulula la informalidad. Auguró que esa actitud se mantenga de forma permanente para incentivar el comercio formal.

“Pareciera que nuestros compatriotas han aprendido a convivir con el contrabando y la informalidad. Consideran que esos males son una ventaja, ya que les permiten obtener productos de consumo a precios más bajos, y así hacerlos más accesibles a los pobres. Pero esos mismos pobres que se alimentan a menor precio, sufren las carencias de los servicios de salud, educación y otros que deben ser provistos por el Estado de forma precaria y deficiente, por falta precisamente de los recursos que se pierden en la evasión fiscal”, sostuvo.

Recordó que para dar un combate más efectivo al contrabando, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) propuso cambiar la tipificación penal del contrabando de delito a crimen, pero sólo una minoría de los diputados votaron por el tratamiento de ese proyecto. Con ese cambio, la pena prevista iba a pasar de multa a prisión, con lo cual consideró que la votación muestra que no hay voluntad real de combatir ese flagelo.

Dijo que miembros del nuevo equipo económico descartaron la posibilidad de aumentar impuestos y que resultaría casi grotesco que se propongan un incremento de los tributos, en presencia de un “gigantesco derroche de los fondos públicos”, que hace rato conocemos, pero que han estallado con más vigor en los últimos meses.

“Sirva como ejemplo el bochornoso privilegio que se han adjudicado los legisladores con las jubilaciones privilegiadas, los pines de oro y otras prebendas indebidas, como los cupos de combustibles y el derecho a designar nuevos asesores, sin desprenderse de aquellos que han dejado los parlamentarios salientes, sumando así al exceso de funcionarios del Poder Legislativo”, remarcó.

Volpe sostuvo que la generosidad con el dinero ajeno es algo que quienes ostentan el poder consideran como un “derecho adquirido” y “consustancial” al cargo.

Puntualizó que todas las entidades públicas están pobladas por legiones de “planilleros” que se destacan por marcar horarios de entrada y salida y dedicar el resto del tiempo a sus propias actividades. “Esta situación se agravó durante el gobierno populista del Frente Guasú, cuando se aprobó un sustancial incremento en las remuneraciones públicas, sin mirar la proyección de los ingresos en el futuro”, argumentó. Recordó además que con el cuento de combatir la pobreza, en el gobierno de Fernando Lugo se repartieron cientos de miles de planes sociales que son -según consideró- son dádivas que no solucionan el problema de la falta de trabajo, pero alivian la mala conciencia de sus propulsores.

Manifestó que en los últimos meses del actual gobierno, parece haberse desatado una “carrera desenfrenada” para cerrar contratos y concesiones. Indicó que los nuevos se encontrarán entonces con una maraña de conflictos que les llevará al menos un año desentrañar.

“Algunos de esos contratos pueden terminar en empresas de nuestro gremio, subcontratadas por las famosas ‘empresas de maletín’, que se crean con el exclusivo propósito de ganar concursos inflando los precios, sin capacidad operativa para ejecutar sus compromisos por lo que tienen que acudir a empresas reales que lleven a cabo los trabajos, por una fracción de lo que perciben aquellas que sólo cuentan con un nombre, una escritura constitutiva y a veces ni siquiera una oficina mediamente equipada. Quienes figuran como propietarios son casi siempre empleados de escasa preparación de los verdaderos dueños, por lo que aquellos terminan expuestos a demandas judiciales o hasta a penas privativas de libertad”, acusó.

Volpe remarcó que la UIP insiste en atacar la informalidad tan arraigada en nuestro país, contener el gasto público, exigir calidad, profesionalismo y eficiencia en la función pública, implantando una estricta selección y ascensos por méritos y no por favores políticos.

Indicó que en el gobierno saliente se incrementó notoriamente el endeudamiento público, aunque todavía se mantiene en niveles aceptables. Sostuvo que aplauden el hecho de que esos préstamos se hayan destinado a inversiones en obras de infraestructura que contribuyen a dinamizar la economía y mejorar la competitividad del país, así como el acceso de sus habitantes a servicios de calidad.

Dijo que es necesario mejorar la eficiencia en la contratación y ejecución de obras públicas, privilegiando a las empresas nacionales, ya que casi invariablemente dichas obras afrontan atrasos que se deben a aspectos que son típicos de la burocracia estatal y que deben ser subsanados.

“Nos hacemos eco también de una inquietud que permea a todas las capas ciudadanas, en las ciudades y en el campo: se trata de la inseguridad física que nos amenaza a todos. Está la delincuencia urbana, la de los ‘peajeros’, ‘motochorros’ y otros ejemplares de la fauna delictiva, como las bandas criminales fuertemente armadas y altamente sofisticadas, que protagonizaron violentos asaltos el año pasado. Pero también está el EPP, que todavía mantienen en su poder a personas secuestradas, y que acecha en el norte, sin que las fuerzas del orden hayan logrado capturarlos. Y más allá de todas ellas, la más sangrienta y peligrosa mafia del narcotráfico, que indudablemente tiene sus tentáculos en las otras variedades del delito y que tiene conexiones con mafias extranjeras”, sostuvo.

Dijo que la UIP coincide en los reclamos de una reforma constitucional pero instó a aprender la lección de que un texto escrito, por más perfecto que sea, no garantiza el cumplimiento a lo largo del tiempo cuando cambian las circunstancias y los actores principales.

El discurso de Volpe fue pronunciado ante autoridades electas, salientes e incluso cabezas de otras entidades.

Las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Aregüeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando, al no sumarse al paro anunciado por el otro sector de transporte.

“Todas nuestras operaciones seguirán en funcionamiento total incluso reforzando nuestras frecuencias donde sea posible para seguir dando a nuestros pasajeros el servicio”, reportaron los integrantes de la Federación de Transporte del Área Metropolitana (FETRAM).

Las firmas transportistas argumentaron que entienden que para la ciudadanía es sumamente importante contar con el servicio sin ningún inconveniente, por lo que buscarán trabajar y mejorar el servicio al pasajero, realizando acciones diarias y comprobables de que sí desean un transporte digno.

Finalmente expresaron su apoyo al Presidente de la República, a la Ministra de Obras Públicas y al Viceministro de Transporte, en su desarrollo del nuevo Plan Maestro y formalización del progreso del sector.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

Entre estos tramos, la ministra citó la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la curva Romero en Luque y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso.

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Explicó que actualmente desde el MOPC están en marcha estos procesos para llevar adelante estas intervenciones urbanas, que forman parte de los nuevos proyectos que se estarán licitando en los próximos meses, y que en total suman cerca de USD 500 millones en inversiones.

“Estamos preparando la licitación del mejoramiento de la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la Curva Romero en Luque, y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso (ruta D025), además de un viaducto también en la zona”, puntualizó al tiempo de destacar que “son proyectos de altísimo impacto”.

Además, añadió que también está próximo a ser licitado un nuevo proyecto que prevé intervenciones en 6 zonas del departamento Central, como Ñemby, Itá y Guarambaré como parte del denominado “Plan Central”.

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El diputado Yamil Esgaib es el autor del proyecto que modifica el Código Penal y plantea favorecer a los condenados por el simple hecho de ser funcionarios públicos.

La propuesta conocida como devolución premiada estipula que los funcionarios corruptos podrán disminuir sus sentencias al 50 %, en caso de que devuelvan lo robado (una vez descubiertos).

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara Baja y tendrá sanción ficta el 31 de mayo, por ello, el tratamiento figura hoy en el orden del día de la sesión extraordinaria del Senado.

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A criterio del senador colorado, Derlis Maidana, el proyecto ningunea el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional, sobre la igualdad ante la ley, al beneficiar a una persona por el simple hecho de estar en la función pública.

“No podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor”, opinó el legislador.

A juzgar por la posición del senador de Honor Colorado, se cree que existirían los votos necesarios para el rechazo de este proyecto que, no hace más que premiar a funcionarios que son descubiertos robando y que, una vez sorprendidos (no por arrepentimiento) y con la soga al cuello, devuelven el dinero.

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