El periodista Jorge Torres, quien fue emplazado para entregar a su fuente, argumentó que la Fiscalía debería de pedir informes a la telefónica sobre cómo se filtró el dato, no así al comunicador que publicó el contenido. “Si paso esa información, yo voy a hacer el 90 % del trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público”, acotó.

En charla con la 970 AM, el investigador del diario La Nación refirió que los fiscales sí pueden convocar a los periodistas para preguntarles cuáles son las fuentes da investigación, pero que los mismos pueden resguardarse bajo el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Artículo 29 – DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO

El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.

El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso.

Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley.

Sin embargo, en su caso, según resaltó Torres Romero, la fiscal Marlene González envió un oficio donde de manera puntual resalta que debe decir en el plazo de 72 horas quién fue la persona física o jurídica que proporcionó los datos, con lo que se atenta gravemente la labor de la prensa. “Esto no es otra cosa más que un amedrentamiento. O esta fiscal tiene un absoluto desconocimiento a las garantías constitucionales que tenemos los periodistas. Es una cuestión que cae de maduro”, lanzó.

“A mí me preocupa esto, de entrada yo percibo que en serio es un amedrentamiento porque me emplazan. No solamente quiere que le diga quién es mi fuente, sino que también que le envíe la copia del documento que usé para la publicación. Me preocupa en general para todos los que estamos dentro de este oficio”, resaltó.

El comunicador dijo que recurrió a la asesoría del grupo comunicacional y que, por recomendación, responderá mediante una nota que posee la garantía constitucional del resguardo de la fuente. Esto será remitido en la mañana de este lunes a la representante del Ministerio Público.

Por otra parte, lamentó que el Sindicato de Periodistas y el Foro de Periodistas del Paraguay hace rato están muy ideologizados y operan a favor de los sectores que son únicamente de su interés, por lo que no le sorprende que no se hayan pronunciado aun sobre su caso. “La indignación es selectiva. No espero mucho de ellos, pero insisto que este no es un tema que solo debe preocuparme a mí, por que soy el afectado, sino que debe preocuparnos a todos porque deja un precedente sobre cómo se articula desde la justicia; están golpeando desde hace tiempo con esto”, subrayó.

EL CASO

La fiscal González tiene a su cargo la investigación sobre la obten­ción de extractos de llamadas telefónicas de varios políti­cos, empresarios y abogados, cuyo contenido fueron divul­gados a través de diferentes medios de comunicación.

Para la obtención de dicha información se remitieron a las compañías telefónicas varios oficios que habrían salido de la unidad fiscal de J. A. Saldívar, entonces a cargo de la fiscala Brígida Aguilar, cuya firma habría sido adulterada.

En noviembre del año pasado, el diario ABC Color fue uno de los primeros medios que publicó el cruce de llama­das que se habrían obtenido con los documentos fragua­dos, y en base a la respuesta que había proporcionado una compañía telefónica al correo electrónico que figuraba en la nota con la supuesta firma de la fiscala Aguilar.

Los datos solicitados en ese oficio adulterado fueron los mismos que se publicaron en el referido medio y que pos­teriormente a raíz de una investigación de La Nación se constató de la existencia de un esquema montado para la obtención de extractos de lla­madas que se había diseñado en la Fiscalía de J. A. Saldívar.

Tras la investigación de nuestro diario, el Ministe­rio Público actuó de oficio para determinar los hechos punibles y designó a la agente fiscal González a cargo de la investigación.

OTROS PEDIDOS

En el primer oficio solicitado con la firma supuestamente adulterada de la fiscala Agui­lar, se pidieron los extractos de Carmelo Caballero, Raúl Fer­nández Lippmann, José Ortiz, Luis Canillas, entre otros. Este pedido sí respondió la empresa telefónica y esa información la publicó el diario ABC.

Nuestro diario accedió luego a otros documentos que tam­bién fueron enviados a las telefónicas y en las que soli­citaban extractos de otros políticos como Efraín Alegre, Desirée Masi, Rafael Filiz­zola, Mario Abdo Benítez, Luis Alberto Wagner, Enri­que Bacchetta, entre otros.

Según afirman desde las tele­fónicas, este otro pedido ya no se respondió. Sin embargo, los políticos Alegre, Masi y Filiz­zola, bajo patrocinio del abo­gado Guillermo Duarte Caca­velos, denunciaron el hecho ante la fiscala Marlene Gon­zález.

¿AMEDRENTAMIENTO?

La semana pasada, llegaron a LN dos oficios firmados por la fiscala González. Uno en el que solicita un ejemplar de la edición del 24 de enero de este año y otro dirigido al perio­dista Jorge Torres Romero, en el que le pide lo siguiente: “Informar si el flujo de lla­madas entrantes y salientes atribuido al señor Enrique Bacchetta en el período com­prendido de mayo a noviem­bre del 2017 y publicado en la nota periodística del dia­rio La Nación en fecha 24 de enero del 2018 cuenta con logotipos u otros medios de identificación de la persona física o jurídica que ha pro­visto tales datos”.

En otra parte del oficio se emplaza al periodista a remi­tir la información solicitada: “Remitir copia del docu­mento en el que se encuentra el detalle de llamadas entran­tes y salientes atribuidas al señor Enrique Bacchetta y que motivaron y sirvieron de sustento para la publicación del día miércoles 24 de enero del 2018 suscrito por el citado periodista e intitulada “SENA­DOR BACCHETTA LLAMÓ A 23 FISCALES Y 37 JUECES EN 7 MESES. Sírvase remi­tir el informe solicitado en un plazo de 72 horas computados a partir de la recepción de la siguiente nota”.

DENUNCIA DE AMEDRENTAMIENTO

Hace un par de semanas, la periodista del diario ABC Color Mabel Rehnfeldt había denunciado que fue amedrentada por la Fiscalía cuando fue consultada sobre quién le proporcionó la infor­mación sobre los audios que fueron difundidos y que reve­laron los casos de tráfico de influencias.

La comunicadora, quien había denunciado el hecho ante la Fiscalía, fue llamada a declarar en su condición de denunciante y el hecho pro­vocó la reacción de la perio­dista y otras voces como la del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, quien había exhortado a través de su cuenta en Twitter del respeto a las garantías constituciona­les para el libre ejercicio del periodismo.

El caso de Torres es también preocupante, quien ni siquiera fue denunciante ante la Fisca­lía, pero sin embargo es empla­zado a que revele su fuente.

“Estadísticamente tuvimos un accidente cada 30 minutos, el 80% de los que provocaron los accidentes estaban alcoholizados”, comentó César Pujol, voluntario de la Cruz Roja, en conversación con la 1020 AM.

Agregó que algunos accidentados que estaban alcoholizados, quisieron agredir a los voluntarios. “Eran personas que no estaban ubicadas en el espacio tiempo debido al alcohol”, indicó.

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“Nos sorprendió la cantidad de accidentes que se dieron en 12 horas”, subrayó el voluntario.

Explicó además que como Cruz Roja, el trabajo que tienen es llevar a las personas accidentadas hasta el centro asistencial más cercano, ya que se debe atender a los pacientes lo más rápido posible.

El decreto establece las pautas generales y describe los mecanismos, las metodologías y herramientas esenciales para la programación presupuestaria de todas las entidades del sector público.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, los plazos para la carga de los respectivos anteproyectos quedan definidos de la siguiente manera: el Anteproyecto de Presupuesto 2025 hasta el 27 de junio de 2024; y el Presupuesto Plurianual 2025–2027 hasta el 22 de julio de 2024.

Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el proceso de elaboración de los anteproyectos de presupuesto deberán asignar los recursos para satisfacer las necesidades de la población, enfocándose en el logro de metas y resultados tangibles que beneficien a la sociedad.

Las entidades deberán planificar la adquisición de bienes y servicios que cumplan con los requerimientos para el cumplimiento de sus fines misionales y reflejar en el anteproyecto los requerimientos financieros para el efecto.

El gasto público debe mantenerse coherente con la capacidad de generación de recursos fiscales, en un contexto de racionalidad y austeridad en el uso de los recursos disponibles.

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“Desde la dirección de la Policía Municipal de Tránsito se prevé un plan de contingencia por los días de lluvia”, refiere el comunicado.

La medida es adoptada ante los inconvenientes registrados en las últimas lluvias, donde los semáforos quedaron fuera de funcionamiento y algunas calles fueron inundadas.

La alerta meteorológica es por el ingreso de sistema de tormentas es para la Región Oriental y sur de la Región Occidental, desde este miércoles 1 al viernes 3 de mayo.

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Los departamentos afectados son: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Central, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, Caazapá, Alto Paraná, Presidente Hayes, Boquerón, San Pedro, Canindeyú y Concepción, además de la ciudad de Asunción.

El boletín refiere que se esperan lluvias con acumulados de entre 50 y 80 mm por día, con ráfagas de viento en torno a los 120 km/h.

Existe además una alta probabilidad de ocurrencia de granizo. Se espera que las condiciones climáticas tengan mejoras parciales con el correr de los días.