La Dra. Wilma Basualdo, miembro del Programa de Control de Infecciones del IPS, en entrevista desde los estudios de Radio Uno habló sobre la presencia de la bacteria KPC en el hospital central y su supuesta relación con el fallecimiento de varios pacientes internados.

Al respecto, mencionó que la bacteria Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa (conocida como KPC) está instalada en Paraguay desde el año 2009, por lo que en este caso no se trata de un brote nuevo. Además, confirmó que ya había aparecido anteriormente en otros hospitales.

Uno de los factores que contribuyen a que la bacteria se propague en varios lugares es que parte del personal de salud es compartido, lo cual significa que tanto médicos como enfermeras suelen trabajar en más de un centro de salud, sin dejar de mencionar que en muchos casos no se cumplen las mínimas medidas de higiene.

“Esta bacteria no solo está en Paraguay, sino también a nivel mundial. La forma en la que se propaga a otros países es a través de los viajes, la característica es que tiene una cuestión genética que permite que vaya de un sitio a otro”, expresó la Dra. Basualdo.

Aclaró que el KPC no es una bacteria que está presente en el exterior, sino más bien en los hospitales y terapias intensivas, además de que afecta principalmente a los adultos mayores con alguna patología grave. “La gente está consultando por temor, pero si estoy con fiebre en mi casa no es que tengo KPC, generalmente afecta a gente que está en terapia intensiva, está bien localizada”, indicó.

Para evitar la propagación de la bacteria, la profesional del IPS recomendó al personal de blanco tener en cuentas las medidas y prácticas de higiene, sobre todo en el lavado de manos, ya que en gran medida se transmite a través del contacto físico.

Basualdo manifestó que varios de los que portan la bacteria de KPC en su organismo fallecen, pero que la causa de la muerte puede ser otra y no necesariamente la presencia del virus. En muchos casos, los pacientes pasan semanas o meses en terapia intensiva con una enfermedad o patología grave y durante ese tiempo el cuerpo se va deteriorando.

Asimismo, aclaró que la bacteria muta y en ocasiones se hace inmune a los medicamentos, por lo que su combate se vuelve más complicado.

La Dra. Basualdo fue sincera al confirmar que llegaron a tener un problema con las sábanas y las batas que eran utilizadas en el Hospital Central del IPS, lo cual contribuyó al brote de KPC, pero que actualmente ya pudieron subsanar el inconveniente y ya se encargan de proveer sábanas limpias a los pacientes.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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