En 2016 fueron 33 los periodistas asesinados en toda la región, en comparación con los 27 de 2015, 25 de 2014 y 18 de 2013. Los 33 asesinatos de periodistas ocurrieron en Brasil, Honduras, México, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Perú y Venezuela.

El informe recoge además “cientos de agresiones, amenazas, y hostigamientos, entre otros actos de violencia cometidos contra periodistas o trabajadores de medios de comunicación, (…) como consecuencia de las denuncias realizadas o la información difundida”.

En 2016 también hubo “declaraciones estigmatizantes hacia aquellos que publican información que no es del agrado de las autoridades” en Colombia, Bolivia, Honduras, Ecuador, El Salvador y Venezuela, y múltiples agresiones contra periodistas en el marco de protestas sociales.

La CIDH destacó la detención de una periodista durante una protesta contra un oleoducto en Dakota del Norte (EE.UU.) así como decenas de agresiones, algunas de agentes de la fuerza pública, en Brasil, Colombia, Canadá, Paraguay, El Salvador y Venezuela.

El informe “condenó” además la muerte de manifestantes y agentes estatales en el marco de protestas en 2016: 8 en México, 4 en Venezuela, 3 indígenas y un estudiante en Colombia y 3 mineros en Bolivia, país en el que fue asesinado el viceministro del Interior, Rodolfo Alvarado.

La CIDH ve con preocupación en su informe las múltiples denuncias penales presentadas por funcionarios estatales o candidatos políticos contra periodistas por la publicación de informaciones de interés público, que acabaron algunas de ellas con condenas a penas de prisión.

“La utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público persiste en algunos países como respuesta desproporcionada a los eventuales conflictos con el honor y la reputación”, apunta en informe.

Alerta además que “aunque no fue la regla, en un pequeño número de países se registró casos de censura estatal de medios de comunicación, bloqueo de páginas informativas en Internet y ataques de denegación de servicios contra sitios web de medios y organizaciones no gubernamentales”.

Finalmente, la CIDH “registra con especial interés los avances verificados en los Estados del hemisferio en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública” y ve “una buena noticia” en “el creciente rol de los tribunales superiores de varios países que emitieron pronunciamientos judiciales que incorporan una protección reforzada a la libertad de expresión”.

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Américanos (OEA) con sede en Washington.

La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de Diputados, presidida por el legislador Héctor Figueredo, durante su reunión ordinaria de esta semana, recibió a la viceministra de Industria y Comercio, Lorena Méndez de Gustafson, así como a representantes de la Asociación de Distribuidores del Alto Paraná (ADAP).

Esta mesa técnica de diálogo se llevó a cabo a fin de debatir acerca de ciertas inquietudes presentadas por la ADAP en una anterior reunión con el bloque asesor.

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En aquella ocasión, los distribuidores expresaron su preocupación debido a la disminución del cupo legal de importación de la varilla de hierro, por lo que solicitaron la mediación de esta comisión para una reunión con las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, que es el ente encargado de regular la labor y las funciones de estas empresas importadoras.

Al respecto, La viceministra Méndez, expresó que buscarán una alternativa que beneficie a las asociaciones distribuidoras de varillas de hierro mediante un trabajo conjunto con otras instituciones del Estado.

“Existe ya una regulación en cuanto a la cantidad o cupos dependiendo de la producción nacional, y, en ese sentido, hay temas que dependen del Ministerio de Industria y Comercio, y otros en los que tenemos que coordinar acciones en conjunto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)”, explicó la viceministra del Poder Ejecutivo.

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Por su parte, la presidenta de la ADAP, Nelly Vázquez, explicó que el problema se encuentra en que existe una competencia desleal en el sector, teniendo en cuenta que empresas que no se encuentran inscriptas como distribuidoras importan varillas de hierro desde el exterior, sin ningún control.

“Tenemos un problema con la licencia previa y mediante esta reunión tratamos de conocer el método aplicado por el MIC para otorgar la licencia para la distribución e importación de varillas de hierro, porque a los que trabajamos en este rubro no nos está beneficiando. Como distribuidores somos importadores de productos, pero hay gente que está importando no siendo distribuidor, por lo que hay una competencia desleal”, alegó la titular de la asociación.

A través de un comunicado el MOPC recordó la reglamentación de la Ley N.º 5016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial, que en su Artículo 43 establece que: “No podrá colocarse en la vía pública y franja de dominio, propaganda comercial, construcciones u otros elementos que afecten la visibilidad del conductor”.

La necesidad de mantener este espacio libre se fundamenta en varias razones importantes:

Seguridad vial: Las franjas de dominio despejadas garantizan una visibilidad adecuada para los conductores, lo que reduce el riesgo de accidentes de tránsito al permitir una respuesta más rápida ante situaciones imprevistas en la carretera.

Fluidez del tráfico: Evitar la obstrucción de las franjas de dominio ayuda a mantener un flujo de tráfico más fluido y eficiente, ya que los conductores tienen una mayor capacidad para realizar maniobras de adelantamiento y cambios de carril de manera segura.

Prevención de distracciones: La presencia de elementos como monolitos, carteles publicitarios, vendedores ambulantes u otros objetos en las franjas de dominio puede distraer a los conductores, lo que aumenta el riesgo de accidentes y obstaculiza la atención en la conducción.

Mantenimiento de la infraestructura vial: Al mantener despejadas las franjas de dominio, se facilita el acceso a la infraestructura vial para labores de mantenimiento y reparación, lo que contribuye a prolongar la vida útil de las carreteras y garantizar su óptimo estado.

En ese sentido, desde el ente sostienen que mantener despejada la franja de dominio de una ruta es esencial para garantizar la seguridad, la fluidez del tráfico y el óptimo mantenimiento de la infraestructura vial.

La Comisión de Legislación y Codificación emitió dictamen de aprobación al proyecto de ley “De protección a la trabajadora embarazada”, iniciativa que tiene como finalidad proteger y blindar a las mujeres en estado de gravidez para casos específicos en su lugar de trabajo.

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Paraguay cuenta, actualmente, con la Ley N° 5508/2015, “De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”, que es una herramienta fundamental de protección a la maternidad y lactancia materna, pero que, sin embargo, la misma no aborda, específicamente, al período de embarazo.

El ente asesor resolvió dictaminar a favor del documento, no sin antes sugerir algunas modificaciones de forma.

La iniciativa forma parte del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados prevista para este miércoles 22 de mayo.