El Ministerio Público informó que los agentes fiscales Eugenio Ocampos, María Estefanía González y Aldo Cantero imputaron a Raúl Alberto Cáceres González (26), Milciades Agüero Coronel (28) y Hugo Erasmo Vera Martínez (28) por la supuesta comisión del hecho punible de perturbación de la paz pública, tipificado en el artículo 234 del Código Penal Paraguayo en concordancia con el artículo 31 del mismo cuerpo legal (complicidad).

Con esta última medida, aumentan a siete los imputados en relación a los hechos vandálicos que culminaron con la quema parcial de la sede del Parlamento. Ya habían sido imputados por “fabricación ilícita y hechos punibles conexos, establecidos en la Ley 4036/10 de ‘Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines’, en calidad de partícipes, Brian Esteban Martínez Jara, Luis Octavio Sánchez, Stiben Antonio Patrón Cáceres y un adolescente de 17 años.”

Para los tres primeros nombrados, los representantes del Ministerio Público solicitaron al juez Penal de Garantía la aplicación de la medida cautelar de arresto domiciliario para los procesados, teniendo en cuenta que se reúnen los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal.

Refieren las autoridades que, el 31 de marzo de 2017, Cáceres González supuestamente fue el primero en ingresar de manera violenta, con otras personas, a la sede Legislativa, posteriormente habrían ingresado Agüero Coronel y Vera Martínez. Los mismos formarían parte del grupo de personas que rompieron los blindex y puertas que aseguraban la institución. Además, presuntamente destruyeron equipos informáticos, muebles, vidrios, mamparas e incendiaron el Congreso Nacional.

Según consta en la carpeta fiscal, los procesados en carácter de partícipes, se habrían agrupado y formado parte de la multitud, que sobrepasaron la valla de seguridad puesta por los policías. De este modo habrían creado un estado de inseguridad quebrantando la paz; con conductas que no se ajustan a las normas jurídicas que las regulan.

El Ministerio Público obtuvo los elementos probatorios de sospecha a través del peritaje al que fueron sometidas las imágenes de circuito cerrado del interior de edificio legislativo, precisó finalmente la divulgación de la fiscalía.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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