Afirmó que es nece­sario que se establezcan con­diciones penales más severas con el fin de castigar a los res­ponsables. Esto en torno a los 295 contratos de un “superpro­veedor” del Estado, Cristino Jara López, quien facturó G. 57.000 millones a dichas ins­tituciones.

“Estamos hablando de cerca de G. 170 mil millones en total de emisión de facturas que nosotros presumimos que son falsas. Hay que recordar que existen 17 municipios y una gobernación que han adqui­rido o recibido servicios de una empresa cuyo 97% de sus gas­tos o costos son facturas fal­sas”, refirió. Mencionó que los trabajos de investigación ya comenzaron con una reunión realizada en la fecha con los representantes de la Contra­loría y del Ministerio Público. “Acá la Contraloría tendrá la responsabilidad de verificar que las obras se hayan reali­zado, sus costos y todo lo rela­cionado a cómo son los gastos del dinero público y la Fiscalía se encargará de ver las impli­cancias de posibles hechos punibles, de hecho nuestra denuncia es por la utilización de facturas falsas y bueno ten­drá que determinar si existen otros hechos punibles”, indicó.

Comentó que la Dirección de Contrataciones Públicas está colaborando con dichas ins­tituciones. Agregó que desde su institución tienen trazado absolutamente toda la ruta del dinero. “Cuando hablamos de una empresa muy grande que están haciendo obras a nivel nacional, lo que uno presupone es que hay una estructura bas­tante amplia, bien organizada, donde se paga con cheques o se hacen transferencias ban­carias y eso no existe. Siempre nosotros hablamos de supues­tos, escuché entrevistas a algu­nos intendentes que desmeri­tan lo que nosotros hacemos y lógicamente critican eso, que para nosotros es normal, pero estamos muy seguros de lo que hicimos y tenemos totalmente trazados”, detalló. Ante la con­sulta de que si dicha empresa pudo haberse infiltrado en las instituciones del Poder Eje­cutivo, indicó que “puede ser, el director de Contrataciones me comentó que esta empresa tiene contratos pequeños con algunas entidades, no sé si son de la administración central, pero sí pueden ser entida­des del Estado, además de los municipios”.

DEPÓSITO DE G. 3.500 MILLONES

Dentro de la investigación realizada por la SET se descubrió que el proveedor de los municipios intentó depositar un cheque por G. 3.500 millones (US$ 510.000 al cambio actual) en el Banco Nacio­nal de Fomento y que fue emitido por una de las municipalidades, pero la entidad bancaria no le permitió porque le pidió justificar el origen de los fondos. Luego el proveedor en cuestión pudo depo­sitar en un banco privado, cuya identidad no reveló, pero confirmó que dos días después del depósito se retiró la jugosa suma.

La entrega se realizó a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y autoridades de la Gobernación con recursos propios.

Este sábado, la asistencia se extendió a la comunidad de Potrero González, distrito de Tacuaras, donde unas 28 familias recibieron ayuda inmediata, incluyendo la entrega de una canoa a remo para uso comunitario, facilitando así el acceso a sus hogares en medio de las inundaciones.

El despliegue de asistencia se extendió a lo largo y ancho del departamento, abarcando comunidades en Pilar, Tacuaras, Guazucuá y San Juan de Ñeembucú. En Pilar, se brindó ayuda a 510 familias, en Tacuaras a 649 familias, en Guazucuá a 575 familias, y en San Juan de Ñeembucú a 961 familias. Además, se prestó atención específica a grupos vulnerables como la comisión de chatarreros y la comisión de yuyeros ambulantes.

Los datos preliminares de la Secretaría Departamental de Gestión y Riesgos resaltan la magnitud de las lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú en los primeros cuatro meses del año. Distritos como Guazucuá y Tacuaras experimentaron niveles alarmantes de precipitación, alcanzando el 76% y el 60%, respectivamente, de la media anual de lluvias. En Pilar, la situación no es menos preocupante, con el registro del 45,3% de la media anual en tan solo cuatro meses.

Un joven estudiante murió trágicamente en un accidente de tránsito que se registró ayer en horas de la tarde, sobre la calle Fernando de la Mora casi Presidente Hayes, en el barrio Lomas Valentinas de la citada ciudad.

La víctima fatal fue identificada como Juan Paul Ruíz Díaz de 21 años, quien circulaba a bordo de un automóvil Hyundai, con chapa DAJ 555. El otro vehículo involucrado es un automóvil Kia Cerato, chapa OAC 764, que iba al mando de Edgar Iván Dávalos Rivelli (21), quien quedó con lesiones.

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Según los datos policiales, Juan Paul circulaba sobre la mencionada calle, mientras que en el sentido contrario Dávalos Rivelli. En un momento dado del tramo, Juan atropelló un charco de agua, que se formó por la lluvia, perdiendo el control de su móvil yendo a impactar contra el rodado de Edgar Iván.

En consecuencia, Ruíz Díaz volcó quedando atrapado dentro de su automóvil. Lastimosamente el joven falleció al instante, en tanto, el otro conductor lesionado fue trasladado hasta un centro asistencial. El caso fue reportado a la Policía Nacional para los procedimientos correspondientes.

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Los funcionarios de la Receita Federal y de la Fuerza Nacional detuvieron a un joven paraguayo que se desplazaba a bordo de un vehículo equipado con un compartimento oculto lleno de marihuana prensada. El procedimiento fue realizado ayer en la aduana brasileña ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad.

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Los encargados del control fronterizo abordaron un automóvil con chapa paraguaya y, al momento de la inspección, percibieron el olor a marihuana procedente de la parte trasera.

En tal sentido, procedieron a desarmar el paragolpes trasero percatándose de que había un doble fondo debajo del portabultos, por lo que procedieron a abrirlo encontrando 125 kilogramos de la droga.

Según los datos que brindaron, el conductor es un paraguayo de 25 años, quien fue detenido y enfrentará un proceso por tráfico internacional de drogas y se expone hasta a 15 años de cárcel.

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