Entre lágrimas e impotencia por no tener 22 millones de guaraníes mensuales para cubrir el tratamiento de su padre que padece cáncer de próstata y que hizo metástasis en los huesos, Clara Rojas cuenta el calvario que le toca vivir como asegurada del IPS.

Don Rojas comenzó a atenderse en un sanatorio privado al que accede gracias a su señora, quien mediante su trabajo tiene este seguro que a la vez beneficia a su marido.

Al principio retiraban los medicamentos del IPS pero frecuentaban a médicos del Sanatorio Británico, hasta que le pidieron cambiar el remedio porque ya no se lograba detener el cáncer. Sin embargo, esta nueva droga tiene un costo de 22 millones de guaraníes mensuales, por lo que Rojas recurrió a la previsional y luego de ocho meses ganó la demanda mediante un amparo judicial.

A pesar de esta medida, en el hospital alegan que no le entregarán el fármaco porque no podrán comprarlo. “Le hicimos un favor al IPS porque muchas cosas no usamos de ahí y ahora que necesitamos no nos dan”, expresó la joven en conversación con la 970 AM.

Cecilia contó que antes de esto, en IPS le hicieron 20 sesiones de radioterapia a través del Instituto Codas Thompson, las cuales dejaron de hacer el efecto esperado, por lo que ahora necesita de la quimioterapia por la cual debe pagar 22 millones de guaraníes al mes.

“No sabés como duele que tu papá te pida socorro porque le duele algo y no poder hacer nada para ayudarle”, dijo con la voz quebrada la hija.

Además del cáncer de próstata con metástasis en los huesos, el padre de Cecilia sufre ahora de una anemia avanzada que le impide moverse y además padece de fuertes dolores que ya no le calman ni siquiera con morfina.

Don Rojas es asegurado del IPS hace tres años y la enfermedad se le detectó hace dos años y medio.

El sindicado es Gerardo Javier González Luraghi, quien presuntamente habría extraído información de Visión Banco S.A.E.C.A, sin la autorización requerida. Esto se habría producido cuando el mismo se desempeñaba como empleado de la entidad bancaria.

Se presume que González Luraghi extrajo varios archivos informáticos que contenían datos del mencionado banco, como ser información crediticia de los clientes entre otros, lo cual habría realizado valiéndose del uso de cuentas de correos electrónicos corporativos y particulares. Todo esto se habría producido en el año 2023.

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A finales de ese mismo año, el banco le había comunicado su desvinculación y le fue presentada su liquidación, ante ello Gerardo González Luraghi, habría exigido que le sea entregada una suma muy superior al que le correspondía percibir en concepto de liquidación, debido a que supuestamente contaba con información “muy delicada y sensible relacionada al banco”.

También solicitó la cancelación de una deuda millonaria contraída con la entidad bancaria, a cambio de no entregar la información al ente de control (Banco Central del Paraguay).

El operativo se realizó en un local ubicado sobre la calle Rodríguez de Francia y Perú, según la denuncia, en el mismo se depositaban productos que habrían ingresado de manera ilegal al país.

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De acuerdo al reporte policial, carecían de documentos respaldatorios, no contaban con el registro sanitario de Producto Alimenticio y Registro de Establecimiento, además del etiquetado de importación.

Vendedores de otros locales rechazaron la intervención alegando que se trataba de un procedimiento irregular, por lo que, se dio inicio a incidentes entre locatarios y agentes de la Policía Nacional.

Según manifestaron, los intervinientes llegaron sin la orden de allanamiento y se llevaron mercaderías que sí estaban en reglas.

Por su parte, el director del Mercado 4, Víctor López, sostuvo aguardan el informe oficial del Ministerio Público y de Delitos Económicos sobre el operativo que estuvo encabezado por el fiscal Miguel Quintana.

“Por el momento no me confirmaron si el operativo es de Delitos Económicos o si es con un fiscal. Aparentemente, incautaron algunas que otras mercaderías”, expresó en conversación con la radio 650 AM.

En relación a las versiones que circulan en redes sociales y en medios de prensa, sobre la supuesta identidad del propietario del inmueble intervenido recientemente en la ciudad de Salto de Guairá, departamento de Canindeyú, la Ande señaló que institución no celebró contrato, ni registra Solicitud de Abastecimiento de Energía Eléctrica emanada de persona física ni jurídica en el lugar.

“La ANDE desconoce quién o quiénes son los propietarios del inmueble y de los equipos incautados por orden judicial, a raíz de la denuncia por Sustracción de Energía Eléctrica contra personas innominadas realizada ante el Ministerio Público de Saltos del Guairá”, dice el comunicado.

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En ese sentido, el ente manifestó que la causa se tramita ante la Unidad Fiscal a cargo del Abog. Oscar Paredes, quien, en el marco de la investigación se libró dirigidos a la Dirección General de los Registros Públicos, al Servicio Nacional de Catastro y a la Municipalidad de Saltos del Guairá, respectivamente, para que informen sobre la titularidad y condiciones de dominio del inmueble allanado.

MINISTRO RECHAZA INSINUACIONES

Ante dichas versiones circulantes, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, rechazó categóricamente las insinuaciones que pretenden vincularlo con la propiedad ubicada en Saltos del Guairá. donde la Ande intervino las instalaciones dedicadas a la criptominería ilegal.

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Al respecto, el ministró afirmó que no tiene ninguna propiedad en dicha localidad y que se reserva el derecho de accionar judicialmente contra quienes eventualmente sean responsables de los hechos de “difamación, calumnia e injuria”.