El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), arquitecto Omar Ludovico Sarubbi, confirmó que alrededor de las 10:30 de ayer miércoles se reportó el derrame de un líquido espero y oscuro en el río Tebicuarymi.

“Nosotros ordenamos parar la planta y proceder a una limpieza total, lo llevamos a cabo durante toda la noche y vamos a seguir de día”, comentó Sarubbi en conversación con radio UNO.

Entre Villarrica y Coronel Oviedo son unas 50.000 personas las que desde ayer permanecen sin el servicio de agua potable a causa del derrame intencional de combustible.

Respecto al tiempo estimado de reposición, Sarubbi contestó que por lo menos hasta el mediodía en lo que terminen los trabajos de limpieza. Sin embargo, después se prevé un monitoreo del río y un análisis para confirmar su potabilidad.

Mientras tanto, la Essap ayudará a los afectados con provisión de tanques de agua, hasta tanto se solucione el problema.

La denuncia ya fue presentada de manera verbal ante la Fiscalía y el titular de la Essap espera que el Ministerio Público actúe rápidamente para encontrar y castigar a los responsable.

Su detención se dio tras un allanamiento en la ciudad de Capiatá, específicamente, en la localidad de Posta Ybycua, según informó el comisario Hugo Grance, jefe de investigaciones de Central.

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Según los investigadores, González Veloso sería brazo derecho de Diego Ruíz, alías “Cabezón”, líder una peligrosa banda de asaltantes.

Está acusado de despojar de 100 mil dólares a un cambista en noviembre del año pasado en el barrio Villa Morra. En esa ocasión, su cómplice fue asesinado por la víctima del asalto.

El cuerpo del hombre fue abandonado por González y otro sujeto más luego de que protagonizaran un accidente de tránsito en medio de la huida, en la ciudad de Fernando de la Mora.

La víctima fue Armando Ismael Benítez Cabral, de 23 años, quien fue atacado cuando salía de una casa de cambios ubicada sobre la avenida Mariscal López casi Guido Spano en el barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción.

El objetivo es favorecer el desarrollo y dinamismo de la productividad de las familias rurales del país.

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Los compradores pueden acceder a productos frescos y a precio justo, como queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera y pato. Además de huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, maní, poroto manteca peky, habilla, poroto peky y almidón.

Así también ofrecen de su producción tomate, pimiento, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, granos en general, variedad de comidas típicas y tradicionales, artesanía, flores y plantas, entre otros.

Es impulsado por el Gobierno, a través de las Direcciones de Comercialización y Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con apoyo de la Entidad Binacional Itaipu y la UNOPS en Paraguay.

El actuario cuenta, entre otros cargos, con la acusación de haber participado del asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy (6 de septiembre de 2022).

El camarista Bartolomé Domínguez Paredes aseguró no haber firmado el levantamiento de una orden de detención contra el individuo, que estaría involucrado también en un atentado a tiros contra la vivienda de otro criminal, Ederson Salinas, alias Ryguasu (gallina), quien sobrevivió a esa agresión, pero luego fue asesinado a balazos en el estacionamiento de un supermercado de Asunción, en febrero de 2023.

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El documento apócrifo en cuestión igualmente involucra a los magistrados de la Circunscripción Judicial de Amambay: Luis Alberto Benítez Noguera y Modesto Cano Vargas.

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Los tres jueces denunciaron el hecho ante el Ministerio Público de Pedro Juan Caballero, ante la Corte Suprema de Justicia y ante doctor César Diesel, superintendente de la Circunscripción Judicial de Amambay. El expediente acusatorio está a cargo del fiscal Andrés Cantaluppi.

“Es diferente mi firma, al mirar a simple vista se nota que no es la mía ni de mis otros dos colegas afectados”, dijo Domínguez Paredes a la emisora Imperio de Pedro Juan Caballero.

Acotó que nunca levantó la orden de detención y de rebeldía a personas procesadas con causas relacionadas a narcotráfico.

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