Su imagen pidiendo un fármaco para la quimioterapia, portando un cartelito escrito a mano por él, “Quiero curarme. Paz y Salud”, se volvió viral en los medios de comunicación y las redes sociales de Venezuela y otras partes del mundo.

Su rostro, una cruda imagen de la crisis de salud que afecta al país sudamericano, y que según declaró en enero la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, es una “emergencia sanitaria”.

La Federación Farmacéutica Venezolana calcula en un 85% la escasez de medicamentos. Diferentes farmacéuticas y laboratorios limitaron sus importaciones al país y reclaman al gobierno de Nicolás Maduro más de US$3.000 millones.

La memoria y cuenta del Ministerio de Salud reveló que la mortalidad general en hospitales aumentó un 31% en 2015 y que el porcentaje de mortalidad neonatal se multiplicó por 100.

Sin embargo, el oficialismo dice que la crisis de salud ha sido exagerada por grupos de oposición dentro del sector médico y defiende su política de salud destacando la instalación de cientos de centros ambulatorios en barrios populares del país operados por médicos cubanos.

“LUCHA TITÁNICA POR LOS MEDICAMENTOS”

“Fue él mismo el que solicitó ir a la marcha y en un momento pidió un papel y diseñó su pancarta”, le contó a BBC Mundo, Ricardo Lobo, su tío. “Era un chico muy alegre, transmitía mucha energía positiva”.

Oliver fue diagnosticado de linfoma no Hodgkin en noviembre pasado. El primer síntoma de su enfermedad fue una infección y una fiebre, y se pensó en una gripe.

Pero diversos estudios médicos confirmaron lo peor: un cáncer del tejido linfático. Así le explicó a BBC Mundo Esperanza Hermida, una amiga de la familia y activista de derechos humanos.

Para la familia de Oliver conseguir medicamentos esenciales para su tratamiento, como fenobarbital y epamin (anticonvulsivos) o oxcarbazepina (antiepiléptico) fue una “lucha titánica”, según recuerdan.

“Fue realmente una odisea. Nos basamos más que nada en redes sociales, en amigos, buscar en farmacias, escribir en Twitter, en donativos, tratando de buscar los medicamentos”, aseguró el tío de Oliver.

“Pero era muy difícil, pues a veces los conseguíamos en el interior del país y teníamos que trasladarnos hasta allí para traerlos”, agregó Lobo.

SIN CAMA EN EL HOSPITAL

Oliver, quien tenía una hermana mayor, estudiaba segundo grado en el Colegio Arandu de Charallave, en el estado de Miranda, al sur de Caracas, hasta que la enfermedad obligó a la familia a mudarse al municipio de Caricuao, en la capital venezolana, donde vivían sus abuelos maternos.

Su mamá dejó de trabajar en Seniat (la agencia tributaria de Venezuela) para cuidarlo. El sustento de la familia era su padre, quien era transportista.

Hace una semana la condición de Oliver se agravó por una infección urinaria y una respiratoria que lo llevó al coma.

En el Hospital Dr. Elías Toro de Caracas, donde lo trataban desde que se inició su enfermedad, no consiguió cama en terapia intensiva para que lo atendieran.

Al final, la familia se vio obligada a trasladarlo al Centro Médico Loira, también en la capital pero privado, donde murió el martes a las 12:30 pm, después de 10 días de permanecer en terapia intensiva.

QUERÍA SER FAMOSO COMO MICHAEL JACKSON

A pesar de su enfermedad, Oliver “era un chico muy alegre, le gustaba mucho bailar, transmitía mucha energía positiva”, contó su tío.

La amiga de la familia y activista de derechos humanos Esperanza Hermida afirmó que Oliver quería ser “un bailarín famoso”, como Michael Jackson, su ídolo, al que le gustaba imitar y con el que presumía de tener un parecido.

“Era perspicaz, pícaro, le gustaba cantar, bailar, reírse”, dijo Hermida.

También mencionaba que quería ser inventor y trabajar en un laboratorio “para encontrar curas para su enfermedad”.

“Y de vez en cuando mencionaba que quería ser bombero”, agregó Hermida.

CONMOCIÓN EN REDES

El caso de Oliver ha causado una conmoción en las redes sociales, donde es habitual encontrar peticiones urgentes de medicamentos. Algunos venezolanos también las importan de otros países, especialmente de Estados Unidos.

Incluso famosos como el cantante Ricardo Montaner o el humorista y politólogo Laureano Márquez se han manifestado sobre el caso de Oliver.

“Es inaceptable. Esto nos confronta a todos. ¿En qué nos estamos convirtiendo?”, escribió Márquez, indignado, en su cuenta de Twitter.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.