Desde el domingo, cuando se conoció la filtración y el resto de los 100 medios que forman parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) empezaron a divulgar datos, gran parte del sistema político, empresarial y periodístico del país estaba esperando las revelaciones de Búsqueda sobre la plaza local. Había ansiedad por conocer esos datos, seguramente también entre muchos de nuestros lectores.

Luego de un debate periodístico, la conclusión a la que llegamos es que no la publicaremos. Es una decisión que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como periodistas y con una consideración sobre cuáles datos son de interés público y cuáles no.

Una cosa es lo que le interese al público -y seguramente a muchos de nuestros lectores les gustaría saber con qué dinero cuentan determinadas personas y dónde lo tienen guardado- pero eso es esencialmente una cuestión de interés privado. La plata de los hombres públicos o privados debería ser un asunto público solamente cuando hay de por medio algo que lo amerite.

¿Cuál puede ser el interés público? Si hay eventuales delitos, intención de lavar dinero con esas empresas offshore o de evadir impuestos.

El Observador ha investigado siempre que pudo en los últimos años los asuntos relativos al lavado de dinero. Publicaciones de este medio fueron insumos en varias oportunidades para que la Justicia avanzara y para que la Secretaría Antilavado buscara información.

En el medio de ese trayecto hemos cometido errores y hemos aclarado cuando ha sido necesario. Pero no hemos dejado de informar cuando consideramos que tenemos elementos contundentes.

La decisión de hoy no tiene que ver con bajarle el perfil a Panamá Papers, sin duda un asunto que hará historia en materia periodística. Por el contrario, varios de los datos que surgieron de la filtración fueron publicados por este medio desde el domingo hasta hoy e incluso seguidos y contextualizados con información propia.

No nos negamos a dar nombres de la lista. Por el contrario, si en nuestro trabajo detectamos contradicciones, elementos que conduzcan a conductas sospechosas o que ameriten indagar más, lo haremos con el mismo rigor de siempre. Daremos nombres si eso sucede.

¿Es legal tener una offshore?

Otro de los elementos de peso por el cual El Observador decidió no publicar la lista de uruguayos con empresas offshore es porque tener una compañía de este tipo no constituye de por sí una ilegalidad.

Como ya se informara en estos días, una offshore es una sociedad que se constituye en un país pero para ser usada en otra jurisdicción. “En Uruguay son totalmente legítimas y son algo bastante común”, explicó el abogado experto en derecho tributario, Leonardo Costa.

En esta nota se pueden ver algunos usos legales de empresas offshore. Pueden usarse para tener “inversiones pasivas” (un inmueble, por ejemplo), para realizar negocios en terceros países o para planificar sucesiones.

Sin embargo, desde el domingo hasta hoy, cada nombre que aparece en los medios del mundo queda con una mancha que lo rodea y lo obliga a salir a dar explicaciones.

La pregunta cantada es: ¿por qué nombramos a personalidades mundiales como Putin, Messi, Macri o el primer ministro de Islandia, que forman parte del listado de Panamá Papers, y no a personalidades locales?

Más allá de errores que podamos haber cometido, en cada uno de los casos internacionales hay una explicación. Messi abrió las sociedades en Panamá luego que la justicia española lo empezara a indagar por presunta defraudación tributaria. El presidente de Islandia no terminó dimitiendo simplemente por tener cuentas de este tipo en Panamá, sino por usarlas para esconder dinero. Detrás de las empresas offshore de los colaboradores de Putin se investiga lavado de dinero.

Quizás el caso más polémico es el del presidente argentino Mauricio Macri. Al mandatario argentino se lo acusó de integrar algunas empresas offshore, aunque en principio no parecía configurarse un ilícito. Pero el escándalo –como sucede habitualmente en un país tan polarizado- derivó también en fuertes ribetes políticos, lo que convierte al tema en noticia. Además, tratándose de un presidente, Macri debió incluir esas sociedades en las declaraciones juradas, razón por la cual este jueves la Justicia lo empezó a indagar.

En periodismo no hay fórmulas monolíticas y además puede haber diferencias totalmente válidas de criterio. Con esto no queremos decir que lo que hace El Observador está bien y las decisiones de otros medios están mal. Simplemente contarle a los lectores cuál fue el recorrido del medio para tratar este asunto.

Una mujer de 39 años demandó en Argentina a los fabricantes de AstraZeneca por un monto de 100 millones de pesos (unos 110.000 dólares) al asegurar que las tres dosis que recibió de esta vacuna le provocaron una enfermedad incapacitante, además de daños morales.

De esta forma, Flavia Ochoa se convirtió en la primera persona que acude a los tribunales de este país para exigir una reparación económica por parte del gigante farmacéutico anglo-sueco y del Estado argentino.

El caso ocurrió en la provincia de Córdoba, en donde la demandante afirmó que la vacuna le produjo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario y que puede paralizar el cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, sus problemas de salud comenzaron el 4 de enero de 2022, después de colocarse la vacuna AstraZeneca, ya que empezó a sentir calambres, se le aflojaron las piernas y al día siguiente ya ni siquiera se pudo levantar.

En las semanas siguientes, una médica le explicó que podrían ser efectos adversos de la vacuna y otros le recetaron fuertes calmantes para paliar el dolor. Su movilidad se redujo casi por completo.

Tratamiento

Comenzó entonces un largo tratamiento que incluyó radiografías, tomografías, punciones lumbares y análisis bioquímicos, hasta que le diagnosticaron formalmente el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Desde entonces sigue en rehabilitación, camina con andador y padece una extrema debilidad en las piernas, incontinencia, fuertes dolores en la espalda, rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión. En enero del año pasado, le otorgaron el retiro por invalidez.

Junto con los tratamientos médicos postvacuna, Ochoa activó el camino judicial e interpuso una demanda en la que exige un pago de 110.000 dólares por concepto de incapacidad sobreviniente, fondo de reparación, proyecto de vida-pérdida, daño moral -suyo y de su pareja-, daño punitivo y daño emergente.

Ahora le tocará a los tribunales de Río Cuarto (Córdoba) decidir si la demanda avanza.

El caso se da a conocer luego de que AstraZeneca confirmara algunos efectos adversos de su vacuna y anunciara que ya comenzó a retirarla del mercado debido a la baja demanda.

En la lista figura el conocido Antonio Joaquim Mendes Goncalves da Mota, alias Motinha, brasileño que había huido de un operativo que se llevó a cabo en el departamento de Amambay.

La disposición de búsqueda de los acusados por narcotráfico, menciona con énfasis el tráfico de marihuana y cocaína desde Paraguay, que se convirtió en los últimos años en un “pasillo” de triangulación del estupefaciente químico proveniente de Bolivia.

Con intercepción de llamadas y mensajes, autoridades del vecino país accedieron a evidencias que incriminan a paraguayos en esquemas binacionales para traficar estupefacientes al Brasil, considerado como uno de los mercados grandes de destino de las drogas.

Te puede interesar: Droga a España: acusación que salpica a senador alcanza un General y a mimada de Giuzzio

En el caso referente a alias Motinha, los informes relevados por la Policía Federal, consignan que el mismo es considerado un pez gordo que opera principalmente desde la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

El sujeto alternaba residencias entre ambos países, y el año pasado logró romper un cerco de operativo llevado a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y de la Policía. La acción se llevó a cabo en una de sus estancias ubicadas en Amambay, pero el resultado fue negativo, tras presuntas filtraciones que se verificó desde los entes en cuestión.

Te puede interesar: Conmebol pide a Fiscal General avances en el caso Atlas por lavado

Este martes por la mañana una emotiva procesión de casi 200 personas se dirigió a la iglesia Brandywine en Greenfield (Indiana, EE.UU.) para rendirle tributo a un niño de 10 años quien se suicidó después de sufrir un acoso escolar implacable, recogieron medios locales. Su funeral se llevó a cabo en la mañana de este miércoles.

Sammy Teusch se suicidó el pasado 5 de mayo por la mañana, según el medio local 13News. “Lo sostuve en mis brazos. Hice lo que ningún padre debería hacer, y cada vez que cierro los ojos, es todo lo que puedo ver”, comentó su padre, Sam Teusch. “Él era mi hijo pequeño. Era mi bebé. Era el más pequeño”, dijo la madre de Sammy, Nichole Teusch.

Acosado hasta la muerte

Según su familia el niño estuvo siendo intimidado hasta la noche antes de su muerte. También dijeron que el acoso comenzó el año pasado en la escuela primaria y continuó este año en la Escuela Intermedia Greenfield. “Al principio se burlaban de él por sus gafas y luego de sus dientes. Esto continuó durante mucho tiempo”, expuso Sam. Lo que empezó como palabras progresivamente se volvió físico, subrayaron. “Lo golpearon en el autobús escolar y los niños le rompieron las gafas y todo”, expuso su padre.

La familia de Sammy explicó también que el acoso progresó desde la escuela y el autobús hasta las redes sociales, incluso a pesar de que él tenía acceso limitado a su teléfono. “‘Te voy a dar una paliza. Te voy a dar una paliza cuando llegues a la escuela’”, recordó Sam. Sus padres dijeron que debido al acoso el niño se volvió retraído y dejó de abrirse. Ellos consideran que su suicidio se debió a que temía ir a la escuela después de un incidente en el baño y el ‘bullying’ constante.

La escuela

Los padres de Sammy Teusch dijeron que se comunicaron con la escuela de su hijo 20 veces por acoso e intimidación. “Llamé a la escuela y les dije: ‘¿Qué están haciendo al respecto? Sigue empeorando, empeorando y empeorando. Y no está mejorando. De hecho, está empeorando’”, comentó su padre. “Sabían que esto estaba pasando”, afirma Sam.

El superintendente de escuelas, Harold Olin, señaló a 13News que ni los padres ni el estudiante presentaron ningún informe de acoso. Sin embargo, admitió que los administradores y el consejero de la escuela tuvieron conversaciones regulares con la familia durante todo el año, aunque indicó que no podía compartir su contenido.