Detalló que la comunidad está distante a unos 45 km de la ruta que conduce al centro de Pedro Juan Caballero, razón por la cual se consideró necesario consensuar opciones para abastecerse.

Ilse Giménez, coordinadora de Pueblos Indígenas de Amambay, comentó que se realizó una consulta previa para ejecutar la inversión en los insumos y armar el almacén de consumo, y quienes estuvieron de acuerdo, pasaron a ser socios. En total son 62 familias las que asumieron la responsabilidad de socios inversores del proyecto.

Señaló que lo más importante es “realizar un movimiento económico para aprovechar mucho mejor las transferencias monetarias del programa Tekoporã.

Cada socio aportó 100.000 guaraníes como capital semilla para desarrollar el proyecto. El beneficio de los socios inversores es un crédito de 100.000 guaraníes para retirar mercaderías del almacén y pagarlos luego del cobro de Tekoporã.

En la comunidad indígena son 105 las familias que reciben las transferencias monetarias desde el 2015.

Cabe mencionar que la iniciativa de almacén de consumo comunitario de familias de Tekoporã inició en las comunidades indígenas del Chaco.

Posteriormente, la Cámara de Diputados declaró de interés nacional para las comunidades indígenas, el fomento, la asistencia y el fortalecimiento estatal de los almacenes de consumo como mecanismo de autogestión, e instó al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Secretaría Técnica de Planificación (STP), implementar las acciones correspondientes, a través de una Mesa Técnica Interinstitucional.

El objetivo de los almacenes es fomentar la solidaridad, potenciar el capital humano y el desarrollo familiar/ comunitario. Las familias de la comunidad podrán acceder a productos de la canasta básica necesarias para la alimentación diaria, específicamente las que no forman parte de la producción familiar.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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