“La gente no me conoce. Creen saber cómo soy, pero no me conocen”, manifestó Lilian Zapata, agregando que siempre estuvo al cuidado de su hija, más todavía sabiendo la condición física de la misma.

“A la única que le interesa encontrarle, es a mí. Me da igual estar afuera o adentro, lo único que quiero es encontrar a mi hija”, sostuvo Zapata.

Cuestionó además el trabajo del Ministerio Público en el caso, ya que considera que los fiscales solo “buscan encontrar un culpable y desligarse de la investigación”.

Por otra parte, mencionó que ella en reiteradas ocasiones había solicitado que investiguen a su padre y abuelo de la pequeña, Rufino Zapata.

“Mi papá y el capataz tienen contacto, intercambiaron mensajes y supuestamente ellos no se conocían”, subrayó.

Cabe recordar que la Fiscalía solicitó la pena de 9 años de prisión para Lilian Zapata y 3 años para Reiner Oberuber en el juicio oral y público. La sentencia del Tribunal se conocerá en el transcurso de la tarde de este jueves.

Santiago Llano Marín (28) falleció el martes por la noche luego de un accidente de tránsito sobre la Ruta Eco Via San Bernardino-Luque, donde su camioneta Toyota Hilux chocó contra un camión de la marca Mercedes Benz.

La Fiscalía abrió una investigación al respecto e imputó por homicidio culposo al señor Adán David Ortellado, chofer del camión, quien prestó declaración esta mañana y obtuvo medidas alternativas a la prisión, bajo una fianza de G. 500 millones.

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Por su parte, Blas Llano, padre del fallecido, dijo hoy en una entrevista con Telefuturo que no accionará contra el chofer ni impulsará ninguna medida en su contra.

Además de quedar sujeto a la fianza, sobre el chofer pesan otras medidas como: obligación de presentar mensualmente ante el Juzgado y las prohibiciones de salir del país y de consumir bebidas alcohólicas.

Ortellado aseguró que durante el percance ocurrido el martes por la noche, solamente sintió el impacto de la camioneta.

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Ronald Javier fue detenido en una barrera policial en Pedro Juan Caballero, y la revisión de los varios celulares que llevaba, determinó que uno de ellos revele su ubicación al momento del asesinato múltiple. Con esta aprehensión suman dos los capturados en torno al luctuoso suceso. El primero había sido el 15 de enero pasado, cuando detuvieron a Ángel Vera Benítez, un sujeto con frondosos antecedentes, cuatro de los cuales por secuestros.

La ejecución de los seis integrantes de la estancia Piky, según las pesquisas, tiene dos hipótesis de posibles causas. Una de ellas señala que los sicarios habrían actuado por mandato del recientemente fallecido Clemencio “Gringo” González.

Este habría pagado a los matones, impulsado por su afán de vengar el asesinato de su hijo Charles González, ocurrido el año pasado en Pedro Juan Caballero. Al parecer de los investigadores, Gringo habría recibido la información de que tres de los seis hombres que estaban en la estancia, habrían sido los que mataron a Charles. Y que para “asegurar”, los sicarios mataron a los seis.

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Representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura acudieron esta mañana hasta el Hospital Militar, a fin de interiorizarse sobre la situación del cadete Ángel González (20), quien fue sometido a una intervención quirúrgica tras ser víctima de una agresión en la Academil.

Desde el sistema de turno del MNP se realizó un relevamiento de información sobre las circunstancias en que se registró el hecho, tomando contacto con autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, de manera a determinar las acciones a tomar en este caso.

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A través de un comunicado divulgado este jueves, destacaron la rápida intervención del ministro de Defensa, Óscar González, así como también la pronta identificación y arresto del supuesto autor, quien sería estudiante del cuarto curso.

“En sucesivas intervenciones sobre denuncias de tortura y malos tratos en los establecimientos militares, entre los que se cita la Academil, el MNP recomendó una serie de medidas de prevención, especialmente en la aplicación de castigos por parte de pares cadetes superiores”, refiere el texto.

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El Mecanismo de Prevención de la Tortura insta a a determinar las responsabilidades que pudieran recaer sobre otras autoridades militares en caso de que las mismas hayan tenido conocimiento y/o tolerado este tipo de hechos.

Así también, piden que la justicia ordinaria (en este caso, la Fiscalía) pueda impulsar una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y que se aplique la sanción requerida fuera del ámbito militar.