​Las medidas a adoptar serían, por una parte, la educación en la prevención de abusos sexuales y embarazos tempranos, ya que ”Paraguay carece de una política integral de educación sexual”, dijo hoy a Efe Norma Benítez, portavoz de una de las organizaciones integrantes del Movimiento.

Además, el Estado deberá asegurar que en los servicios de salud las niñas puedan interrumpir su embarazo, dado que “el embarazo temprano pone en riesgo su vida, y la ley paraguaya permite abortar en estos casos”, indicó Benítez.

En este sentido, denunció que el caso de la niña que hoy dio a luz en un hospital de Asunción, conocida como Mainumby, marca un “triste ejemplo” de la actuación del Estado en casos de menores con un embarazo producto de una violación.

“En estos casos, a las niñas se las interna en una institución, se las aleja de sus familiares y se criminaliza a sus madres. Después, se las tortura obligándolas a llevar a término su embarazo, porque el embarazo forzoso está naturalizado en Paraguay”, aseguró la activista.

Reclamó además que “el mismo Estado que obliga a las niñas a parir no les proporciona después asistencia”, y afirmó que, en el caso de la niña Mainumby, “todos sus derechos, como el de la vivienda, la salud o la alimentación, están totalmente conculcados”, tanto para ella como para su hija recién nacida.

Benítez alertó además del caso de otra niña de 12 años de edad, embarazada ahora de cuatro meses como resultado de una violación a la que la sometió supuestamente su cuñado.

En primer lugar, fue aprobado el proyecto que pide informe al INFONA, en relación a las medidas adoptadas dentro del marco de la Ley N° 4241/2010 “De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional”.

En ese sentido, solicita identificar las áreas naturales que bordean a los cauces hídricos en las cuales se llevan a cabo las intervenciones del INFONA, a los programas de restauración de bosques protectores de cauces hídricos en ejecución en cada departamento del país

Seguidamente, se dio visto bueno a la iniciativa que solicita informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), sobre titulación de terrenos de áreas de vida silvestre protegidas del dominio público del Estado”

Mediante la propuesta se exige indicar las áreas silvestres protegidas de dominio público que se encuentran tituladas y registradas a nombre del Estado, y de aquellas que aún no han sido tituladas y registradas, detallando los motivos.

Por otra parte, también fueron aprobados dos proyectos que solicitan informes al MADES, el primero, sobre la aplicación del artículo 41 de la Ley N° 1863/02 “Que establece el Estatuto Agrario”; y el segundo, sobre las tierras de dominio público del Estado que se encuentran dentro de la Reserva de Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, situada en el departamento de Misiones.

Se establece un plazo de 15 días para que las mencionadas instituciones remitan los documentos a la Cámara de Diputados.

Romper la lógica de años de un manejo discrecional de los fondos de Itaipú es lo que plantea el proceso que pretende implementar Santiago Peña en la entidad binacional.

Para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento al destino de cada billete, se dispondrá de un sistema de rendición de cuentas, en donde la gente sabrá en qué se invierten los recursos, en la medida en que se aprueban los proyectos.

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“Los proyectos los aprueba el consejo, los miembros del consejo son los ministros, cada proyecto que se vaya aprobando, nosotros iremos informando. Se va a hacer esta ruta, se va a construir este hospital, etc.”, explicó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

El presidente también reveló que se está analizando la posibilidad de un fondo fiduciario como lo implementa Brasil con Caixa y, a través de esta institución, va ejecutando los recursos.

Sin embargo, Peña aclaró que no se trata de una decisión tomada, pues, tampoco se pretende sumar burocracia y gastos a las gestiones que se necesitarán hacer. “A veces, en la ejecución de los programas se gasta más que en los programas en sí”, admitió.

Al margen de lo que se resuelva al respecto, la plataforma de transparencia será una realidad y permitirá dar seguimiento el uso del dinero.

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El agente fiscal Juan Ramón Olmedo, de la Unidad Zonal de San Pedro de Ycuamandyyú, representó al Ministerio Público en el juicio que derivó en la condena de un hombre a 20 años de pena carcelaria, tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños. 

 Los antecedentes de la causa refieren que en fecha 15 de mayo de 2022, en la localidad de Isla Sola, distrito de Nueva Germania, el hoy condenado cometió el hecho resultando víctima una niña que entonces contaba con 3 años de edad.

Considerando todos los elementos probatorios producidos en ocasión del juicio, el Tribunal de Sentencia presidido por Guido C. Marecos y conformado por Rodney R. Rejalaga y Norma Mabel Fleitas emitió la condena de 20 años de pena privativa de libertad.