“Presenté documentos donde constan propiedades que tienen que ser intervenidas, así como personas que tienen que ser investigadas dentro del cuadro policial. Acordamos con el Comandante que él también haría lo suyo en esta tarea de hacer un seguimiento, investigar y detener cargas de marihuana, por ejemplo, como ya ocurrió en la ruta 3 y en la que va a Coronel Oviedo y Ciudad del Este”, informó el congresista liberal, al término de la reunión.

El legislador informó que los documentos vinculan a los agentes policiales con transacciones sospechosas, además se anexo la lista de los efectivos que supuestamente trabajan bajo la orden de los narcotraficantes.

Anunció que no darán a conocer los nombres; sin embargo, iniciarán de inmediato las investigaciones pertinentes, además se analizará un cambio de estrategia y de hombres, para sanear la Policía Nacional.

Al respecto, la SNC anunció la realización de un diagnóstico a nivel nacional de los sitios patrimoniales, un hito inaugural que orientará un plan integral de restauración y preservación. Este análisis priorizará la intervención en aquellos lugares que demanden una atención urgente, así como en aquellos de gran relevancia histórica.

Tras el encuentro, la Ing. Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, expresó el compromiso de la institución de colaborar estrechamente con la Secretaría de Cultura, enfocándose en acciones concretas en línea con los protocolos establecidos.

Asimismo, subrayó la importancia del enfoque en la resiliencia urbana, especialmente en los proyectos que encara el MOPC en áreas como el centro de Asunción, el Parque Caballero, y la futura ruta PY01, considerando su impacto en sitios como la iglesia de Yaguarón y diversas ciudades atravesadas por la ruta.

Por su parte, Adriana Ortiz, titular de la SNC, señaló: “Como Gobierno, nos hemos propuesto trabajar de manera conjunta, realizar un diagnóstico exhaustivo del estado del patrimonio a nivel nacional y tomar decisiones coordinadas para preservar nuestra memoria y nuestra historia”.

Según lo acordado, el programa, que será lanzado próximamente, se enfocará en tres áreas específicas: iglesias, edificios patrimoniales y sitios históricos relacionados con las dos guerras. Esto permitirá tomar decisiones informadas y distribuir la ejecución de las obras de manera efectiva.

Desde el 24 de agosto de 2019, Marset entraba y salía del país, utilizando a la vez la identidad (falsa) de Gabriel de Souza Beumer, con nacionalidad boliviana y la suya.

De la noche a la mañana, Marset instaló su relato de ser “empresario de eventos”, bajo cuyo membrete comenzó a establecer contactos, entre otros, con Miguel ‘Tío Rico’ Insfràn. A través de este, a su vez, conectó con personas que en ese tiempo, estaban estrechamente ligadas al poder comandado por Mario Abdo Benítez. Entidades como la Senad, Policia, Dinac, entre las principales, cooperaban con la sociedad Marset-Insfràn, para constrir en un breve lapso, uno de los carteles narco más activos en los envíos a gran escala de cocaína a Europa.

Entes como la Dirección de Inteligencia Técnica de la Senad (comandado primero por Arnaldo Giuzzio y luego por su mano derecha, Zully Rolòn) proveían información clasificada Tìo Rico Infràn y a su grupo, para evitar caídas de envíos de droga, o aprehensiones de sus cuadros principales.

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En la Dinac (que maneja los aeropuertos nacionales) la sociedad Marset- Tio Rico también tenía trato privilegiado. Aparatos de scanner ‘ciegos’ que no detectaban drogas y armas que salían (o entraban) del país. Y funcionarios complicados con los esquemas criminales, constituyeron la constante durante la administración de Abdo Benítez.

Además de los organismos oficiales que prestaban servicios de información y protección al esquema narco, había otras entidades del Estado que oficiaban de herramientas para el lavado de dinero proveniente del crimen.

Un caso emblemático de esto, fue el episodio que involucró a Joaquín Roa (hoy preso), ministro de Emergencia Nacional de Abdo Benitez.

La fiscalía demostró que el entonces ministro Roa, amañó licitaciones para favorecer a la sociedad Marset-Insfràn, a través de con Alberto Koube Ayala (hoy preso). El amaño -consigna el Ministerio Público- fue en torno a millonarias compras supuestas de techos de zinc para ser destinados a familias cuyas viviendas fueron dañadas por varios episodios de tormentas. Las compras de esas chapas nunca existieron, y la maniobra ficticia sirvió no solo para apropiarse de dinero público, sino de lavar dinero que surgían de las transacciones narco.

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Un Tribunal de Sentencia condenó a 15 años de cárcel al ex policía José Carlos Morel, por el feminicidio de la docente María Isabel Vega, que ocurrió en febrero del 2023.

Para los jueces Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre se probó que el exuniformado cometió el feminicidio, además que entre ambas personas existió una relación sentimental, y por ende determinaron la sanción.

Durante el juicio, el exuniformado alegó que supuestamente no quiso matarla, sino que intentó suicidarse frente a la mujer, pero que esta lo evitó, momento en que el arma se disparó y acabó con su vida.

El fiscal Luis Caballero había solicitado 30 años de cárcel para Morel, por lo que, tras conocer la condena de solo 15 años, anunció que presentará una apelación para intentar aumentar la pena para el feminicida.

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El feminicidio ocurrió en una calle paralela a la Transchaco, a unos 150 metros del túnel Semidei, en Loma Pytá, el 1 de febrero del 2023.

Resultó víctima una mujer de nombre María Isabel Vera, docente del colegio San Agustín, quien fue ultimada con arma de fuego. Recibió tres disparos, uno en el tórax, otro en el antebrazo derecho y otro en la rodilla, los dos primeros, con orificio de entrada y salida.

Fue responsable del crimen el suboficial superior retirado José Carlos Morel Chamorro, quien intentó autoeliminarse son su propia arma, después de cometer el hecho, sin embargo, su hijo, un policía activo, lo impidió y lo arrestó.