El agente fiscal Francisco Martínez imputó por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso a Carlos Milciades Villalba (22).

El joven es sindicado como responsable de asesinar a su padre, identificado como Roberto Villalba (58). El crimen ocurrió el sábado último en el interior de una vivienda, ubicado en la compañía San José Itá Morotî, de la jurisdicción de Santa Rosa.

Según los testigos, el ilícito se habría generado cuando el padre requirió a su hijo la devolución de su arma de fuego que le había prestado. De acuerdo a las primeras investigaciones, el hijo supuestamente extrajo un revolver calibre 38 y desenfundó dos disparos contra la humanidad de su progenitor, en la zona del corazón y la espalda.

El representante del Ministerio Público solicitó al Juez Penal de Garantía de turno la prisión preventiva del sujeto.

El titular de la repartición comunal, Marcos Maidana, confirmó que el personal aprehendido está identificado como Fredy Medina, que cuenta con una antigüedad de 23 años en la institución.

El hecho que dio pie a la cabeza de proceso abierto, ocurrió el 11 de mayo pasado, cuando el denunciado abordó a un joven automovilista a quien, según la denuncia, extorsionó para evitar la formalización de una acusación.

El episodio fue filmado y puesto a consideración de la Fiscalía, que con elementos en mano, procedió a aplicar la pesquisa y detención del sujeto.

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“Se recibió la denuncia contra este personal y se procedió a aplicar el protocolo correspondiente. El mismo cuenta con 23 años de servicio, y no se descarta que existan mas casos relacionados”, admitió Maidana en comunicación con la 1020 AM.

Este nuevo episodio va sumando la lista de hechos de extorsión y coima que se verifica en varios ámbitos de control como la Policía Caminera.

De acuerdo a lo que manifestó el director Maidana, los videos que se cuenta en torno al asunto, son reveladores y dan pie a la presunción de que habría más casos.

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Una comitiva fiscal y policial, con acompañamiento de funcionarios de la ANDE, esta mañana acudió a un depósito ubicado en Villeta, sobre la ruta que une esta ciudad con Guarambaré, con el objetivo de incautar equipos utilizados para criptominería.

Dicho inmueble es propiedad de Albino González, extitular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y exintendente de Villa Elisa, y había sido alquilado a terceras personas, siendo posteriormente destinado a una granja ilegal de criptomonedas.

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Grande fue la sorpresa de la fiscal Olga González, quien lideró el procedimiento, y los demás intervinientes cuando se percataron que más de 450 máquinas mineradoras habían desaparecido misteriosamente del depósito.

En el primer allanamiento realizado meses atrás, la agente fiscal Viviana Llano decidió dejar lacrado el tinglado, con las máquinas de criptominería en su interior, por lo que ahora se desconoce cuál fue el destino final de dichos equipos.

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El asesor externo de la ANDE, Alejandro Nissen, en entrevista con el canal GEN señaló que en este caso se debe verificar si el juez penal de garantías entregó los equipos bajo una orden judicial a una tercera persona o si hubo un quebrantamiento de depósito. “No pueden desaparecer”.

Por otra parte, Albino González se defendió asegurando que había alquilado dicho inmueble a dos ciudadanos alemanes y un paraguayo. En un principio, le aseguraron que este espacio iba a ser destinado para el manejo de contenedores refrigerados, aunque la realidad era otra.

Se trata de Ramón Domingo Ortigoza Segovia, contra quien pesaba una orden de detención, se presentó ante la Unidad Fiscal a cargo de la agente Sara Torres, de la Fiscalía Zonal de Limpio.

El hombre había huido el domingo pasado tras un accidente automovilístico. El mismo conducía una camioneta de la marca Toyota Fortuner.

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El rodado, que iba a alta velocidad, impactó contra una columna de cemento y una vivienda quedando totalmente destrozado. A consecuencia del impacto falleció Rodrigo De Jesús Collante Rolón (24), quién iba acompañado de otras dos mujeres que también quedaron heridas. El hecho ocurrió a la altura de la compañía de Piquete Cué de esta ciudad.

Prosiguiendo con las diligencias, el médico forense realizó una inspección y el sujeto fue sometido a una prueba de alcoholemia, se le extrajo muestras de sangre y orina.

Luego, la Fiscalía presentó imputación contra Ortigoza Segovia por los presuntos hechos de homicidio culposo, exposición al peligro en el tránsito terrestre y omisión de auxilio.