La agente del Ministerio Público, Lilian Ruiz, presentó imputación contra Fulgencio López (65), quien fue detenido tras 5 años prófugo. El presunto homicida huyó tras la sospechosa muerte de su hermana.

El presunto parricida fue aprehendido cerca de las 10:00 horas de este domingo, en una calle vecinal de la compañía Pynandí del distrito de Curuguaty.

El hombre es señalado como el autor del brutal asesinato de su hermana, Marta López que ocurrió en el 2010; también se le atribuye la muerte de un peón, que tuvo lugar hace dos meses en una granja de Curuguaty y el homicidio de su madre, Primorosa Fernández viuda de López (91), quien falleció hace 26 días. Las víctimas fueron asesinadas con un machete y un hacha.

El presunto asesino guarda reclusión en la comisaría local, a disposición del juzgado penal de garantías de turno.

Santiago Llano Marín (28) falleció el martes por la noche luego de un accidente de tránsito sobre la Ruta Eco Via San Bernardino-Luque, donde su camioneta Toyota Hilux chocó contra un camión de la marca Mercedes Benz.

La Fiscalía abrió una investigación al respecto e imputó por homicidio culposo al señor Adán David Ortellado, chofer del camión, quien prestó declaración esta mañana y obtuvo medidas alternativas a la prisión, bajo una fianza de G. 500 millones.

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Por su parte, Blas Llano, padre del fallecido, dijo hoy en una entrevista con Telefuturo que no accionará contra el chofer ni impulsará ninguna medida en su contra.

Además de quedar sujeto a la fianza, sobre el chofer pesan otras medidas como: obligación de presentar mensualmente ante el Juzgado y las prohibiciones de salir del país y de consumir bebidas alcohólicas.

Ortellado aseguró que durante el percance ocurrido el martes por la noche, solamente sintió el impacto de la camioneta.

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Ronald Javier fue detenido en una barrera policial en Pedro Juan Caballero, y la revisión de los varios celulares que llevaba, determinó que uno de ellos revele su ubicación al momento del asesinato múltiple. Con esta aprehensión suman dos los capturados en torno al luctuoso suceso. El primero había sido el 15 de enero pasado, cuando detuvieron a Ángel Vera Benítez, un sujeto con frondosos antecedentes, cuatro de los cuales por secuestros.

La ejecución de los seis integrantes de la estancia Piky, según las pesquisas, tiene dos hipótesis de posibles causas. Una de ellas señala que los sicarios habrían actuado por mandato del recientemente fallecido Clemencio “Gringo” González.

Este habría pagado a los matones, impulsado por su afán de vengar el asesinato de su hijo Charles González, ocurrido el año pasado en Pedro Juan Caballero. Al parecer de los investigadores, Gringo habría recibido la información de que tres de los seis hombres que estaban en la estancia, habrían sido los que mataron a Charles. Y que para “asegurar”, los sicarios mataron a los seis.

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Representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura acudieron esta mañana hasta el Hospital Militar, a fin de interiorizarse sobre la situación del cadete Ángel González (20), quien fue sometido a una intervención quirúrgica tras ser víctima de una agresión en la Academil.

Desde el sistema de turno del MNP se realizó un relevamiento de información sobre las circunstancias en que se registró el hecho, tomando contacto con autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, de manera a determinar las acciones a tomar en este caso.

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A través de un comunicado divulgado este jueves, destacaron la rápida intervención del ministro de Defensa, Óscar González, así como también la pronta identificación y arresto del supuesto autor, quien sería estudiante del cuarto curso.

“En sucesivas intervenciones sobre denuncias de tortura y malos tratos en los establecimientos militares, entre los que se cita la Academil, el MNP recomendó una serie de medidas de prevención, especialmente en la aplicación de castigos por parte de pares cadetes superiores”, refiere el texto.

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El Mecanismo de Prevención de la Tortura insta a a determinar las responsabilidades que pudieran recaer sobre otras autoridades militares en caso de que las mismas hayan tenido conocimiento y/o tolerado este tipo de hechos.

Así también, piden que la justicia ordinaria (en este caso, la Fiscalía) pueda impulsar una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y que se aplique la sanción requerida fuera del ámbito militar.