De acuerdo a denun­cias que recibió el Grupo Nación, el diputado del Partido Liberal Manuel Trinidad Colmán, representante del departa­mento de Alto Paraná, ten­dría un llamativo interés en brindar un fuerte respaldo a un grupo de invasores de pro­piedad privada en el distrito de Minga Guazú, que ya fue­ron incluso condenados hace 2 años por un tribunal cuando constató la ilegal invasión de unas 20 hectáreas.

Tras la condena que se dio en febrero de este año, los repre­sentantes legales de los 27 condenados por invasión de propiedad privada, apelaron la sentencia. Según los datos a los que accedió el Grupo Nación, detrás de la apelación existiría una fuerte presión por parte del ex magistrado de Alto Paraná y actual dipu­tado Trinidad Colmán, utili­zando todos los medios posi­bles para que los resultados se den a favor de los ocupantes, logrando la anulación del fallo judicial. Lo que implica una aparente maniobra del legis­lador para ganar adherentes en la región atendiendo a las próximas elecciones.

ANTECEDENTES DEL CASO

El inmueble en cuestión es propiedad de Víctor Agüero y está individualizado como finca 10239, con padrón N° 609. Tiene una extensión de 20 hectáreas y está ubicado en el km 29,5 del antiguo Puerto Presidente Stroess­ner, hoy día distrito de Minga Guazú.

El predio ya fue invadido en reiteradas ocasiones. Tras la última intervención del Ministerio Público, un tribu­nal integrado por los magis­trados Fabio Aguilar (presi­dente), Serafín González Roa y Vitalia Duarte sentenció a 2 años de prisión con suspen­sión a prueba de la condena a 27 personas que debieron abandonar el lugar bajo los cargos de invasión de propie­dad privada, en febrero de este año. No obstante, desde hace varios días los abogados que representan a los invasores buscan la forma de anular ese fallo con una irrisoria apela­ción. En ese sentido, un nuevo tribunal comprendido por los magistrados Efrén Giménez, Mirian López y Nidia Fernán­dez serán los encargados de revisar la causa que el pro­pio Ministerio Público había constatado como invasión a la propiedad privada durante la constitución fiscal-judicial realizada a fines de enero del 2021.

Cabe señalar que dicha pro­piedad había sido invadida ini­cialmente en el 2015 por un grupo de 100 personas, pero que luego fueron desalojadas ese mismo año. Desoyendo la orden judicial, el mismo grupo derribó el cercado y volvió a ingresar al lugar. Con el trans­currir de los años, muchos decidieron abandonar el sitio; sin embargo, las 27 personas que se atrincheraron ilegal­mente en la propiedad privada fueron halladas culpables y por ende condenadas a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la condena.

Abogado querellante confirmó que los invasores en más de una ocasión tuvieron apoyo de políticos y caudillos del PLRA

El abogado Héctor Duarte, querellante, indicó que tomó con mucha sorpresa y preo­cupación la información que comenzó a circular respecto a las movidas políticas y uso de influencias por parte del diputado liberal Manuel Tri­nidad. En comunicación con el canal GEN, confirmó que el legislador liberal también fue magistrado en Alto Paraná y cuenta con mucha influencia en la zona.

“Veo con mucha preocupa­ción, si es que es así como están manifestando, la presión que eventualmente podría hacer el diputado, que es una per­sona con mucha influencia en el departamento. Yo no dudo de esa posibilidad porque en muchas ocasiones esta gente estuvo acompañada de algu­nos políticos y caudillos, gene­ralmente liberales”, men­cionó.

Asimismo, explicó que está en estudio aún el pedido de apelación especial, que plan­teó la defensa de los 27 conde­nados. En ese sentido, señaló que él como profesional no observa ninguna irregulari­dad en la interpretación nor­mativa del Tribunal de Sen­tencia. “Los argumentos del recurso eran absolutamente superficiales, incluso hasta falsos, porque ponían en tela de juicio hasta la fecha que culminó el juicio, con la idea de argumentar que el fallo salió extemporáneamente, algo absolutamente insólito”, comentó.

Por otra parte, confirmó que los invasores siguen dentro del predio privado, y solo están esperando que con­cluya el proceso penal para luego solicitar el desalojo de los ocupantes ilegales. Indicó que a partir de las informa­ciones comenzará a indagar más a fondo sobre el eventual uso de influencia del legisla­dor liberal.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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