La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural realizó el lunes una sesión extraordinaria para la elección de su mesa directiva. En ese sentido fue elegido Hugo Richer como presidente, Pedro Santa Cruz como vicepresidente, Sixto Pereira como relator. Esta mesa directiva tendrá vigencia hasta junio del año 2022.

Cabe mencionar que a la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural le compete dictaminar sobre todo proyecto relacionado con la reforma agraria integral y el apoyo al desarrollo agrario y todo lo que se refiere con el régimen forestal, la colonización, la inmigración y el bienestar rural y el fomento de la enseñanza especializada, en todos los niveles; la agricultura, la ganadería y la explotación y conservación de los recursos renovables.

Asimismo, deben resolver sobre los proyectos de Ley relativos a las expropiaciones y a la limitación de la propiedad inmobiliaria en el área rural.

Así quedó conformada la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado. “Tridente patriótico” pic.twitter.com/Z71cjmn7lw

— Jorge Torres Romero (@jtorresromero) August 3, 2021

SU INCENTIVO A LOS CAMIONEROS

En un audio filtrado se escucha la forma que el relator de la Comisión de Reforma Agraria, Sixto Pereira, azuza a los camioneros a seguir con su medida de fuerza. “Que no se les antoje levantar la medida, primer paso importante fue la unidad entre los gremios camioneros y el contrario es pesado. Las grandes transnacionales tienen grandes vehículos y el Estado es su protector”, indicó el político de izquierda.

También esgrimió que en el Senado defenderán a toda costa el proyecto de ley que redactó en conjunto con otros senadores a favor de la fijación del precio del flete, pero advirtió a los camioneros que la puja será más difícil en Diputados ante la presencia de los legisladores del cartismo.

“La movilización es la única medida para que prospere el proyecto de ley, forzaremos para que esta semana se apruebe en Senado. Hay que movilizarnos a nivel nacional. Hay que venir a forzar al Gobierno a ayudar. No se les antoje levantar, hay que ser más fuertes”, puntualizó el político que también ocupa el cargo de vicepresidente primero del Senado de la Nación.

El mencionado proyecto pretenderá establecer un precio mínimo de referencia para los servicios de flete de productos agrícolas, principalmente.

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Audio: el senador Sixto Pereira alienta la movilización masiva de camioneros.

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— GEN (@SomosGENAhora) August 3, 2021

POSTURA DE LA UIP

El abogado Diego Torales, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), mencionó en entrevista con la radio 650 AM que es un golpe muy bajo que los senadores Sixto Pereira, Hugo Richer y Pedro Santacruz dirijan esa importante comisión. “Los senadores de esta facción del Senado solo generan división en el campo y ahora en el sector de los servicios de flete. Es grave porque pretenden regular la tarifa de un servicio a través de una ley (…) Se le denunció a estos senadores y resulta que ahora ellos van a marcar las pautas”, lamentó.

“Realmente para nosotros es un día muy triste. El mensaje del Senado es claro, hay una política socialista, y Dios quiera que Diputados sea el equilibrio”, esgrimió además.

“Hacen apología al delito, es preocupante el beneplácito, no sabemos si el presidente (Mario Abdo Benítez) baja línea a sus senadores. Están en cargos preponderantes en el Senado. Al presidente no se lo ve más ni se lo escucha. Nos deja abandonados. Claramente estos senadores están en contra del sector productivo. Pareciera que no hay una línea clara de gobierno y preocupa mucho eso. Es realmente preocupante el proyecto que impulsan”, sostuvo.

Además se preguntó cuál es el problema de que las multinacionales que tenga camiones para trabajar. “Es un disparate, es una intervención directa en un servicio y en cada empresa. Es una tilinguearía total que no tiene nombre. No importa el sentido de justicia, sino que imponer su creencia. Hoy buscan regular el precio de transporte con una ley, mañana podrán hacer lo mismo con otros rubros, como el de la carne, lácteos, maíz, etc.”, lamentó.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.