Las declaraciones se realizaron mediante una conferencia de prensa, donde también expusieron que el inmueble allanado fue negociado con una persona de nombre Hugo Manuel González Ramos, quien a su vez, fue la persona que vinculó al clan Insfrán en la operación.

“Este inmueble se compró de la inmobiliaria Raíces, se hizo la cesión y cuando se hizo el título fue que incluyó a Miguel Insfrán en la operación. El intermediario es quien puso a nombre de este señor. La venta se realizó el 14 de octubre del 2020. La factura es por USD 1 millón”, expresó el abogado Cristóbal Cáceres, señalando que, si bien se hicieron las documentaciones, lo que no se hizo fue el traspaso.

En ese contexto, el defensor negó que su cliente tenga relación con Miguel Insfrán, imputado en el marco de #AUltranzaPY. A su vez, aseguró que una persona que desea vender un inmueble no puede estar averiguando el prontuario del comprador.

“Esta venta se realizó el 14 de octubre del 2020. Todos estos documentos van a ser puestos a disposición de las autoridades. No existe ningún vínculo entre el señor Erico y el señor Insfrán. El cedente y el cesionario son Galeano y González. No solo no existe ningún vínculo, sino ninguna conversación entre Galeano e Insfrán, que es la persona designada por González para que sea transferida (la casa)”, especificó el abogado.

Por último, indicó que que el parlamentario se pondrá a disposición de las autoridades una vez que el Ministerio Público retome sus actividades tras el feriado, es decir el próximo 1 de marzo. Consultado sobre su ausencia en la conferencia de prensa, sostuvo que este se encuentra en el interior del país.
“El martes a primera hora vamos a presentar esta documentación en la Fiscalía y vamos a estar a disposición de las autoridades”, expresó Cáceres.

Cabe mencionar que esta mañana agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía allanaron tres residencias ubicadas entre las ciudades de San Bernardino y Altos, donde se encontró una boleta a nombre del diputado Galeano.

Ante el pedido del gremio de postergar la reunión tripartita prevista para esta mañana, el viceministro Fernández se presentó de todas formas en el Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social (MTESS) a fin de interiorizarse respecto a los elementos legales que amparan dicha reprogramación.

“Sin dudas era importante constituirnos en el Viceministerio de Trabajo para conocer los elementos legales que están en la Constitución Nacional y en el código laboral. El viceministro de Trabajo, César Segovia, nos explicó que esto forma parte de un proceso legal, y que en ese aspecto es que se atendió el pedido del gremio”, expresó a los medios de prensa.

Enfatizó que sus esfuerzos están enfocados en desactivar el paro de buses previsto a partir del lunes 20 de mayo en la reunión tripartita de este viernes y apela, una vez más, al diálogo como el camino para encontrar soluciones.

“Queremos avanzar en todas las mesas institucionalizadas que tenemos, porque nuestro compromiso es con los ciudadanos. Nuestro objetivo es levantar el paro a través del diálogo”, agregó.

Mañana viernes a las 15:00, en la sede del Ministerio del Trabajo se llevará a cabo el encuentro entre representantes de Cetrapam, el Viceministerio del Transporte y del Trabajo.

La cartera estatal informó que las 17 Instituciones Financieras Habilitadas (IFIs) conforman la lista de firmas que acompañarán la ejecución del proyecto.

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Los bancos adheridos al programa son: Banco Nacional de Fomento, Banco Atlas, Banco BASA, Visión Banco, Ueno Bank y Zeta Banco.

En tanto que las entidades financieras que se sumaron son: Financiera Paraguayo Japonesa y Financiera FIC.

Las cooperativas adheridas son las siguientes: Cooperativa SANJUBA Ltda., Cooperativa Multiactiva Ñemby Ltda., Cooperativa Mburicaó Ltda., Coodeñe Ltda., Cooperativa Nazareth Ltda., Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda., Cofan Ltda., Cooperativa Mborayhu Ltda., y Cooperativa 21 de septiembre Ltda.

Según el MUVH, las familias podrán gestionar créditos de hasta 400 millones de guaraníes a una tasa del 6,5% anual y un plazo de hasta 30 años.

Por otra parte, las entidades financieras deben contar con un convenio firmado con una aseguradora que garantice la culminación de las obras en las condiciones de calidad exigidas por el programa.

Las aseguradoras que se sumaron hasta ahora son La Rural del Paraguay SA, El Comercio Paraguayo SA, Fénix SA de Seguros, La Consolidada SA de Seguros, Sancor SA de Seguros, Seguridad SA de Seguros, Seguros Generales SA (SEGESA) de Seguros, Royal SA de Seguros, Mapfre SA de Seguros, El Sol del Paraguay SA de Seguros y Ueno SA de Seguros.

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El diputado colorado Derlis Rodríguez dijo al respecto que, la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica, muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa pasó los límites de la legalidad, al punto de convertir a sus directivos en explotadores de criptominería, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta 30 % menos de lo que se abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la ANDE para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respaldo legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, opera fuera de lo legal para ofrecer el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guairá.

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