El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, se reunió esta mañana con representantes de gremios de la producción, entre los que se encuentran Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP); Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD); Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de los Gremios de la Producción (UGP); y Ernesto Figueredo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay.

Al término del encuentro, Pedro Galli manifestó que este acercamiento al nuevo titular de la máxima instancia judicial se dio con el propósito de analizar ciertas inquietudes relacionadas al tema de la seguridad y otros asuntos que son transversales para todo el empresariado.

Uno de los puntos tiene que ver con la seguridad jurídica y física, así como el buen funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones ligadas a este ámbito (Fiscalía, Policía Nacional, etc), buscando que todas puedan trabajar de manera coordinada, mencionó.

“Queremos estar preparados para los embates que estamos teniendo, sobre todo por parte del crimen organizado a través de la infiltración en el sistema financiero. Son problemas generales que afectan a todo el país”, sostuvo el titular de la ARP.

Después de esta conversación buscarán la manera de crear una mesa de trabajo para ir avanzando en cada uno de los puntos planteados desde el sector productivo y empresarial, refirió Galli.

El informe de cada kilo de la droga que estaba camuflada en paquetes de almidón, cuesta 45.000 euros, es una muestra de la tentación que tiene el negocio criminal.

La empresa que realizó el envío de la carga legal de almidón, entre la cual estaba la droga, negó la autoría de la remisión, y paso la responsabilidad a su despachante. La sospecha de los investigadores apunta al por qué el envío de ese tipo de mercadería por vía aérea, mucho más cara. Y por qué se envió hace poco ese mismo tipo de producto por buques mercantes.

El ministro Oscar Orue, titular de la Direccion Nacional de Ingresos Tributarios, señalo que la cocaína que iba a ser enviada, estaba en paquetes de medio kilo, con un fino trabajo para ocultarse en las cajas similares a los que contenían el almidón.

Por el lado de los intervinientes, en tanto, resaltaron que la carga superó, incluso, los olfateos de perros antinarcóticos, lo que significa que los narcos aplicaron mejores sistemas para blindar la mercancía.

Otro frente de sospechas es el referente a funcionarios de la Dirección Naciónal de Aeronáutica Civil. Recientes episodios de envíos de cocaína que pasaron con la complicidad de agentes del ente, permiten abrir la presunción de que, también en esta ocasión, podría haber factor humano de la Dinac métodos en el complot.

Este episodio detectado el pasado viernes, abre las puertas a otra de las mil y una formas en que carteles narco utilizan vías de transportes legales el envío de drogas.

Rodolfo Duarte, de 43 años, es la víctima mortal del suboficial Ever Ayala, quien fue el que en medio de una disputa con su pareja, en la vía pública, reaccionó de manera brutal contra las personas que iban en un auto al que el agente impedía el paso de vehículo.

Los atacados por el policía, pidieron a bocinazos que el mismo despeje la calle. El funcionario policial, inicialmente aplicó oídos sordos y seguía discutiendo con su mujer. Sin embargo en un momento salió del vehículo y disparó.

El detalle que agrava el cuadro, es que el suboficial Ayala tenía prisión domiciliaria por un homicidio culposo, en el que produjo la muerte de un motociclista en un accidente de transito.

El uniformado solo podía salir de su vivienda para concurrir a su lugar de trabajo. Esa disposición la violò , ya que el día en que realizó el ataque a balazos estaba de franco.

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En ámbito fiscal señalaron que el informe de situación del policía, consigna que cuenta con varios antecedentes de violencia, y de conducta irascible y desproporcionada.

El hecho pone al tapete las pruebas psicológicas que deben pasar los que aspiran a ingresar al cuadro policial. Sucesivos hechos verificados en el ente, demuestran que los episodios de esta naturaleza son numerosos, y ponen en cuestionamiento la calidad de los filtros en el aspecto psicológico.

En el Barrio San Juan, de la ciudad de Luque, a casi dos semanas del luctuoso suceso, la Municipalidad de Luque mandó colocar barandas de seguridad para evitar otra desgracia, según informó el canal GEN/Nación Media.

Además fueron instaladas dos piezas de concreto en el lugar para amortiguar algún impacto e impedir que un vehículo vaya a parar a la zanja.

El 24 de abril, madre e hija fallecieron arrastradas por el raudal, luego de caer a un cauce que no tenía vallas. En la ocasión, se salvaron tres personas, todas ellas, recién egresados del Grupo Lince.

Por el hecho, la Fiscalía formuló imputación en contra del intendente de Luque, Carlos Echeverría, tal cual había ocurrido con el intendente de Lambaré en noviembre pasado, cuando murieron dos militares en las mismas circunstancias.

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