Por Resolución N° 1399/2020, la Direc­ción Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispone sanciones a las empresas o consorcios que no presentan su oferta física en el día, hora y lugar indicados en el SICP (Sis­tema de Información de las Contrataciones Públi­cas). En su artículo 59, esta norma establece de manera clara que la falta de presen­tación de la garantía de man­tenimiento de ofertas es una agravante al momento de que la DNCP aplique la san­ción, lo cual significa que la inhabilitación para ofertar y/o contratar con el Estado podría ser mayor.

Lógicamente, esta sanción corre en el momento que la entidad convocante ges­tione la intimación del cobro de multa ante el incumpli­miento del oferente, ya que el mantenimiento de la pro­puesta es clave para que la licitación sea competitiva, tanto en precios como en calidad. En la Secretaría Nacional de Deportes (SND) ocurrió este atraso en el lla­mado para hotelería por un monto de G. 47.282 millo­nes, pero en vez de caerle con el peso de las normas al oferente, en este caso Con­sorcio Mar, se desentendie­ron del asunto y, para colmo, repiten el llamado en el que, según denuncias, existe de vuelta una fuerte intención de ayudar a la sociedad en la que se encuentra el her­mano de Juan Manuel Bru­netti, dupla de Hugo Veláz­quez para las presidenciales del 2023.

En el primer intento, el Consorcio Mar, integrado por Martín Travel y Maral Turismo SA, de José Carlos Brunetti y Ofelia Marcos de Brunetti, hermano y madre de Juan Manuel Brunetti, dupla de Hugo Velázquez para las presidenciales del 2023, participó de la lici­tación y era susceptible de ser adjudicado por haber participado en los cinco lotes. Sin embargo, llegó tarde a la presentación de sus ofertas, por lo que la SND no pudo adjudicarle los ítems. Otro elemento es que esta compañía remarcó precios muy por encima de lo estimado.

La administración de Fátima Morales finalmente declaró desierta la licita­ción, lo que hace presumir que la determinación de suspender el llamado fue para reajustar la licita­ción de modo que el único adjudicado sea el Consor­cio Mar. Además de esto, la omisión de la multa y san­ción privó al Estado para­guayo de la ejecución de una multa equivalente al 5% del contrato, es decir, unos G. 2.300 millones.

Ahora como si nada repi­ten este llamado y entre los potenciales adjudicatarios está de vuelta el consorcio favorito.

Mediante un comunicado en el que básicamente se dedica a historiar el proceso de licitación, la Secretaría Nacional de Deportes (SND) señala que se superó el presupuesto y por eso declaró desierta la licitación de hotelería para los Juegos Odesur. En su descargo, remitió lo siguiente:

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.

Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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