Los gastos del Ejército brasileño se volvieron virales esta semana y no precisamente por el presupuesto destinado a la adquisición de armamento. A la noticia de que los militares compraron 35.000 comprimidos de Viagra, utilizada para la disfunción eréctil, y remedios para la calvicie, se suman ahora 60 prótesis de pene inflables de silicona que costaron 750.000 dólares.

Las informaciones fueron reveladas por el diputado de centroizquierda Elias Vaz, pero los datos se pueden obtener en el Portal de Transparencia Gubernamental y en el Panel de Precios del Gobierno federal.

Según los documentos, las prótesis miden entre 10 y 25 centímetros de largo y cada una cuesta entre 11.000 y 13.000 dólares. Los productos, también utilizados para casos de disfunción eréctil, fueron entregados a hospitales militares en Sao Paulo y Mato Grosso do Sul.

“Prótesis de pene para el Gobierno. Bolsonaro y su pandilla siguen burlándose de los brasileños. Después de la polémica de la viagra, denuncié los procesos de compra vergonzosos de 60 prótesis de pene por parte del Ejército por 3,5 millones de reales”, escribió en Twitter Vaz, del Partido Socialista Brasileño (PSB).

El Ejército responde

El diputado solicitó a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas de la Unión investigar estas posibles irregularidades y pidió al Congreso la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación.

“El pueblo brasileño sufre para conseguir medicamentos en unidades de salud y un grupo es atendido con prótesis carísimas”, criticó.

En un comunicado, recogido por la prensa, el Ejército informó que adquirió en 2021 tres prótesis destinadas a “cirugías de beneficiarios del Fondo de Salud del Ejército”, pero no 60 como se publicó en algunos medios de comunicación.

Según los militares, los procesos de licitación cumplieron con todos los requisitos legales vigentes y las recomendaciones médicas. También se recordó que la responsabilidad del Sistema de Salud del Ejército –a cargo de unas 700.000 personas– es atender “a pacientes del sexo masculino víctimas de diversos tipos de enfermedades que puedan requerir cirugía para implantar la referida prótesis”.

Este miércoles, el presidente Jair Bolsonaro abordó la controversia durante un desayuno con ministros, parlamentarios y pastores en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial.

“Las Fuerzas Armadas compran Viagra para combatir la hipertensión arterial y también enfermedades reumatológicas”, aseguró el mandatario.

El presidente destacó que el número de pastillas que se compraron “no es nada” si se compara con todos los efectivos de las Fuerzas Armadas, que cuentan con unos 350.000 militares en activo y más de un millón en reserva.

Bolsonaro subrayó que los medicamentos son “mucho más usados, obviamente, por el personal inactivo y los pensionistas” del Ejército.

Las redes estallan 

En las redes sociales, la noticia generó multitud de críticas y de memes. “Prótesis de pene, la nueva arma de guerra importada para las Fuerzas Armadas”, escribió uno.

PRÓTESE PENIANA. A NOVA ARMA DE GUERRA IMPORTADA POR
BORSONERO PRAS FFAA pic.twitter.com/u4KrYAHNdk

— Francisco von Atzingen de Almeida Prado (@FranciscoVonAt2) April 13, 2022

“Viagra, prótesis de pene… esperando lo próximo. ¿Serán vibradores?”, preguntó una usuaria.

También hubo bromas sobre el color de los comprimidos y se hizo viral la frase: “Nuestra píldora jamás será roja”. El rojo es el color insigne del Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Luiz Inácio Lula da Silva.

23:59 prótese peniana
00:00 CINTARALHO pic.twitter.com/pNDuIWsRNq

— Catarina Troiano (@CatarinaTroiano) April 13, 2022

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.