por Margioni BERMÚDEZ

“Actos contra natura” pueden acarrear tres años de cárcel y una salida deshonrosa, según el Código Orgánico de Justicia Militar vigente, lo que obliga a militares homosexuales a ocultarse.

Tras varias reformas, la más reciente en septiembre de 2021, el código mantiene inamovible este artículo, pese a pedidos de derogación hechos por activistas ante el Parlamento, de mayoría oficialista.

“Es más grave ser gay que ser corrupto”, lamenta José, como pidió ser llamado este capitán de la Guardia Nacional, de 36 años.

“Hay militares corruptos, ladrones, narcotraficantes, con procedimientos, que los sancionan y siguen trabajando luego como si nada”, dice José, quien guarda en su celular una fotografía donde se observa una zona pelada en su cabeza. “Era tal la presión que se me caía el cabello”.

La Fuerza Armada ha sido acusada de violaciones sistemáticas de derechos humanos en el control de protestas, lo que niega su cúpula.

La “primera pregunta que te hacen en la entrevista de ingreso es ¿cuál es su inclinación sexual: homosexual, bisexual o heterosexual? Si no respondes que eres heterosexual estás descartado, allí empieza el primer filtro”, apunta Rafael, el teniente del Ejército expulsado, de 37 años.

– Prueba de polígrafo –

La pesadilla de José comenzó en 2017, cuando se investigó a “un grupo grande de militares” para determinar quién era gay.

Ni era casado, ni tenía hijos, requisitos obligatorios para ascender a grados superiores. Si bien muchos se casan por salvar su carrera, José se negó y mantenía en secreto una relación con un hombre.

Estuvo cuatro días detenido. “Fueron los peores cuatro días de mi vida”, relata entre lágrimas.

“¿Tú tienes novia?”, recuerda le preguntaron una y otra vez, con saña.

“El último día de la investigación me hicieron la prueba del polígrafo, me encerraron en un cuarto, me conectaron a unas máquinas, prácticamente sin ropa, conectado con chupones en los dedos, en las manos. Me preguntaron lo más íntimo”.

“¿Cómo vamos a tener aquí a un marico?”, dice que le repetían para obligarlo a firmar un documento en el que aceptaba ser gay. “Como no tuvieron una prueba firme (…), se dedicaron a humillarme”.

Nunca más se le permitió comandar tropas. Pasó meses encerrado en un galpón, donde solo cumplía horario. “El comandante de esa unidad me decía que le tenía asco a los maricos, que no me quería cerca”.

Por último le asignaron manejar el Twitter de un comando.

“Estaba tan decepcionado que decidí irme”, sostiene José, que ahora está exiliado en España.

– Juicio por homosexual –

Para Rafael -quien pide mantener su nombre real bajo reserva-, fue un encuentro casual en su apartamento lo que le costó su carrera. Su acompañante, otro militar, intentó matarlo después de intimar tras una noche de tragos.

Le dijeron que pidiera la baja para evitar la “humillación”. “Se está investigando que usted es gay y no puede haber gais en la Fuerza Armada”, asegura que le respondieron al citarle el Código de Justicia.

“Tú verás si la haces por la vía fácil o la difícil”, relata que le dijeron, recordando vejaciones que incluyeron una prueba forense anorrectal sin su consentimiento.

Fue citado por la Fiscalía militar para informarle que era investigado “por homosexual”.

“Si no acepta la baja lo vamos a tener que procesar y va a ir preso de dos a tres años. Tiene dos opciones: pedir la baja o lo imputamos”, cuenta que le indicaron en el tribunal militar. Rafael aceptó ir a juicio.

Sin embargo, fue expulsado mediante un proceso disciplinario y el juicio no prosperó al estar ya fuera de la Fuerza Armada.

Es una táctica común evitar un juicio con una expulsión administrativa, dice a la AFP un exfuncionario de la justicia militar, también bajo reserva.

“Tratan de maquillar las investigaciones para al final no decir que los sacaron por ser homosexuales”.

Rafael quedó tan devastado que pensó en el suicidio. Espera llevar su caso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y lograr un poco probable reenganche.

Lo procedente es “declarar la inconstitucionalidad de este artículo (…) con una reforma o una sentencia de la sala constitucional del TSJ, como ha sucedido en Colombia y Perú”, apunta el abogado Kelvi Zambrano, de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

No obstante, en esos países, como en otros de Latinoamérica, si bien no es ilegal ser un militar gay, es poco tolerado.

En Venezuela, la discriminación trasciende los cuarteles.

“Mi mamá no me acepta, se va a morir sin aceptar que soy gay”, dice Rafael. “Es de las personas que dice ‘prefiero un hijo malandro (delincuente) que un hijo marico'”.

La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

© Agence France-Presse

Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.

La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

- El decreto -

Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.

Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.

Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año.

“El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.

- ¿Qué dice el gobierno? -

En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”.

“Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo.

Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”.

- ¿Qué piensan los grupos de diversidad sexual? -

Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma.

“Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+.

“No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó la dirigente.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

- Un temor mayor -

En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación.

“Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión”, señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta.

Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú.

También HRW cree que el decreto “podría dar legitimidad” a las mal llamadas terapias de conversión y “agravar los  problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país”.

Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género “no deben ser sometidas a tratamiento o atención medica ni a las llamadas terapias de reconversión”.

Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.

© Agence France-Presse

“Amo que acabo de experimentar homofobia en Paraguay. Estaba de la mano con mi novio en el Shopping del Sol y vino el jefe de seguridad Ruben Achar a decirnos que hubo una queja de un señor porque estábamos caminando de la mano”, expresó Landó a través de su cuenta de X.

El joven estaba formando fila en una cafetería cuando se dio la llamativa situación, en compañía de su pareja, Alejandro Benítez, quien también realizó su descargo en su cuenta de Instagram.

Relató que es la primera vez que vive una experiencia como esa en un shopping y lamentó que todavía las personas manifiesten de esa manera su rechazo y homofobia.

Tras la denuncia del mediático en X, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos relataron hechos similares en el mismo lugar, no solo por homofobia.

Uno de los comentarios menciona que el shopping es intolerante a los animales. Además, hay denuncias por supuesta discriminación racial que también se habría cometido en el centro comercial.

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