En entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media, los abogados Ricardo Preda y Jorge Rolón Luna hicieron una lectura del proyecto de Ley planteado por el senador colorado Enrique Riera, además de los legisladores Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Georgia Arrúa y Stephan Rasmussen, referente a la penalización por el cierre de las rutas.

Al parecer de Preda, el hecho de cerrar rutas e impedir la libre circulación figura en el Código Penal bajo la carátula de Coacción. La normativa propuesta plantea incluir la pena en un artículo sobre la seguridad en el tránsito, sin embargo, esto no es válido para el abogado, porque impedir la circulación no afecta la seguridad en el tránsito, sino que lo hace en la libertad de los ciudadanos de desplazarse libremente, según su apreciación.

“Esta modificación ya es irregular. La redacción de esta propuesta es sumamente confusa e incorrecta porque modifica un numeral dentro de un inciso, estableciéndole un marco penal de seis años, pero esto implicará que también afecte a los demás numerales, por ejemplo, si el semáforo no funciona en una ciudad, un intendente se expone a la pena de seis años. Se deja un texto muy peligroso, porque puede criminalizar conductas que no tiene relevancia penal”, argumentó.

Preda sostuvo además que el problema de los cierres de rutas no es la ley, sino que la Policía Nacional no actúa para despejar las rutas. Recordó que una coacción grave tiene una pena carcelaria hasta 3 años de privación de libertad y que puede aumentar incluso a 4 años. “En el caso de cierre de rutas, si hay 100 conductores varados, hay 100 coacciones graves cometidas”, agregó.

Por su parte, el abogado Jorge Rolón Luna coincidió que el proyecto Riera tiene un severo, grave e insoluble problema de constitucionalidad porque no está prohibido utilizar los lugares públicos de tránsito para una protesta. “Es lo que en la jerga del derecho constitucional se denomina guillotina constitucional, porque corta de raíz la posibilidad de avanzar hacia esa dirección, al derecho penal concretamente”, dijo.

“Tengo mis serias dudas acerca de que si esto ya está penalizado porque en el artículo 216 se establecen las sanciones para los peligros cometidos en la seguridad en el tránsito”, argumentó.

“Es importante que la discusión sea jurídica. Hay que hacer un análisis de fondo y uno ve que eso no existe en este caso. La explicación que da Riera de su texto hace aguas por todos lados”, agregó.

El proyecto pretende elevar a 6 años de pena privativa de libertad a quienes cierren rutas. El planteamiento se dio luego de que los camioneros amenazaran con cerrar nuevamente las rutas en protesta por el tema de combustible.

En juicio oral fue probado que el hombre había falsificado y utilizado facturas de ventas de la firma Mar & Mar Group, sin autorización de ésta, favoreciendo a una empresa de maletín, denominada Company Electronics S.A.

Estos hechos se produjeron en el 2014, cuando se desempeñaba como contador de la firma, con el propósito de permitir y mantener el esquema de uso de facturas emitidas por algunas empresas a favor de otras, simulando operaciones comerciales con el fin de pagar menos impuestos ante la Sub-Secretaría de Estado de Tributación.

Se probó además que las personas que figuraban como accionistas y representantes de la firma Company Electronics; en realidad nunca tuvieron la capacidad económica e incluso, algunas de ellas, ya habían fallecido.

Además, se acreditó que el estudio contable del condenado Ignacio Urbieta tenía acceso absoluto al perfil de la firma Mar & Mar Group; disponiendo de la clave de acceso principal, cargándose las facturas desde dicho estudio contable tanto de la empresa legalmente constituida, como de la de maletín.

Una de las pruebas fundamentales fueron los registros de IPs que se utilizaron para la carga de las declaraciones ante la SET que en 26 casos fueron coincidentes entre Mar & Mar Group y Company Electronics.

Las lluvias, de manera dispersa, se limitarían en el centro y sur de la región Oriental, durante las primeras horas de la presente jornada, para un mejoramiento en el transcurso del día.

Ambiente caluroso, con escasa nubosidad y vientos moderados del sector norte serían las características predominantes durante los próximos días, con temperaturas mínimas entre 23 y 28 °C, mientras que las máximas entre 31 y 37 °C en todo el territorio nacional.

Se prevé baja probabilidad de lluvias hasta el martes.

La entrega se realizó a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y autoridades de la Gobernación con recursos propios.

Este sábado, la asistencia se extendió a la comunidad de Potrero González, distrito de Tacuaras, donde unas 28 familias recibieron ayuda inmediata, incluyendo la entrega de una canoa a remo para uso comunitario, facilitando así el acceso a sus hogares en medio de las inundaciones.

El despliegue de asistencia se extendió a lo largo y ancho del departamento, abarcando comunidades en Pilar, Tacuaras, Guazucuá y San Juan de Ñeembucú. En Pilar, se brindó ayuda a 510 familias, en Tacuaras a 649 familias, en Guazucuá a 575 familias, y en San Juan de Ñeembucú a 961 familias. Además, se prestó atención específica a grupos vulnerables como la comisión de chatarreros y la comisión de yuyeros ambulantes.

Los datos preliminares de la Secretaría Departamental de Gestión y Riesgos resaltan la magnitud de las lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú en los primeros cuatro meses del año. Distritos como Guazucuá y Tacuaras experimentaron niveles alarmantes de precipitación, alcanzando el 76% y el 60%, respectivamente, de la media anual de lluvias. En Pilar, la situación no es menos preocupante, con el registro del 45,3% de la media anual en tan solo cuatro meses.