Así lo comunicaron de manera oficial desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tras haberse completado el proceso de intervención que arrancó el pasado 9 de mayo.

Zulma Morales, directora de Desarrollo Educativo del MEC, manifestó que los estudiantes que estén en aula van con una autorización firmada por los padres o responsables, acreditando así el permiso para que asistan.

Si bien el equipo interventor ya no estará presente en la institución educativa, de igual manera seguirá acompañando de cerca las actividades, según menciona la nota de la Agencia IP.

“Nosotros nos hemos retirado de la institución pero vamos a seguir haciendo una asistencia y monitoreo constante a la misma durante los próximos seis meses, cuando ya podamos corroborar que los requerimientos de carácter obligatorio se han cumplido”, enfatizó. Esto incluye visitas semanales o mensuales al lugar.

Morales resaltó el mejoramiento de aspectos ligados a la seguridad en el colegio mediante la instalación de más cámaras de circuito cerrado, así como la contratación de más recursos humanos para hacer un mejor control dentro del predio.

El colegio tiene la obligación de presentar un plan de mejora respecto a todos los puntos detectados durante la intervención en un plazo de 14 días, refirió la responsable de la Dirección General de Desarrollo Educativo del MEC.

Los agentes del Grupo Lince interceptaron a un hombre buscado por un hecho de abuso sexual en niños. La detención se realizó ayer en horas de la noche, en el barrio Remansito sector IV, en Ciudad del Este.

Se trata de Tito Carlos Ayala Rodríguez, de 40 años, contaba con orden de captura por abuso sexual en niños, según nota N°1224, de fecha 21 de noviembre del 2023.

El informe refiere que Ayala Rodríguez se desplazaba a pie, en actitud sospechosa, cuando fue abordado por los agentes que patrullaban la zona. Tras identificar al sujeto, se constató que el mismo contaba con orden de captura. Tras la detención, se dio aviso al Juzgado que atiende la causa.

Este miércoles en horas de la tarde se registró un hecho de arrollamiento sobre la avenida Roberto Cubas del Km 7 barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este.

Resultó víctima de este episodio un niño de solo 13 años de edad, quien se encontraba realizando actividades físicas en compañía de su padre.

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Medios locales señalan que una automovilista atropelló con su vehículo al menor y siguió su camino sin detener la marcha. Gracias a la intervención policial, la misma acabó siendo detenida.

Se trata de Cynthia Lorena González Fleitas, de 38 años, quien estaba al mando de un automóvil de la marca Toyota modelo Vitz de color plata, con chapa AAEJ 074.

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La mujer fue alcanzada por agentes de la Comisaría 2da del barrio Ciudad Nueva y posteriormente sometida a la prueba de alcotest, arrojando como resultado positivo de 1.004 mg/L.

Una vez demorada y puesta a disposición del Ministerio Público, el fiscal Gabriel Segovia ordenó su prisión preventiva. Por su parte, la víctima fue derivada por bomberos voluntarios hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este para recibir atención médica.

“Algo tienen, por eso tomaron la decisión de investigar”, dijo a la 730 AM, el abogado Marcio Batilana, experto en derecho internacional que cuenta con varios litigios en EEUU. El mismo subrayo que además del uso de sistema bancario estadounidense que utilizaron grupos irregulares de otros países, la legislación norteamericana contempla la incursión en asuntos que consideran de importancia de ese país, aún sin que el dinero “sucio” utilizara sus conductos financieros.

Explico que en la diversa gama de envíos de dinero a EEUU, que se encuentran en vigencia, algunas son más abiertas a otras en el aspecto del control.

En Colombia, en tanto, medios de comunicación que siguen el caso Pecci, señalan que la presencia de funcionarios de la DEA, habrían ofrecido algunas soluciones legales estiladas en EEUU, para que los sicarios aporten datos claves sobre la autoría moral del crimen, a cambio de “importantes compensaciones”.

En ámbito judicial colombiano, llama la atención el inusitado interés estadounidense, respecto al magnicidio ocurrido en el exclusivo balneario de Barú, en dónde ultimaron al fiscal antimafia paraguayo.

Cabe indicar qué el gobierno de Estados Unidos, mantiene una recompensa de US$ 5 millones, para personas o grupos que ayuden a detectar al autor moral del asesinato de Pecci.