La agente fiscal Myriam Rodríguez manifestó a los medios de comunicación que el Tribunal de Apelación revocó la medida de Prisión Preventiva solicitada por el Tribunal y que fuera otorgada por el Juzgado a la Directora, Coordinadora y a una Docente, procesadas por Violación del Deber de Cuidado y otros hechos, en relación a un caso de Abuso Sexual en Niños ocurrido en un Colegio de Lambaré.

La fiscal explicó, que la posición del Ministerio Público, inicialmente fue la medida de prisión preventiva, por los fundamentos expuestos en la imputación. Posteriormente la defensa apeló la medida y la resolución del Juzgado fue tratada en la Cámara de Apelación. Nuevamente; el Ministerio Público se opuso, respondió el recurso planteado, manifestando su oposición. Sin embargo, el Tribunal de Apelación otorgó la medida alternativa dentro del proceso.

La representante del Ministerio Público aclaró además, que antes de que la medida quede firme las mismas ya fueron trasladadas a Asunción, a fin de cumplir arresto domiciliario, incluso la agente fiscal planteó un recurso de aclaratoria que ya no fue tratada por la Cámara de Apelación.

La agente fiscal indicó que respeta la decisión del Tribunal de la Cámara de Apelación, pero lamenta que en hechos tan gravosos como estos, como son los casos que involucran a Niños, Niñas y Adolescentes no se tenga en cuenta los fundamentos expuestos en la imputación.

ANTECEDENTES

El equipo de agentes fiscales imputó a la Directora, a la Coordinadora y una Docente por Frustración a la Persecución penal, Violación del Deber de Cuidado y otros hechos

La agente fiscal Myriam Rodríguez indicó que con algunos indicios se identificó a cuatro adolescentes que estarían vinculados a los hechos ocurridos. Al respecto, manifestó que “con los elementos colectados, hemos podido identificar a dos de ellos, no obstante, aún se deberá cotejar con el circuito cerrado”, expresó la representante del Ministerio Público.

El hecho se habría registrado el 26 de abril del 2022, conforme a la denuncia realizada por los padres de la víctima.

En el marco del impulso de la investigación se ha conformado un equipo de trabajo de agentes fiscales para intervenir con la agente fiscal titular Myriam Rodríguez. Se sumaron a la investigación las fiscales Laura Guillén, Laura Avalos, y las fiscales delegadas Gladys González y Carina Sánchez, fiscal delegada de la Unidad Especializada de Trata de Personas.

Se realizaron varias diligencias en el marco de la investigación. Entre ellas se ha solicitado los informes médicos, la contención y evaluación psicológica, se han tomado varias declaraciones testificales.

La agente fiscal ordenó la detención de la directora, de una docente y de la coordinadora, que fueron convocadas a declaración indagatoria, posteriormente fueron imputadas y se solicitó medida de prisión preventiva.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.