“En nombre de nuestros clientes Anne Reiniger, madre de Clara (Egler), y Filip Blank, padre de Lara (Blank), nos gustaría informar que, en relación con la búsqueda de sus hijas de sus respectivos primeros matrimonios, se han producido fructíferas conversaciones”, expresó el abogado Stephan Schultheiss en un comunicado divulgado la tarde de este lunes.

“Estamos con nuestros clientes en Asunción, quienes participan directamente en la coordinación con las niñas y los demás padres. Mientras tanto, también han tenido la oportunidad de un intercambio telefónico directo con sus hijas”, remarcó.

Clara (10 años) llegó a Paraguay con su padre, Andreas Rainer Egler, de 46 años, y su nueva pareja Anna Maria Egler (Scharpf, apellido de soltera), de 35.

Junto con ellos viajó también la niña Lara Valentina Blank (11), hija de Anna Maria Egler y Filip Blank.

Anna y Andreas Rainer Egler no contaban con el permiso para salir de Alemania con las niñas, refirió la Fiscalía.

Las menores ingresaron a Paraguay el 27 de noviembre de 2021 y fueron vistas por última vez el 19 de enero de 2022, según las autoridades paraguayas.

Ante lo ocurrido, la Interpol emitió órdenes de captura de Andreas y Anna Egler.

Hace una semana, la madre de Clara y el padre de Lara autorizaron a la Fiscalía y la Policía en coordinación con el ministerio de la Defensa Pública de Paraguay a lanzar una búsqueda pública de las desaparecidas.

La pareja prófuga respondió por video mensaje y se inició el contacto. “Juntos estamos buscando una solución que haga justicia a los derechos de todas las partes implicadas, pero sobre todo al interés superior del niño”, sostuvo Schultheiss.

“Es importante para todas las partes implicadas encontrar una solución constructiva y buena que ponga fin a la vida de huida de las niñas a corto plazo”, agregó.

Dijo que los requirentes y sus asesores jurídicos se encuentran “en estrecho contacto” con las autoridades locales, la embajada Alemana en Asunción y la independiente Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).

“También estamos en estrecho contacto con las autoridades fiscales alemanas e internacionales”, precisó.

Según Schultheiss, el contacto con las menores ocurrió este fin de semana.

“En los últimos días hemos realizado varias llamadas telefónicas a través de un servicio de mensajería a las niñas y a sus otros padres, Andreas Egler y Anna Egler. En estas llamadas telefónicas buscamos una solución amistosa para poner fin a la sustracción de las niñas”, explicó.

Anne Reiniger y Filip Blank prometieron retirar su denuncia si la pareja devuelve a las menores y llega a un acuerdo sobre la tenencia.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.