Por Rossana Escobar y Darío Arámbulo

En los últimos cuatro años del gobierno de Mario Abdo Benítez, las organizaciones criminales instaladas en Paraguay ya han exportado drogas por aproximadamente US$ 5.650 millones, costo evaluado solamente en cargas que fueron incautadas por agencias internacionales de seguridad de América Latina y Europa. Empero, un eje central de la narcoexportación de cocaína ha sido el envío de cargamentos a través de los puertos fluviales donde el control de la administración pública es nulo.

Tras consultar varias fuentes, desde agentes de los órganos jurisdiccionales, antidrogas, funcionarios y agroexportadores, se observa que existe un circuito simulado de control de los contenedores que llegan a los muelles para ser embarcados a distintas partes del mundo.

Hoy los cárteles con asiento en Paraguay tienen como objetivo principal enviar narcóticos al viejo continente y lo consiguen aprovechando las “facilidades” que ofrecen los puertos nacionales para que a través de la hidrovía Paraguay-Paraná llegue la droga a los atracaderos europeos.

Las averiguaciones realizadas por el equipo de Investigación de Nación Media revelan que, una vez en el puerto, la Dirección Nacional de Aduanas desaparece del proceso y los contenedores quedan a merced de las estructuras criminales.

EL CIRCUITO

Según varias fuentes, los contenedores ya salen de los depósitos de las empresas exportadoras con un precinto de seguridad que coloca la naviera que contratan. Al llegar a los puntos de acceso a los puertos, existen dos caminos, los que tienen “canal verde” (container sin carga sensible o sin destino sospechoso) que pasa directamente al predio, y el “canal rojo” (mercadería sensible) que necesariamente debe pasar por el escáner de Aduanas.

Un dato importante para destacar es que desde el 2021, tras la oleada de cargas de “cocaína made in Paraguay” incautadas en los puestos de Alemania, Países Bajos, España y Portugal, la Dirección Nacional de Aduanas empezó también a colocar precintos de seguridad a los contenedores como una doble seguridad, por lo que hace un año que los containers que ingresan a los muelles llevan doble precinto.

Ahora bien, una vez que los contenedores pasen el puesto de control aduanero, sea por el canal verde o rojo y el depósito haya sido escaneado y se confirme que la mercadería esté limpia, el producto a exportar queda a disposición del crimen organizado porque ya las autoridades gubernamentales han concluido el circuito de control.

EMBARQUES DE FIN DE SEMANA

Fuentes del rubro explicaron que las mercaderías se despachan de lunes a jueves, días en los que se verifica que todas las documentaciones estén correctas, y de viernes a domingo los buques o barcazas de las navieras recorren los distintos puertos para ir embarcando los contenedores. Sin embargo, comentan también que un contenedor puede pasar días e incluso semanas en el predio de los puertos hasta el momento de estibar.

Agentes y ex agentes de los organismos de seguridad explican que, en la mayoría de los casos registrados, son en esos días de espera cuando ocurren las contaminaciones de las cargas, pues en teoría, afirman, nadie debería tocar más el contenedor una vez despachado y a la espera de ser embarcado.

Uno de los funcionarios entrevistados por este medio indicó también que dentro de los puertos ocurren la mayoría de las vulneraciones de los contenedores, alterando la carga original, ya que asegura que algunos precintos son fáciles de violentar o, en todo caso, renuevan con la complicidad de algún burócrata corrupto.

Además, las fuerzas públicas no tienen control de operaciones en estas zonas; además, el 80% de los puertos fluviales de Paraguay son de empresas, o sea propiedad privada.

En cambio, la Dirección Nacional de Aduanas no deja de tener responsabilidad en esta situación porque es el órgano gubernamental autónomo, facilitador del comercio internacional, y a la institución que se le confiere la competencia para la aplicación de la legislación aduanera en la fiscalización y control en el ingreso, egreso y circulación de mercaderías.

Todo este caos se da en medio del destaque que le da el presidente de la República a la incautación en Paraguay de 37 toneladas de cocaína mientras que en el mundo decomisan aproximadamente 57 toneladas de la droga.

CUANDO ABREN

Por último, explican los entrevistados que las únicas posibilidades que existen para se abra un contenedor es cuando se haya observado algo sospechoso durante el escaneo o que instituciones como la Senad o la Policía alerten sobre alguna información de inteligencia a los funcionarios de Aduanas.

Para la apertura de un container deben ser convocados los dueños de la carga o, en-su defecto, el despachante, Aduanas y responsables de las fuerzas públicas. Pero incluso agentes de inteligencia reclaman que la apertura de un depósito sospechoso no se da de forma inmediata, y son los funcionarios aduaneros quienes fijan el día y la hora de la revisión.

COMPRA URGENTE DE ESCÁNERES, EN LA NADA

El director de Aduanas, Julio Fernández, ya en abril del 2021 había anunciado con gran destaque la intención de comprar 10 escáneres de contenedores y realizar una inversión de US$ 30 millones.

“En reunión con el presidente Abdo Benítez hemos coincidido en la urgente necesidad de fortalecer los controles el tema una vez más. Ahora tenemos el pedido expreso del Presidente de buscar soluciones y acelerar la compra de 10 escáneres para aumentar la eficacia de la lucha contra el crimen organizado, especialmente en materia de narcotráfico y contrabando”, habían indicado en su momento desde el Palacio de López.

Pero a un año y cuatro meses de aquel anuncio, la institución a su cargo aún no logró cerrar la licitación de compra e incluso una se declaró desierta y bicicletea con un escáner adquirido en el 2019. En el actual proceso licitatorio Aduanas prevé invertir G. 70.850 millones para comprar dos equipos móviles de rayos X de alta energía, pero recién para la próxima semana tienen marcado empezar la recepción de ofertas.

Es importante señalar que el cientista social y analista de seguridad Carlos Peris había dicho a nuestro medio que la sola adquisición de escáneres era una medida simplista porque las contaminaciones incluso se dan dentro de los predios, pero aun así el Gobierno no ha cumplido con la medida parche anunciada.

La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

#COMUNICADO | El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunica cuanto sigue: pic.twitter.com/rZ8RfNItf6

— Ministerio de Salud (@msaludpy) April 30, 2024

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.

Se trata del llamado con ID N.º 441.770 que ya se encuentra publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con fecha de recepción de ofertas para el 10 de mayo del corriente año.

Las labores se dividen en 29 lotes que suman un total de 116 tramos de rutas nacionales, departamentales, intersecciones y rotondas a nivel país, abarcando 2.868 km. El monto estimando de la inversión es de G. 52.165.016.459.

El objetivo del contrato es gestionar la limpieza de carreteras, y ejecutar el mantenimiento de las mismas, de forma a satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de la licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad para los ciudadanos.

Los servicios requeridos contemplan la ejecución de obras de puesta a punto y el mantenimiento de las vías, siendo el plazo contractual de 7 meses calendario. De ese lapso la contratista dispondrá de 90 días para concretar las obras de puesta a punto.

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