En charla con la prensa, la política colorada entró en contradicciones al indicar primero que fue una visita oficial, luego que fue en carácter de senadora de la nación, no así emisaria de Mario Abdo Benítez, y posteriormente que recibió una invitación de una universidad de California. “No me fui en representación del Ejecutivo; hacen show para darme propaganda y me pone contenta que hagan ruido y me expongan (en las portadas)”, dijo. Sin embargo, la comisión de RR.EE. del Senado no estaba al tanto de esa invitación.

La emisaria oficialista Samaniego confirmó que pagó de su bolsillo la suma de USD 7.500 a un lobista, pero rechazó que haya sido para que Horacio Cartes sea designado por EE.UU. “Todo lo que hice es legal y transparente, pero estoy acostumbrada a que los corruptos pongan como algo ilegal lo que es legal. Cada una de mis reuniones rendía cuentas ante el plenario del Senado”, agregó.

No supo explicar por qué terminó pagando a una consultora para hacer lobby, siendo que supuestamente recibió invitación para ir a los Estados Unidos. Solo sostuvo que hizo el aporte al lobista, con quien trabaja desde hace tiempo pero que justamente nunca le cobró por su ayuda y solo ahora hubo un pago, porque están elaborando un proyecto juntos. “Vamos a presentar un proyecto sobre defensa, seguridad e inteligencia, en poco tiempo lo voy a presentar, estamos haciendo los ajustes”, intentó justificar.

Por último Lilian alegó que se reunió con legisladores norteamericanos para que reciban en septiembre al presidente del Congreso, “Cachito” Salomón, quien viajará a EEUU para reunirse con sus pares de ese país.

El lobby de Lilian

Por medio de un formulario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, denominado FARA, que es una información pública, se pudo comprobar que la senadora oficialista Lilian Samaniego en su reciente visita al país del norte el pasado mes de julio, en realidad consiguió reunirse con autoridades norteamericanas gracias a las gestiones de una firma consultora dedicada a hacer lobby. De este modo, se confirma que el oficialismo colorado acicateado por el propio Gobierno de Mario Abdo Benítez, tuvo intervención directa y estuvo operando ante autoridades de los Estados Unidos para influir sobre la imagen del expresidente Horacio Cartes, quien unas semanas después fue designado como “significativamente corrupto” por el Secretario de Estado.

Según el documento al que tuvimos acceso, el contrato fue firmado el 8 de julio pasado y en el cuadro en que se describe la naturaleza y el método de ejecución del acuerdo o entendimiento se explica que se trata de un acuerdo abierto (sin duración establecida) para organizar reuniones periódicas de la legisladora paraguaya con funcionarios e individuos en Washington, DC.

A continuación se especifica que la senadora ha acordado verbalmente compensar a Planty & Asociados con un honorario de US$ 7.500 (G. 51 millones) por la próxima visita de tres días a la capital estadounidense.

En cuanto a las actividades que tenía previsto desarrollar como parte del acuerdo, el consultor Donald J. Planty de la firma Planty & Associates LLC, describe que el solicitante del registro se encargará de organizar reuniones con homólogos/interlocutores del gobierno de EE.UU. así como del sector privado, líderes y ONG’s durante la visita de la parlamentaria.

El FARA es un estatuto de divulgación pública originalmente promulgado en 1938 como una respuesta legislativa a las extensas actividades de propaganda extranjera en los EE.UU. durante el período previo a la Segunda Guerra Mundial.

El Departamento de Justicia de EE.UU que es el organismo que hace cumplir y administra el FARA, también ha emitido opiniones consultivas y otras orientaciones para interpretar la ley.

En el caso de la visita de la senadora Samaniego, el agente designado, Donald J. Planty, estaba autorizado por ley a organizar actividades políticas destinadas a “influir de cualquier manera” en ” cualquier agencia o funcionario del Gobierno de los Estados Unidos” o “cualquier sección del público dentro de los Estados Unidos”, con referencia a “las políticas internas o externas de los Estados Unidos o… los intereses políticos o públicos, las políticas o las relaciones de un gobierno de un país extranjero de un partido político extranjero”. Este es un término amplio que abarca cabildeo, actividades de relaciones públicas e incluso promoción turística.

Asimismo, entre sus actuaciones está previsto proporcionar ciertos servicios de relaciones públicas o relacionados con la política.

La viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso, destacó el nivel de apertura que ha alcanzado la propuesta legislativa. “No solo hemos mantenido reuniones con diversas representaciones sindicales y gremiales, sino que también hemos realizado audiencias públicas. Además, se han recibido contribuciones a través de la plataforma del MEF, las cuales están disponibles para que los ciudadanos puedan acceder a toda la información,” destacó.

Estas socializaciones buscan asegurar que todas las voces sean escuchadas y que el proyecto de ley sea el resultado de un consenso amplio y representativo. La viceministra Picaso reafirmó el compromiso del Gobierno de seguir trabajando en conjunto con los diferentes sectores para lograr que esta ley mejore la eficiencia y transparencia en la Función Pública.

“Es una ley compleja porque trata sobre nosotros, los servidores públicos, entonces entendemos que la misma debe ser analizada entre todos. No recuerdo que una iniciativa legal haya tenido esta apertura. Vamos a evaluar los aportes para ver las nuevas modificaciones. Hicimos audiencias públicas, reuniones con federaciones, coordinadoras de gremios, centrales de trabajadores, sindicatos, entre otros grupos”, expuso en entrevista con el canal GEN.

Entre las propuestas recibidas algunas guardan relación a los derechos colectivos de los trabajadores de la función pública, de acuerdo con la autoridad.

Ayer, acompañada por el abogado del Tesoro, Fernando Benavente, la autoridad mantuvo una reunión con la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y Entidades Descentralizadas, en el marco de las mesas de trabajo que se vienen realizando respecto al Proyecto de Ley “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”. En el encuentro, se resaltó la importancia del diálogo y la búsqueda de consenso en la elaboración de este proyecto de ley, que pretende fortalecer la Función Pública y el servicio civil.

La semana pasada la misma se reunió con el sector de blanco y de los artistas.

Ella dijo que esa madrugada de lunes, recibió la llamada de una amiga, invitandola a una fiesta, la cual accedió. Y que al regresar encontró muerto a su papá, en su cama, empapado en sangre.

Sol dijo a los intervinientes que don Isidro era presidente de la comisión vecinal, y que como tal manejaba los fondos que se recaudaba para proyectos de obras en el barrio. Acotó que presumía que para robarle, el o los autores del crimen procedieron a matarlo. A los agentes llamó la atención que la casa estaba en orden, sin ninguna señal de violencia y de revueltos habituales que quedan tras un robo domiciliario.

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Los días pasaron hasta que la exesposa de la víctima, que no ya no vivía en la casa, fue hasta allí para limpiar la vivienda (para ponerla en alquiler), hasta que en un momento abrió una caja de lo que era recipiente de un aire acondicionado. En la misma estaba un hacha ensangrentada.

De ello dio aviso a la Policía, cuyos agentes que ya tenían presunciones que Iban en dirección a la hija del fallecido. La volvieron a entrevistar, para luego pedir a la Fiscalía una orden de detención.

Ya detenida y con las nuevas evidencias, Sol Felicia debe hacer frente a la imputación que le aplicó el Ministerio Público. Mientras tanto testimonios de familiares y amigos de la víctima fatal, van sumando elementos al caso que conmovió a la comunidad limpeña.

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Gustavo Benítez, director de asuntos jurídicos de Sedeco, describe a esta secretaría como la encargada de defender los derechos de los consumidores, particularmente frente a los proveedores u oferentes de productos.

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Sin embargo, al mismo tiempo reconoce que esta institución no tiene facultades prácticas de actuar ante eventuales remarcajes de precios.

“Si existiera alguna fluctuación o distorsión de precios, Sedeco no puede intervenir”, admitió Benítez, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

La consulta saltó ante las denuncias de un reajuste de precios de algunos productos, debido al aumento del salario mínimo a partir del 1 de julio. El monto no fue definido aun, pero sería de 107.000 guaraníes o más, dependiendo de la inflación de mayo.

Parte de las actividades de Sedeco incluye el monitoreo de precios y las comparaciones entre los distintos comercios. Este servicio puede darle una idea al consumidor sobre el promedio correcto de precios y acerca de los locales más convenientes a los cuales acudir.

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