“Para mí está claro que muchas personas tienen miedo de hablarme. Mucha gente tiene miedo de escribirme, de que mi teléfono esté siendo vigilado”, explica en este informe la periodista marroquí Aida Alami, que trabaja para The New York Times.

En México, el país más letal para los periodistas en el hemisferio occidental, se descubrió que algunos de ellos fueron espiados, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la vigilancia ilegal, asegura Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Desgraciadamente, la situación reguladora y la capacidad de las autoridades para interceptar las comunicaciones siguen intactas”, asegura García, cuyo grupo apoya a los periodistas que han sido objeto de espionaje con Pegasus, un programa informático desarrollado por la empresa israelí NSO Group en el verano boreal de 2021.

Para el húngaro Szabolcs Panyi, periodista de la publicación digital Direkt36, cuyo nombre apareció en la lista de personalidades espiadas por Pegasus, “el mayor miedo actualmente es que este caso tenga un efecto disuasivo en las fuentes” y sea “un obstáculo para nuestro trabajo durante mucho tiempo”.

Este sentimiento es una de las principales constataciones del CPJ, con sede en Nueva York, que recuerda la solicitud presentada por “más de 180 organizaciones no gubernamentales” y expertos de la ONU de una moratoria sobre la venta, el uso y la transferencia de tecnologías relacionadas con estos programas espías, mientras se crea un marco regulador que garantice el respeto de los derechos humanos.

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Más preocupante para el CPJ es que “los viejos métodos de defensa no funcionan” contra la “nueva generación de programas espías”, que pueden infiltrarse en un teléfono sin que el usuario abra un enlace o descargue un documento adjunto, sino simplemente mediante un simple “llamada sin respuesta”, o un “SMS invisible”.

El comité, que detalla casos de cuatro países (México, Hungría, Marruecos e India), advierte que “incluso en las sociedades democráticas, la voluntad política de limitar los programas informáticos espías” con fines de lucha contra el terrorismo “puede fallar”.

Más allá de una moratoria, el CPJ reclama que se restrinjan las importaciones y exportaciones a países que convierten estas tecnologías en instrumentos de represión y la creación de un tratado internacional que limite su comercio.

Para las empresas que desarrollan este tipo de programas, el comité solicita que se comprometan públicamente en favor de la libertad de prensa, e incluyan cláusulas explícitas de prohibición de espiar a periodistas en los contratos y licencias, así como la posibilidad de revocar el acceso a los programas espías cuando se detecte un abuso y lo señalen.

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PARAGUAY

En el caso de nuestro país, tampoco escapa del problema que conllevan estos aparatos espías. Aquí el periodismo de investigación consiguió la caída de importantes y poderosos políticos y empresarios gracias a las publicaciones que revelaban sus “trapitos sucios”.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.