Tal vez el apuro de las herederas se debía a que existirían personas que alegan ser hijos extramatrimoniales de “Acero” Zuccolillo. Un hombre identificado como Julio Duarte, fue el primero que salió públicamente a decir que era hijo del empresario e incluso había señalado que iba a recurrir a la justicia para demostrarlo, del caso no se supo más nada.

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El otro caso es el de René Villar, quien es hijo de Aldo Zuccolillo, si bien nunca lo reconoció como tal en forma legal, tampoco lo ocultó. El joven nunca fue bien recibido por las hijas del ex director de ABC, incluso se rumoreaba que el “perdón” para Aldo se dio a cambio de que nunca le diera el apellido Zuccolillo.

Los herederos y el hijo no reconocido.

El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Hugo Garcete es quien tiene el expediente de la sucesión de los bienes del empresario Zuccolillo y confirmó que las personas que se presentaron a reclamar los bienes fueron su viuda Graciela Pappalardo y sus hijas Natalia, María Adelaida y Andrea Zuccolillo Pappalardo. Hasta la fecha ninguna otra persona pidió ser incluida en la sucesión.

El único hijo no reconocido legalmente, pero sí emocionalmente por “Acero” es René Villar, de 31 años, a quien siempre Aldo lo mantuvo en las sombras, pero cuando falleció el director de ABC, fue el mismo joven quien utilizó sus redes sociales para escribir una carta en la que le agradecía a su padre todo lo que le dio en vida y le dijo “gracias por todo, papito“. Este tipo de exposiciones públicas eran las que las tres hijas de Aldo no querían tener, señalan los que conocen a la familia. A la que más le molestaba esto era a Natalia, la mimada de Zuccolillo.

Las hijas de Zuccolillo no querían que René tenga el apellido de su padre, tal vez por celos o avaricia, para que nunca pueda heredar los millones de dólares que dejó el empresario al fallecer. Las razones solo ellas pueden corroborar, pero que siempre excluyeron al joven es sabido por el entorno.

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Según los rumores desde hace tiempo, Aldo Zuccolillo llegó a un acuerdo con la madre de René y le había prometido un millonario monto de dinero, a parte de una mensualidad e inmuebles entre los que estaría una quinta en el departamento de la Cordillera, que pasarían a su nombre una vez que él muera.

René Villar, junto a su madre y su padre.

Esto para que nunca se presenten a reclamar la herencia que “Acero” les dejaría a su esposa y sus tres hijas. Esa herencia se cree que superaría ampliamente los mil millones de dólares, ya que es sabido que a parte del ABC, la familia Zuccolillo es propietaria del Banco Atlas, Inmobiliaria del Este, Consultora Atlas, Imprenta Mercurio, Shopping Mariscal López y otras empresas más.

Todo bien documentado por escribanía, el hábil Aldo habría blindado la posibilidad que Villar tras su muerte se presentara a reclamar una tajada de sus bienes y se desate una disputa legal.

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Tampoco el joven -tras la muerte de su padre- salió corriendo a los tribunales a pretender manotear los bienes de sus hermanas, lo que hace suponer que los rumores de arreglos previos eran verdad. La madre de Villar es dueña de la empresa Masapan que en los últimos años tuvo un buen crecimiento y se expandió.

También se rumoreaba que esa firma fue construida con apoyo económico de “Acero”, quien mantenía una excelente relación con su hijo y la madre del mismo. Cotidianamente el “dire” (como le decían a Zuccolillo) iba a la casa de la familia Villar a compartir por horas. También acompañaba a su hijo en algunos actos públicos, esa situación no era aprobada por las hijas, pero ya había otro arreglo no escrito entre los Zuccolillo y ese trago amargo se lo tomaban sin poner cara fea.

De esta manera Aldo Zuccolillo blindó su millonaria fortuna sólo para su viuda e hijas, dejando fuera a los avivados que quieran hacerse pasar por hijos “okára”.

El proyecto de ley busca regular la utilización e instalación de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, por parte de la Policía Nacional, que es el órgano rector.

En cuanto a la instalación de videocámaras, el proyecto establece que estará sujeta a la autorización de la Policía Nacional, que podrá ordenar de oficio, o ante solicitud fundada de los consejos vecinales o cualquier particular, la instalación de uno o más equipos en determinados sectores.

Otro aspecto principal anunciado por el diputado Ortíz da cuenta que no se requerirá autorización para la instalación de cámaras en las veredas de los domicilios particulares cuando ellas formen parte del circuito cerrado de seguridad de ese domicilio.

Asimismo, establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre ulterior destino.

El proyecto deja en claro que serán consideradas faltas muy graves las siguientes infracciones: alterar o manipular los registros de grabaciones y el permitir el acceso de personas no autorizadas a las grabaciones o utilizar estas para fines distintos de los previstos legalmente.

El documento quedó aprobado en base al dictamen de la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno, cuyo presidente enfatizó que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder.

Se dispuso la remisión del documento, tras su media sanción, a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Vicente Capello, director de Transporte y Tránsito de Asunción, señaló que la situación de las empresas de transportes permisionarias de Asunción, se viene analizando ya desde hace tiempo, ya que desde el 2014 reciben un subsidio menor a los que perciben las que operan en el área metropolitana.

“Tenemos que analizar desde la base del costo operativo. Tenemos que basarnos en los datos y en la realidad del sostenimiento del sistema”, sostuvo Capello.

Indicó que el deterioro de los buses y la desaparición de las empresas es consecuencia de una tarija que no fue reajustada, por lo que se prevé un aumento de G. 600, accediendo al pedido de las empresas que hoy operan en Asunción.

Explicó que se trata de una “reanimación urgente” y luego se verá si el paciente (empresas) sobrevive.

Asimismo, dijo que se encuentra en marcha la propuesta de migración del sistema actual al sistema “troncal alimentador con pasaje integrado”. Expresó que su implementación se podría dar en un par de meses.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley Nº 1590/2000 ‘Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT)’, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.

La iniciativa propone modificar y ampliar las disposiciones vinculadas con el Sistema Nacional de Transporte, preservando la naturaleza jurídica y autárquica de la Dinatran; así como establecer la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

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El texto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte.

Se crea, además, un Consejo Asesor como instancia consultiva, integrado por las autoridades competentes, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento que se encuentra en su segundo trámite constitucional fue aprobado en general, y a propuesta consensuada de los legisladores, se resolvió postergar por una semana su estudio en particular.

Varios parlamentarios adelantaron que, durante el tratamiento en particular del proyecto, plantearán una serie de modificaciones.