Unidad de Investigación, Nación Media

El secretario mimado de Arnoldo Wiens, precandidato a la Presidencia por el oficialismo colorado, tuvo un considerable aumento patrimonial desde que ingresó a la función pública. Se trata de Édgar Moisés Ibáñez Báez, de 32 años, quien es funcionario permanente del Congreso Nacional, aunque actual- mente figura como director de Relaciones Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y conforma la lista de precandidatos a la Cámara de Diputados por el movimiento Fuerza Republicana.

Este joven tuvo un auge exponencial en cuanto a bienes y salarios, siempre de la mano de Wiens, a quien acompañó tanto en el Senado como en el MOPC. Según los detalles que obran en su declaración jurada de bienes y rentas presentada ante la Contraloría General de la República, este pasó de tener un patrimonio neto de solamente G. 188.000 a declarar cuatro años después G. 350.277.457.

Es decir, el joven Ibáñez logró amasar bastantes bienes, pues en 53 meses aumentó 1.862 veces más el valor de sus bienes. Además, un detalle no menor es que la última declaración jurada que presentó fue de hace tres años.

INICIO

Cuando Wiens llegó en el 2013 a la Cámara de Senadores, llevó con él a Ibáñez, quien ingresó primero como asistente personal y luego fue jefe de despacho de la oficina del entonces senador Arnoldo Wiens, con un primer contrato de salario de G. 2.800.000, según el portal del Ministerio de Hacienda.

El 25 de marzo del 2014, Édgar Ibáñez, con 23 años, presentó su primera declaración jurada en la que declaraba activos consistentes en: un automóvil Toyota Spacio de G. 25.000.000, un depósito en efectivo en el Banco Nacional de Fomento (BNF) de G. 3.600.000, un televisor de 2.700.000 y un aire acondicionado de G. 1.636.000. Su activo era de G. 32.936.000.

Mientras que el pasivo declarado era de G. 32.748.000, deudas que acumulaba en varias casas de crédito. De esta forma, su patrimonio neto era de tan solo G. 188.000, según el documento público.

CONSIDERABLE AUMENTO

Cuando Wiens fue designado por el presidente Mario Abdo Benítez para asumir como ministro del MOPC, de nuevo llevó a su mimado para que sea el jefe de Gabinete de la cartera. Es así que para dejar el Congreso Nacional e ir comisionado al ministerio, presentó su segunda declaración jurada.

Llamativamente, para el 28 de agosto del 2018 y a los 28 años, la vida de Édgar Moisés ya había dado un giro de 180 grados, pues su patrimonio neto declarado ya alcanzaba G. 350.277.457; es decir, 1.862 veces más que lo juramentado 53 meses atrás, un poco más de 4 años.

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DETALLES

Según la declaración jurada presentada por Ibáñez en el 2018, este ya contaba con depósitos en tres entidades financieras que alcanzaban G. 31.105.711 y los valores de sus muebles eran de G. 38.681.782.

El joven mimado ya había dejado atrás el Toyota Spacio para declarar una camioneta Jeep Compass modelo 2019 de G. 209.880.000, adquirida ese mismo año; otra camioneta Kia Sportage modelo 2015 que también adquirió 0 km por G. 168.242.553, un auto Toyota Premio 2003 valorizado en G. 44.000.000 y un camión Toyota Dyna Truck de G. 50.000.000. A los 28 años, la flota de vehículos de Ibáñez ya consistía en cuatro rodados valorizados en total en G. 472.122.553.

Pero mientras que declaraba una deuda total de G. 310.757.589, informaba que tenía cuentas a cobrar por G. 119.125.000 a la Naviera Conosur SA-Fluvialba SA, es así que el patrimonio neto de Édgar Ibáñez para el 2018 ya era de G. 350.277.457.

¿CÓMO LE FUE EN EL MOPC?

Recordemos que el secretario de Wiens fue puesto en nada más y nada menos que en el Comité de Evaluación de las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, siendo además jefe de Gabinete de la cartera. Pero en apenas nueve meses, el ministro se vio obligado a remover del equipo a su protegido tras el escándalo de las impugnaciones y su cambio se dio en mayo del 2019.

Según publicaciones periodísticas, un total de 31 licitaciones fueron impugnadas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, lo que generó cuestionamientos también al interior de la cartera por las bajas ejecuciones e incluso empresarios del sector de la construcción habían cuestionado su labor dentro del comité, que al parecer la finalidad no era justamente denotar un criterio técnico.

Sin embargo, fue acomodado rápidamente y sigue estando en el MOPC, donde cuenta con gran influencia para algunas operaciones, como señalan denuncias periodísticas, y que agregan que este joven habría incluso ampliado su flota de vehículos de lujo, aunque no se tienen registros porque hace tiempo que no presenta declaración jurada.

Por último, lo que sí se tiene registro es que es actual director de Relaciones Públicas del MOPC y percibe G. 19.433.570.

El secretario de Arnoldo Wiens solamente tenía un Toyota Spacio y G. 3.600.000 en depósito y su patrimonio neto era de apenas G. 188.000 en el 2014.Édgar Ibáñez, siempre mimado y protegido por Wiens, pasó de ser un humilde asistente a dueño de una interesante flota de vehículos de lujo, según su declaración jurada del 2018.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.