Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia, representan al Ministerio Público en el Juicio Oral contra el exministros de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo y Rody Godoy, como tambien la ex administradora, María Estela Azuaga, por la comisión de los hecho punibles de Lesión de Confianza y Estafa por el perjuicio desvío de mas de 68 mil millones de guaraníes. La representación fiscal presentó su Alegato Final ante el Tribunal juzgador y requirió la pena privativa de libertad de 12 años para Enzo Cardozo, 13 para María Estela Azuaga y 8 para Rody Godoy.

La representación fiscal cuenta con los elementos necesarios como pruebas documentales, testificales y periciales que fueron ofrecidos en tiempo y forma durante el acto procesal. Respecto al daño patrimonial causado existen autorizaciones de desembolsos firmados por valor de G. 68 mil millones.

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Esta causa tuvo varios recursos dilatorios presentados por la defensa por lo cual se intentaron evitar la sustanciación de la audiencia preliminar y por ende se elevara el caso a Juicio Oral y Público. La defensa del extitular del Ministerio de Agricultura y Ganadería había presentado un recurso en el que solicitaba la prescripción de la causa y posteriormente recusó al Tribunal.

En el caso, ya existen ocho condenados que estuvieron en un largo juicio oral donde incluso se presentaron unos 1.000 testigos, donde ya recibieron condena, la cual está firme.

La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

#COMUNICADO | El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunica cuanto sigue: pic.twitter.com/rZ8RfNItf6

— Ministerio de Salud (@msaludpy) April 30, 2024

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.

Se trata del llamado con ID N.º 441.770 que ya se encuentra publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con fecha de recepción de ofertas para el 10 de mayo del corriente año.

Las labores se dividen en 29 lotes que suman un total de 116 tramos de rutas nacionales, departamentales, intersecciones y rotondas a nivel país, abarcando 2.868 km. El monto estimando de la inversión es de G. 52.165.016.459.

El objetivo del contrato es gestionar la limpieza de carreteras, y ejecutar el mantenimiento de las mismas, de forma a satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de la licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad para los ciudadanos.

Los servicios requeridos contemplan la ejecución de obras de puesta a punto y el mantenimiento de las vías, siendo el plazo contractual de 7 meses calendario. De ese lapso la contratista dispondrá de 90 días para concretar las obras de puesta a punto.

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