En el transcurso de este miércoles se tuvieron problemas con la provisión de oxígeno en el Hospital Distrital de Villa Elisa debido a la falta de recarga de los balones.

La directora del hospital, Johana Benítez, confirmó a Radio Ñandutí que desde hace aproximadamente un mes están teniendo inconvenientes con la empresa proveedora.

En este caso, la firma encargada de proveerles el oxígeno y hacer la recarga no está pudiendo cumplir con esta tarea, generando preocupación para los pacientes.

Debido a ello, desde el mismo hospital tienen que encargarse de llevar los balones para recargarlos ellos mismos, a fin de evitar un total desabastecimiento, tarea que no les corresponde en la práctica, según Benítez.

“Estamos con oxígeno aún, por eso la gente no está muriendo. Estamos haciendo magia para que a nadie le falte”, manifestó a la 1020 AM.

Buscando asegurar la provisión constante de oxígeno, tuvieron que recurrir al Instituto de Previsión Social (IPS) para hacer la recarga de los balones que fueron llevados en un móvil de la Municipalidad de Villa Elisa.

La madre de Matías Vicésar (21), Raquel Vicésar, denunció en charla con Visión Comunicaciones que existen muchas irregularidades en el proceso abierto contra el radiólogo Gabriel Ayala, quien fue el responsable de haber ocasionado el accidente.

La madre explicó que habían recusado al juez de Guairá, Víctor Ortigoza, por aparente pérdida de imparcialidad, y que de manera meteórica un Tribunal lo confirmó en el cargo e inmediatamente se fijó la audiencia.

“De la nada se llamó a juicio oral, siendo que se recusó al juez por parcialidad. Mientras estábamos esperando la resolución, a mi hija le avisan que el tribunal confirmó al juez a las 12:10, y que ya se convocó a la audiencia a las 12:30. La contraparte consiguió a todos sus testigos, mientras que nosotros tenemos a un testigo que es de Encarnación y otro que estaba trabajando en ese momento. Por lógica se debe hacer una notificación previa. Me duele mucho eso”, expuso.

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En otro momento, la mujer lamentó que la contraparte denunciada pretendió instalar mentiras, responsabilizando a su hijo de lo ocurrido. Afortunadamente, tras mucho insistir se pudo conseguir un video de circuito cerrado, mediante el cual se supo lo que verdaderamente ocurrió. “La fiscal Gladys Giménez nos trabó al principio, y tuvimos que hacer una querella adhesiva para poder acceder al video. Nuestro abogado accedió y vimos que mi hijo no fue el culpable”, agregó.

También indicó que, uno de los testigos dijo que al radiólogo le preocupó más cómo estaba su auto antes que el joven atropellado, quien estaba tirado en el suelo y no recibió la asistencia oportuna, lo cual podría haber cambiado su situación.

Para el próximo viernes, a las 09:00, está previsto que continúe el juicio contra Gabriel Ayala. La familia de Matías espera conseguir justicia.

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El 25 de junio del 2023, en horas de la noche, Matías Vicésar Leiva sufrió un traumatismo de cráneo y múltiples fracturas. Estuvo involucrado en el accidente el automóvil conducido por el radiólogo Gabriel Ayala Irala, funcionario de blanco de la ciudad de Villarrica.

El percance se registró sobre la calle Avenida España y 25 de noviembre, en la esquina del hospital regional de Villarrica, cuando el joven transitaba a bordo de su motocicleta rumbo a su domicilio tras su jornada laboral, momento en que le salió al paso -aparentemente de manera imprudente- el conductor del rodado.

Marías se encuentra actualmente en su casa, con muerte cerebral, luego de haber estado seis meses en el hospital.

El mismo fue identificado como Julio Ramón Cáceres Carrillo, 52 años, quien es acusado por falsificación de documentos para los delincuentes. El hombre ya se encontraba suspendido desde el año 2023 por una causa similar, sin embargo seguía generando documentos que falsificaba para sus “clientes”.

El allanamiento y detención se produjo sobre las calles Milano y Juan E. O’Leary, de la capital, en donde el sujeto tenía montado su oficina y vivienda.

Las tramas fraudulentas afectaron a muchas personas que caìan en la trampa que se presentaba de manera legal, pero cuyo contenido estaba plagado de falsificaciones de documentos públicos.

Según investigadores, el escribano acusado tendría conexiones cómplices en entes en los que necesariamente deben registrarse las transacciones de bienes, así como en el ámbito judicial. Esto a partir de la forma rápida en que se despachaban los casos, así como el acceso a planillas hojas de documentos en blanco, que eran llenadas con datos falsos. Esta posibilidad ya saltó al tapete en otras ocasiones en donde incluso se vieron involucrados jueces y funcionarios del Poder Judicial.

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Agentes especiales de Oficina Regional de la SENAD en Ciudad del Este realizaron un importante operativo en la zona de la estancia “Agrotoro”, ubicada en el distrito de Ñacunday, departamento de Alto Paraná.

El procedimiento, que contó con la coordinación del agente fiscal Manuel Rojas, tuvo como finalidad la anulación de cultivos ilícitos de marihuana en dicho sector.

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Esta despliegue se desarrolló como parte de una investigación relacionada con grupos criminales que ingresan a establecimientos rurales para la instalación de campamentos narco, al margen de la ley.

Los intervinientes lograron hallar varias plantaciones de cannabis dentro del establecimiento, que totalizaron 3 hectáreas de la droga, de acuerdo al informe.

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Así también, se descubrió un campamento utilizado por los narcotraficantes para el procesamiento de la marihuana, además de los insumos y herramientas destinadas para dicho menester.

El traslado de las fuerzas operativas de la SENAD obtuvo como resultado la destrucción de un total de 9 toneladas de marihuana, detalla la actualización brindada por la institución.