Las “terapias de conversión” buscan cambiar la orientación sexual de una persona e imponerle la heterosexualidad a través de métodos polémicos que van desde la toma de hormonas, los electrochoques o la práctica de rituales exorcistas. 

“Estas intervenciones siguen practicándose en Europa, muchas veces con toda la legalidad y generalmente bajo un pretexto médico o religioso”, escribió Mijatovic en el informe.

“Pese a las consecuencias nocivas de estas intervenciones, que son profundas y duraderas, es difícil para las víctimas hacer reconocer el prejuicio sufrido y obtener una reparación. Esta situación ya no es sostenible”, añadió.

El Consejo de Europa es una organización internacional con sede en Estrasburgo, que cuenta con 46 Estados miembros, 27 de los cuales son también miembros de la Unión Europea (UE).

La Comisaria subrayó que en la UE se calcula que “el 2% de las personas LGTBI padecieron este tipo de prácticas y 5% se vieron proponer una conversión, pero las cifras reales podrían ser mucho más elevadas”.

Estas supuestas terapias pueden provocar depresiones, ansiedad, odio a sí mismo y pensamientos suicidas, recordó.

En el informe, Mijatovic también insistió en que la prohibición de este tipo de prácticas es una “tendencia reciente” en Europa.

La isla de Malta fue el primer país europeo en prohibirlas en 2016. Alemania, España, Grecia, Albania o Francia tratan de poner freno a estas terapias y existen proyectos para prohibirlas en varios países.

Aunque reconoce los esfuerzos emprendidos, Mijatovic invitó a los Estados miembros a adoptar un “enfoque fundado en los derechos humanos para eliminar estas prácticas”.

La comisaria también pide que se establezcan “prohibiciones precisas y aplicables” para enviar una “señal fuerte a la sociedad” y permitir que se juzgue a los autores de estas prácticas.

En un informe que abarca de enero de 2023 a abril de 2024, Ilga World destacó que aunque en algunos lugares del mundo hay avances en los derechos de las personas LGTB+, esto a menudo ha sido acompañado de una resistencia.

“Hay una oposición implacable que socava los avances logrados en materia de igualdad de derechos” para la comunidad LGTB+, apuntó la organización.

Dhia Rezki Rohaizad, uno de los autores del informe de Ilga World, denunció en un comunicado “un alarmante aumento de las restricciones a la libertad de expresión y asociación”, que se traduce en censura, detenciones y persecución.

La oenegé celebró una tendencia mundial hacia la despenalización, pero señaló que en gran parte de África y en ciertas zonas de Asia hay una “regresión inquietante”.

En los últimos 16 meses, países como Jordania, Kirguistán y Uganda han aplicado normas contra la “promoción” de la homosexualidad y Rusia calificó de “extremista” al “movimiento internacional LGTB”.

Al menos 59 Estados miembros de la ONU tienen leyes, normas y reglamentos que prohíben formas de expresión relacionadas con cuestiones de diversidad sexual y de género.

“Incluso hablar de nuestras vidas en público resulta cada vez más difícil en un número creciente de Estados”, afirmó Julia Ehrt, directora ejecutiva de Ilga World.

“Esta tendencia es extremadamente preocupante: la historia nos ha demostrado en múltiples ocasiones que los avances que nuestros movimientos han logrado en todo el mundo están a menudo a sólo unas elecciones o a una crisis de ser revertidos”, indicó Ehrt.

La oenegé contabilizó que hay 62 Estados que criminalizan los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo y que en Arabia Saudita, Brunéi, Mauritania, Irán, varias provincias de Nigeria, Uganda, y Yemen, estas relaciones pueden ser castigadas con la pena de muerte.

En otros cinco países -- Afganistán, Pakistán, Catar, Somalia y los Emiratos Árabes Unidos --, las personas que realizan actos sexuales con personas del mismo sexo no cuentan con “plena seguridad jurídica” de no ser castigados con la pena capital.

“Tuvimos constancia de la aplicación activa de formas extremas de pena de muerte en Afganistán y en Yemen”, denunció la oenegé.

- Avances contra las “terapias de conversión” -

La oenegé destacó que hay un aumento de los Estados que han adoptado normativas contra las “terapias de conversión” y 16 países las prohíben a escala nacional, incluyendo Bélgica, México, Portugal y España, pero que en África la idea de usar tratamientos para “readaptar” a las personas LGTB+ se está extendiendo, mientras que en Malasia hay programas públicos con este fin.

Ilga World destacó que, pese a los retrocesos, cinco Estados miembros de la ONU han adoptado el reconocimiento legal del género basado en el principio de la autoidentificación: Ecuador, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda y España, además del estado de Yucatán en México.

Otro avance destacado es que nueve Estados cuentan ahora con garantías a nivel nacional contra las intervenciones innecesarias y no consentidas a menores intersex y que Chile, España y jurisdicciones como el Territorio de la Capital Australiana y las Islas Baleares, en España, se han unido a la lista.

Y además Ilga World celebró que ya hay 35 Estados que reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo, con las reformas en Andorra, Estonia, Grecia y Eslovenia, y que Bolivia y Letonia legalizaron las uniones civiles.

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AFP / Esther Sánchez

Ronaldo, que ronda los 40, ha encontrado en la prostitución su medio de supervivencia en la tentacular urbe, de más de 12 millones de habitantes. Conoce a “Baby”, un chico de 18 años que acaba de salir de un centro de detención, y enseguida surge una fuerte atracción entre ellos.

“Baby”, que ha perdido el contacto con sus padres, ve en este hombre una protección y un guía para iniciarse en el mundo de la prostitución. Juntos recorren las calles de Sao Paulo y se sumergen en su bullicio pero también en sus zonas más turbias.

Entre ellos se teje una relación compleja, que oscila entre el amor, el trabajo y la protección.

“Todas las formas de explicarla [la relación] en una palabra sería reducirla. Se puede llamar una relación amorosa o una relación de trabajo, son todas esas cosas. La complejidad de esta relación y de estos personajes viene de eso”, dice a la AFP Caetano.

“La gente vive en un momento con una sed muy grande de categorización, de colocar todo en cajas, de definir bastante las cosas. Mi idea era hacer un filme que es más para confundir que para esclarecer”, añade.

Para encontrar a sus protagonistas, el cineasta hizo un casting abierto, con anuncios en internet, en lo que considera “un acto político”, que le permite convocar a todos los intérpretes posibles para que tengan la oportunidad de mostrar su talento y trabajar con personas que están fuera del circuito de actores más conocidos.

“POLARIZACIÓN”

Es el caso de Joao Pedro Mariano, que con el papel de “Baby” da sus primeros pasos en el mundo del cine.

Para preparar el personaje, el actor de 21 años estuvo varias veces en un centro de detención de menores para comprender mejor el sentimiento de esos jóvenes encerrados y también se impregnó de la vida en Sao Paulo.

“Viví en el centro de Sao Paulo, donde conocí a esas personas, intercambié mucho, caminé mucho” por la ciudad, explica Mariano, cuyo personaje se hace amigo de unos jóvenes LGTB que viven en la calle haciendo espectáculos.

“Tuve ese honor de tener un trabajo basado mucho en la investigación para entender al personaje y entender esos sufrimientos”, agrega.

Caetano empezó a pensar en “Baby” hace seis años y creó al protagonista a partir de muchas entrevistas con jóvenes LGTB sin techo.

Pero la película cambió mucho en esos seis años de escritura.

“Tuvimos un gobierno de Bolsonaro, tuvimos una serie de cuestiones muy tensas en Brasil, una polarización muy fuerte y una violencia cada vez más grande contra los cuerpos LGTB, los negros, las mujeres”, recuerda el director, en unas circunstancias que le llevaron a ir modificando el guión.

El cineasta lleva 15 años filmando en Sao Paulo, una ciudad que atrae a miles de personas en busca de una vida mejor, y se interesa sobre todo en los que viven literalmente en la calle.

“Soy un enamorado de Sao Paulo, uno de los raros”, bromea.

“Me gusta imaginar el mapa de la ciudad como el mapa de un cuerpo. Tiene ojos, tiene un corazón pero también tiene cicatrices”, dice el director, cuyo anterior filme “Corpo elétrico” ya estaba ambientado ahí.

Para él, esta gigantesca ciudad “tiene una generosidad dentro de todo ese anonimato, de tanta confusión [...]. Siempre va a encontrar alguna cosa para usted, aunque no será lo que imaginaba, no será lo que esperaba, pero se verá sorprendido por algo que no sabía que quería”, explica. “Para mí, narrativamente, es muy interesante”.

“Baby” forma parte de la Semana de la Crítica, una sección paralela del Festival de Cannes. Es candidata al premio Queer Palm, centrado en los filmes de temática LGBT.

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La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

© Agence France-Presse